La polémica generada por la liberación de los 230 integrantes de la Primera Línea, a los que el Gobierno del presidente Gustavo Petro les dará el beneficio de la libertad a pesar de los delitos por los que se les investiga, suscitó una nueva aclaración del ministro del Interior, Alfonso Prada.
Prada, encargado de gestionar el perdón social a los manifestantes que protagonizaron el Paro Nacional de 2021, reiteró que las liberaciones no significan el fin de los procesos judiciales que hay contra estas personas.
“No es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenden”, aseguró el ministro y portavoz del Palacio.
El Ejecutivo conformó una comisión de alto nivel integrada por los ministros del Interior, de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz para revisar los casos particulares de las 230 personas que podrían ser beneficiadas con el perdón social de Navidad.
Esa determinación se tomó tras una reunión entre los ministerios de Justicia, del Interior y la Consejería de la Juventud para revisar la reglamentación del decreto que pedirá la libertad de los integrantes de la primera línea.
El plan de acción de Petro es que, una vez se estudien los casos, será la Presidencia de la República la que solicite la libertad de estas personas a la Fiscalía. Eso sí, el ministro hizo la aclaración de que si esos presuntos vándalos vuelven a cometer delitos, perderán el beneficio que les otorgó la administración.
Para este lunes estaba programada una reunión entre la Presidencia y la Fiscalía, pero esta se canceló porque el fiscal Francisco Barbosa alegó problemas de salud. Petro tendrá que coordinar esas liberaciones con el ente acusador, que es la que tiene a su cargo los procesos de personas señaladas por presunta tortura y asesinatos.
Entre esas 230 personas hay jóvenes que fueron capturados en el marco de la protesta socia y su misión es aportar a “la paz total y a la conflictividad en el territorio”, en palabras del ministro Prada. Ese número, sin embargo, se definirá con el decreto que lo reglamente. El Gobierno dice que también se revisarán casos de integrantes de la Fuerza Pública.
