“Será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones”, ese es el mensaje que emitió el presidente Gustavo Petro faltando menos de un año para las elecciones de 2026, que decidirán quién será el próximo presidente de la República y los congresistas que lo acompañarán. Sus declaraciones no solo abren la herida de una promesa que podría romperse (“no convocaré una constituyente”, decía en 2022), sino que también son una nueva afrenta a las ramas del poder en Colombia.
Según el Presidente, aquella papeleta buscaría “que el próximo gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, poniendo en tela de juicio los procesos democráticos que se gestan en el Legislativo, una rama del poder que le ha respondido positivamente: aprobaron su reforma a la justicia y la reforma laboral.
Le puede interesar: El atajo de Petro para convocar una asamblea “popular” constituyente, ¿qué sigue?
¿Constituyente?
Frente a la propuesta de incluir una papeleta en las próximas elecciones, expertos han hecho énfasis en que atraviesa zonas grises de la legalidad, puesto que una Asamblea Nacional Constituyente requiere el aval del Congreso antes de ser convocada. En ese sentido, el abogado constitucionalista y exasesor jurídico del Congreso Andrés Úsuga le aseguró a EL COLOMBIANO que “si él quiere reformar la Constitución, las reglas son muy claras para esa modificación y están del artículo 374 al artículo 380”.
Esto pone sobre la mesa una irregularidad en la propuesta del jefe de Estado, puesto que la ley establece que, en caso de que el Congreso apruebe una constituyente, esta debe realizarse en un proceso democrático individual. Es decir: mezclar la papeleta con las elecciones presidenciales y legislativas representa una carga y una posible confusión para el electorado.
Sobre este proceso, Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, también habló con EL COLOMBIANO al respecto, y aseguró: “En caso de incluirse, la papeleta solo tendría un valor pedagógico o político, porque no sería vinculante ni obligaría a convocar a una asamblea. Además, supondría un alto costo: habría que imprimir 40 millones de ellas y transportarlas”.
Afrentas y deslegitimizaciones
Reconocer la legitimidad constitucional y autonomía de las instituciones es crucial para cimentar las bases del Estado de derecho. Sin embargo, el presidente Petro ha cuestionado a las mismas en varias ocasiones. Recientemente, lo hizo en el marco de la propuesta de una consulta popular. Primero, el Congreso desaprobó la iniciativa y desarchivó la reforma laboral que había propuesto el Gobierno Nacional. Ante esto, el oficialismo respondió asegurando que haría la consulta por medio de un decreto, un movimiento que, al igual que la propuesta de la papeleta, fue calificado como inconstitucional, puesto que también requería un aval previo del Legislativo.
En medio de aquella discusión, el mandatario aseguró que los miembros del Congreso eran unos “HP” y repitió en varios discursos que el Legislativo no iba “con los intereses del pueblo”.
Al respecto, Úsuga dice que “es importante que el Presidente recuerde que el pueblo no solo son los que están de acuerdo con él y sus posturas, el pueblo es todo el mundo: la oposición, las altas Cortes, los congresistas”.
Los cuestionamientos a quienes piensan distinto al mandatario se trasladan incluso a su propio gabinete. Cuando puso sobre la mesa el Decreto 0639 de 2025, el que daría trámite a la consulta, aseguró: “Ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”, quitando la posibilidad de discernir con él.
Además, aquel decreto también ponía presión sobre el registrador general, Hernán Penagos, quien debía tomar una decisión sobre acatarlo o no. Al final, no lo hizo, asegurando que se ceñía a la Constitución, por lo que debían ser las altas Cortes quienes decidieran si la consulta iba y si el decreto era constitucional.
Frente a esto, Penagos aseguró, en entrevista con El Tiempo, que “la Registraduría y el registrador no están tomando partido a favor de nadie” y que el papel de la entidad no es solo operativo.
Al respecto, Portela le dijo a este diario que los constantes cuestionamientos del presidente Petro no son algo meramente político, sino que afectan los procesos electorales, incluidas las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.
“El propio jefe de Estado está deslegitimando la democracia colombiana, está minando la credibilidad. Eso puede hacer que cualquier persona se sienta en capacidad de cuestionar el resultado de las elecciones y todo eso junto es un cóctel peligroso”, explicó el exregistrador, e insistió, al igual que Penagos, en que el papel de la Registraduría no es algo simplemente operativo, sino que debe garantizar la transparencia de los comicios sin importar las presiones de ningún tipo.
Seguridad y violencia
Pasaron más de dos semanas desde que el senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado que lo mantiene luchando por su vida en una UCI de la clínica Fundación Santa Fe. Este acto de violencia no solo desató un llamado a desescalar el lenguaje en el escenario político, sino que también puso en pausa varias campañas electorales: el Centro Democrático no las realizará hasta no obtener garantías de seguridad, y varios candidatos independientes han decidido posponer su inscripción por firmas ante la Registraduría.
Este no es un hecho menor. Según Portela, el miedo a la inseguridad podría desatar una lejanía entre los candidatos y la ciudadanía: “Esto no es algo nuevo, pasó en los 80-90, cuando muchos candidatos y jurados renunciaron al proceso electoral por el miedo a ser asesinados. Lo que desata es que muchos candidatos no irán a municipios aislados por temor y las campañas querían rezagadas a las grandes ciudades”, dijo. Y agregó que esto causaría resultados distorsionados, puesto que no habría contacto entre el electorado y los políticos más allá de las redes sociales. Es decir, no habría reconocimiento del país y sus necesidades.
Además, la inseguridad electoral no solo se limita a lo ocurrido con el precandidato del Centro Democrático en Bogotá. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), en 2024 hubo 206 acciones letales (atentados y asesinatos) contra políticos, precandidatos y líderes sociales, convirtiendo el año pasado en uno de los tres más violentos desde 2016. Sin embargo, la estadística total es de 492 ataques contra actores políticos, clasificados de la siguiente manera: 60,94 % (142) fueron amenazas, 15,88 % (37) asesinatos, de los cuales, 14,59 % (34) atentados, 7,73 % (18) secuestros y 0,43 % (1) desaparición.
No solo eso, la MOE también identificó que los periodos más altos de violencia de los últimos 20 años siempre coinciden con los meses anteriores a las elecciones presidenciales, poniendo sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno priorice atender el problema de inseguridad en estas épocas, sobre todo en municipios donde actúan grupos armados ilegales, como los de Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
492
ataques van contra actores políticos en 2024, incluidos amenazas y atentados.
