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Publicado el 03 de octubre de 2021
Desde dos lujosas propiedades en Antioquia, que en el mercado inmobiliario están avaluadas por encima de los 1.500 millones de pesos cada una, se gestó parte de la trama corrupta que se incubó en un contrato de $1,2 billones y que firmó el Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados.
Desde allí, según confirmó EL COLOMBIANO, Emilio José Tapia Aldana –cerebro del tristemente célebre carrusel de la contratación de Bogotá– urdió maniobras ilegales para quedarse con la ejecución del contrato con el que se quiere llevar internet rural a 16 departamentos y que, tras desatarse el escándalo judicial, terminó costándole la cabeza a la exministra Karen Abudinen.
Este diario revisó los más de 1.000 folios que son la piedra angular de la...
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