El presidente Juan Manuel Santos le ordenó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia preparar, con la mayor agilidad posible, un decreto que permita declarar la emergencia económica en la frontera con Venezuela. El cierre ha generado complicaciones en la exportaciones. Según el Ministerio de Transporte, 200.000 toneladas de carbón están represadas, lo que ha afectado el comercio y los ingresos de cerca de 7.000 familias.
El presidente dio la orden durante el Consejo de Ministros que adelantó ayer en Cúcuta. Además del decreto, el Gobierno anunció la apertura de una línea de crédito con Bancóldex por 80.000 millones de pesos para apoyar a los empresarios afectados. Santos también invitó a los colombianos a donar, a través de la cuenta 021666888 de Davivienda, a nombre de Colombia Unida.
Los recursos serán invertidos en ayudas para las 3.227 personas que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), se encuentran en los albergues de Norte de Santander. El Gobierno se comprometió a brindarles trabajo a 953 personas antes de finalizar la semana. Hasta el momento han sido contratadas 163. La cifra de deportados podría aumentar, teniendo en cuenta que, según la Cancillería, Venezuela ya está deportando personas desde Caracas. En Arauca registraron 59 casos.
Laberinto diplomático
Con el camino bloqueado en la OEA, el Gobierno se la está jugando por una ofensiva diplomática ante la ONU. La canciller María Ángela Holguín confirmó que se reunirá con el secretario general de esta organización, Ban ki Moon, la próxima semana. El objetivo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Penal Internacional conozcan la crisis humanitaria en la frontera: “Voy a mostrarles lo que ha pasado. ¿Cómo puede ser posible que en este siglo después de lo que la humanidad ha vivido, la gente pueda tener angustia de que un país le va a quitar a sus hijos?, eso no puede ser”, dijo Holguín. Si es necesario, el Gobierno entablará denuncia penal ante la Corte contra la cúpula civil y militar de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
Mientras Holguín intenta llamar la atención en la ONU, el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, busca que la OEA conozca la situación humanitaria. Ayer se reunió en Washington con Luis Almagro, secretario general de la organización: “Estuve con él por unos 40 minutos y le expliqué lo que está pasando en la ciudad. Le dije que se requiere el respaldo de esa organización para enfrentar esta crisis humanitaria”. Almagro visitará la frontera el próximo sábado. La siguiente tarea del alcalde será instaurar una demanda contra el presidente Nicolás Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Cidh , hasta el momento, se ha mostrado de acuerdo con el Gobierno Santos. Ante diferentes medios de comunicación, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, dijo que la Comisión le ha pedido a Venezuela “detener las deportaciones arbitrarias”. No se han garantizado, señaló, los derechos humanos para los deportados. La Comisión también ha llamado la atención por los principios de unidad familiar, los cuales el Gobierno venezolano habría irrespetado.
Que el conflicto se resuelva en la Unasur parece poco probable. Con la reunión de cancilleres cancelada, el organismo emitió un comunicado invitando a los presidentes a resolver las diferencias en una reunión bilateral. El expresidente y secretario de Unasur, Ernesto Samper, propuso la reunión para el próximo domingo, en conmemoración al bicentenario de la publicación de la Carta de Jamaica.
La salida que propuso Samper es, según expertos, la más viable. Según Mauricio Reyes, experto en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, “la estrategia diplomática del Gobierno no ha sido adecuada. Es poco probable que prospere la denuncia ante la Corte Penal Internacional, porque estas denuncias se aplican en los conflictos armados, no en incidentes fronterizos. El problema es de una violación de derechos humanos a los colombianos, y en ese sentido la Cidh puede proceder”. Sobre una eventual reunión entre ambos presidentes, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, dijo que “es la mejor opción para vencer las irritaciones”.
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contratos de arrendamiento se han suscrito con los deportados.
