A partir de hoy, y en vista de que el Congreso solo sesiona de lunes a jueves, le quedan 20 días de vida al fast track o vía rápida, el mecanismo que reduce a la mitad el trámite de las iniciativas relacionados con la implementación del Acuerdo entre Gobierno y las Farc.
Si la plenaria de Cámara le da luz verde esta semana, en una semana llegaría al Senado. Le asignan ponente para tercer debate y, mientras eso ocurre, podría pasar otra semana. Si el milagro se da, a finales de noviembre podría ser aprobada por la plenaria.
Para que este cronograma se cumpla tendría que aprobarse “a pupitrazo limpio, a última hora”, según explicó Beatriz Franco, experta en procesos electorales de la U. del Rosario. “Eso implica que no haya la discusión suficiente”.
Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la U. del Rosario, dijo que lo que más enreda la reforma es que el Congreso está reacio a un cambio de reglas del juego a tres semanas de inscripciones. Por eso Rodrigo Lara (Cambio Radical), presidente de la Cámara, la califica de “madurada”:
¿Podría aplazarse?
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, le dijo a EL COLOMBIANO que la reforma política “tiene que pasar” y que confía en las mayorías que aún conservan.
No obstante, Elizabeth Ungar, quien coordinó la Misión Electoral Especial (MEE), comité creado por instrucción del Acuerdo para construir la propuesta de reforma, precisó que hay muy poca probabilidad de que este proyecto pase y, si se aprueba a “pedacitos, el remedio puede resultar peor que la enfermedad”.
Jaime Carrión, docente del área de Partidos Políticos en la U. Nacional, no cree que la reforma pase por fast track, porque ha tenido cambios que se apartan de lo que se acordó en La Habana y porque es traumático avanzar en campaña. “Es posible continuar con esta reforma después de elecciones, a través de un acto legislativo, por vía ordinaria. La ciudadanía organizada y no solamente los partidos deberían ser protagonistas”.
Los efectos de la demora
Más que preocuparse por lo qué es más conveniente para que el sistema sea más transparente, los actores políticos están más pendientes de cómo los afecta.
En vista de esta ley no estará lista para este 13 de noviembre, cuando inicia la inscripción de candidatos al Congreso, lo que se apruebe no tendría efectos para 2018. Así las cosas, los partidos o movimientos minoritarios no podrían presentar listas en coalición y correrían el riesgo de perder la personería por no alcanzar el umbral de 3 %.
Alejandra Barrios, directora la Misión de Observación Electoral (MOE), lamentó que el país se esté perdiendo la oportunidad de darle autonomía, independencia e imparcialidad al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Ni la nominación, ni la elección de los miembros del CNE debe quedar en manos del Congreso”.
Las listas cerradas, que buscan abaratar los costos de las campañas y fortalecer los partidos, tampoco entrarían en vigencia el próximo año. En el mejor de los casos el Congreso terminará haciendo una reforma a largo plazo, para otros, algo que ya no revestiría interés y que en el futuro también podrían modificar.
