El presidente Iván Duque anunció ayer que a partir del 1 de julio arrancará un programa de generación de empleo para subsidiar el 25 % del salario mínimo legal mensual, que según señaló, equivale a cubrir los costos de seguridad social para que las empresas contraten jóvenes de entre 18 y 28 años, subsidio que se extenderá por un año.
También informó que dio “instrucciones a todos los niveles de la Fuerza Pública para que en los territorios, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional” para despejar las vías que sean bloqueadas en medio de las protestas.
El Alto Consejero para la Paz, Miguel Ceballos, había anunciado que el presidente convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, prevista en el decretó 003 de 2021 “creada como fruto del cumplimiento de la tutela emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca”.
Según lo esbozado, esta mesa tiene entre sus objetivos proponer mecanismos de diálogo entre la Policía y la ciudadanía en el marco del derecho a la manifestación. Allí tendrán lugar por parte de la institucionalidad del Estado el Ministerio del Interior, Mindefensa, la dirección de la Policía, la Unidad Nacional de Protección, la consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
De otro lado, se sentarán allí tres delegados de las plataformas de derechos humanos del país y tres delegados de las organizaciones sociales que convocan la manifestación, aunque podrían ser más los participantes porque, de acuerdo con Ceballos, el decreto 003 así lo permite.
El anuncio es parte de la respuesta del Gobierno a los prerrequisitos que solicitó el Comité del Paro el domingo, durante el primer encuentro entre las partes, para instalar la mesa de negociación.
En dicho documento presentado, el Comité pide al Ejecutivo "abstenerse de adoptar cualquier medida que, de tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior".
Igualmente solicita que sean retirados el Ejército y el Esmad del control de las protestas, así como instó a que se ordene a la Policía que no utilice armas de fuego y "otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas".
También pidió al presidente Iván Duque condenar "de manera explícita y contundente" los abusos de la Policía, además de reconocer "que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública".
Igualmente solicitan al ministro de Defensa, Diego Molano, pedir disculpas "por el uso excesivo de la fuerza cometidas por el Esmad y la fuerza pública en el marco de las protestas", cuya consecuencia debe ser el retiro "del servicio los mandos de la fuerza pública comprometidos en estos abusos".
Otra de las peticiones es que el Gobierno acepte "el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales".
El ambiente sigue tenso
En medio del lento acercamiento entre Gobierno y Comité del Paro, varias zonas del país presentaron graves alteraciones de orden público durante el fin de semana. La situación más crítica se presentó en la noche del domingo en Yumbo, específicamente en el barrio La Estancia, donde enfrentamientos entre Fuerza Pública y manifestantes dejaron un saldo de un muerto por arma de fuego y 16 heridos.
El alcalde del municipio, Jhon Jairo Santamaría, señaló que los disturbios comenzaron porque algunas personas trataron de vandalizar un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el barrio La Estancia, lo que provocó enfrentamientos entre ciudadanos y derivó en la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
“Ahí surgió esa reacción, ese choque entre la comunidad que era lo que habíamos querido evitar (...)”, agregó Santamaría. Todo eso, señaló el alcalde, sucedió cuando las autoridades locales y representantes de los manifestantes organizaban “mesas de diálogo, de conversación” para solucionar la crisis social. "Llama la atención que veníamos conversando con muchos de los líderes, los taxistas, las JAC, con las personas que están en esos puntos de encuentro... ya teníamos pactada una reunión este lunes a las 9:00 a.m. en el coliseo de la 6 con 6, y a pocas horas sale una situación de esto. Yo creo que es delicado y hay que revisar”.
En Neiva también se reportaron disturbios en la madrugada del lunes, que terminaron con el incendio de la alcaldía municipal y daños en la casa de la Justicia.
En cuanto a Antioquia, ayer el ingreso al Valle de Aburrá presentó bloqueos intermitentes por el Sur, con cierres en la Variante de Caldas, a la altura del puente sobre el río La Miel; al Occidente, con obstaculización de las dos calzadas que conectan a Medellín con el Túnel de Occidente. En tanto que la vía Las Palmas y la glorieta de Niquía tuvieron cierres con paso controlado.
En total, durante todo el puente festivo, Invías reportó 86 vías principales del país, cinco secundarias y una terciaria con afectación en su movilidad a causa de 46 bloqueos y 46 concentraciones.
Nuevas movilizaciones
Entre tanto, Ibagué y Medellín recibieron ayer nutridas delegaciones de comunidades indígenas que llegaron hasta las respectivas ciudades para adelantar diálogos con las autoridades y el Gobierno.
A Ibagué llegaron 2.500 integrantes del Consejo Regional Indígena del Tolima. En cuanto a la capital antioqueña, ayer recibió a la minga conformada por los cinco pueblos indígenas de Antioquia que buscan reunirse con la Gobernación, Alcaldía de Medellín y el Ministerio del Interior, además de acompañar las manifestaciones que se realizarán.
“Invitamos a la ciudadanía de Medellín y el Área Metropolitana a no caer en la desinformación: la Minga Indígena de Antioquia que estará esta semana en Medellín solo tiene el propósito de manifestarse pacíficamente y exigir al gobierno Nacional y Departamental la atención de la agenda de los pueblos indígenas”, escribió Juvenal Arrieta, exconsejero indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, precisó que la alcaldía dispuso a la Gerencia de Etnias, Secretaría de la NoViolencia y Policía Metropolitana para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas y de paso rechazó las intimidaciones de las que fueron víctimas a través de redes sociales.
El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez también le dio la bienvenida a la minga que se movilizará hoy en la ciudad
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casos abiertos por desaparecidos en protestas, reportó la Fiscalía.
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