Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencial de Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó, en medio de la investigación que cursa en su contra por presuntas irregularidades en un contrato para comprar elementos de bioseguridad.
Hace dos semanas, la Fiscalía le imputó al gobernador cargos por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, en relación con el suministro de los elementos de bioseguridad en el departamento. El gobernador no aceptó cargos.
De acuerdo con el ente acusador, “el material de prueba da cuenta de posibles falsedades y falta de idoneidad del contratista seleccionado”.
En 2020, el gobernador declaró la urgencia manifiesta en el departamento mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, “para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por la covid-19”.
Al amparo del acto administrativo, explicó la Fiscalía, la Gobernación celebró “de manera directa” el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220’375.148. En dicho contrato el ente acusador encontró irregularidades como: “Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”.
Palacios Calderón, además, no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, como la publicación oportuna del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
Así mismo, el ente acusador conoció que el mandatario no remitió a la Contraloría el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente. “Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación”, explicó la entidad.
Además de esta detención domiciliaria, los magistrados que llevan el caso ordenaron la separación del funcionario de su cargo.
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