Como cada 2 de noviembre desde 2013, la Unesco conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que en Colombia tiene un fuerte ingrediente rural.
El mejor ejemplo de este fenómeno sigue siendo el de Luis Carlos Cervantes, el llamado “periodista más amenazado del país”, al que le retiraron el esquema de protección el 24 de julio de 2014 y, menos de un mes después, el 12 de agosto, fue emboscado y baleado por sicarios del Clan del Golfo que lo asesinaron en zona rural de Tarazá, Antioquia.
En junio pasado, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín encontró culpable a la Unidad Nacional de Protección, UNP, de haberlo desprotegido, tras analizar su situación de riesgo.
En los documentos del expediente exponen que producto de las amenazas, el comunicador había dejado de dar noticias y por tanto, erróneamente se consideró que como no ejercía más el oficio, no tenía más el nivel de riesgo.
En las pruebas del juez reposa el hecho de que Cervantes advirtió que lo iban a matar solo tres días antes de que le retiraran el esquema.
Como esta, hay varias historias de amenazas en toda la Colombia rural.
Las últimas cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, indican que los ataques contra los periodistas no han parado de subir desde 2011. De ese año al 2014, hubo 556 ataques, 286 amenazas y 358 víctimas, mientras que el siguiente periodo, entre 2015 y 2018, los ataques pasaron a ser 1.052, las amenazas 457 y las víctimas 570.
Se trata de “una situación desafortunada que se presente ante periodistas de amplio reconocimiento y sobre todo con los valientes periodistas de las regiones que son quienes se encuentran en verdaderos estados de indefensión, incluso sin capacidad de denuncia ante las autoridades”, recalcó Werner Zitzmann, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información, Ami.
Según reportó la Flip, en 388 de los 1.101 municipios del país hoy no cuentan con medios de comunicación propios que produzcan noticias locales por causa de los entornos de intimidación que sufren los periodistas. Hay que anotar que esta cifra sale del análisis de 662 poblaciones, por lo que el registro real podría ser mucho mayor.
Pedro Vaca, director de este ente, explicó que “los impactos de las violencias contra ellos son más contundentes”.
Como ejemplo puso las consecuencias del paro armado en Catatumbo, en abril de este año: “se silenciaron emisoras, se desplazaron periodistas y el problema es que en esos contextos, donde hay pocos periodistas, las agresiones implican casi un silenciamiento. Aparte, la presencia del Estado es precaria y uno nota que mientras que la UNP puede responder en horas a periodistas nacionales, en lo rural, tardan incluso meses”.
