Cerrar siete meses los 1,1 kilómetros de Playa Blanca para proteger la anidación de las tortugas carey, la cual está en peligro crítico de extinción, se convirtió en un tire y afloje entre las comunidades, la Alcaldía de Cartagena y el Ministerio de Ambiente. ¿La razón? el impacto económico y social de una medida, que, según los lugareños, requiere consulta previa.
Para entender la importancia de esta decisión hay que saber que, entre enero y abril de este año, 197.246 visitantes llegaron a Playa Blanca, según información del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Es decir, casi 1.500 personas diarias visitan esta playa Caribe, a solo una hora de Cartagena.
Es más, un fin de semana cualquiera el reporte sube a 5.000 y en temporada alta 8.000 turistas disfrutan del lugar. De acuerdo con Parques Nacionales la capacidad de carga del lugar es menor a 3.124 personas. Sí, es un paraíso sobrepoblado del que, según la empresa Aseo Urbano de la Costa, se recogen hasta 70 toneladas de basuras en un fin de semana.
Además, la temporada de anidación de la tortuga coincide con la época de lluvias entre mayo y noviembre, con un pico entre junio y agosto.
Estas fueron algunas de las razones por las que el Ministerio, a través de la resolución 0774, del 10 de mayo de 2018, decidió cerrar la playa. Ahí empezaron los reclamos.
El que más duro levantó la voz fue el alcalde, hoy destituido, Antonio Quinto Guerra, quien el 15 de mayo le dijo a El Heraldo que no estaba de acuerdo con la decisión. “Esta administración se opone rotundamente a que el Ministerio cierre Playa Blanca, contrariando el mínimo vital al que tienen derecho los ancestrales que trabajan en esa zona”, dijo.
Sin embargo, el alcalde le bajó a la polémica y justo la semana pasada, luego de una reunión con el Ministerio, dijo: “Queremos que una vez se aplique la medida, no genere traumatismos, tanto para el turista como para los nativos”, señaló el alcalde y agregó que se identificarán las personas que resulten impactadas durante el tiempo de anidación de la tortuga, “para que así podamos garantizarles condiciones de vida digna, puesto que en la zona viven cerca de 450 personas que realizan actividades de operarios turísticos, por eso no queremos afectar su mínimo vital”.
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha dejado claro que las comunidades harán parte del procedimiento del cierre de la playa porque van a aportar el conocimiento que tienen de la zona y, con el tiempo, se van a convertir en protectores de esta especie.
Sin embargo, esto no parece ser claro ya que a través de una tutela un ciudadano reclama la vulneración de derechos al debido proceso, a la consulta previa, abierta e informada, al trabajo y a un mínimo vital.
La acción fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, por José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, y en ella solicita que para evitar un “perjuicio irremediable” la anulación de la resolución 0774. Miranda le ha dicho a El Universal que no se oponen a la medida, ya que quieren la conservación de las tortugas, pero que no están de acuerdo en que no los hayan involucrado en el proceso del cierre, “nosotros somos los principales perjudicados”.
