Todo parece indicar que la estrategia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para llegar “fuerte” al cese al fuego le terminó jugando en contra. Luego de que asesinaran a tres policías y secuestraran a una sargento junto a sus dos hijos a escasas horas de arrancar con el mecanismo, el Gobierno trazó una línea roja que les prohibe realizar cualquier tipo de retención durante los meses que funcione el cese al fuego.
Se trata de una condición explícita que firmaron ambas partes y que indica que, estando en vigor el cese bilateral, se entenderá como una violación a los acuerdos secuestrar a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas o de la población civil.
Pese a que era apenas obvio que esa condición existiera, el Gobierno había sido “blando”, por llamarlo de algún modo, con exigir la liberación de la sargento Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad.
Tanto así, que el presidente Gustavo Petro solo se limitó a hablar del tema cuando fueron dejados en libertad, el pasado viernes.
Sin embargo, esta nueva exigencia demuestra que el secuestro sí incomodó a la Mesa y que era necesario dejar ese precedente para blindar las negociaciones frente al accionar del grupo ilegal.
De hecho, esos Protocolos de Acciones Específicas, como fueron bautizados en el decreto del cese, también establecen que ambas partes cumplirán a cabalidad con los convenios de Ginebra, un manual que les impide al Ejército y a la guerrilla cometer homicidios, toma de rehenes, violaciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, entre otros.
ELN reconoce 31 ataques
Lo cierto es que, aún con ese avance que implica no secuestrar más, el ELN se mostró orgulloso de los últimos delitos que alcanzó a cometer antes de arrancar con el cese.
A través de un comunicado, la guerrilla se atribuyó el atentado con explosivos a las afueras de una estación de Policía de Bucaramanga y otros 30 ataques perpetrados en varias zonas del país como motivo de su aniversario fundacional número 59.
Además de ese ataque contra la Fuerza Pública, en el que no hubo heridos, el grupo armado también se responsabilizó del atentado con explosivos a la oficina de tránsito en Villa del Rosario, Cúcuta, y de los disturbios en los campos El Llanito y la Cira Infantas, de Ecopetrol, ocurridos en Barrancabermeja el 3 de julio.
Con todo esto, se espera que ambas delegaciones superen la etapa “pedagógica” y arranquen el cese bilateral con los mecanismos de verificación a partir del 3 de agosto.
