Desde dos lujosas propiedades en Antioquia, que en el mercado inmobiliario están avaluadas por encima de los 1.500 millones de pesos cada una, se gestó parte de la trama corrupta que se incubó en un contrato de $1,2 billones y que firmó el Ministerio de las TIC con la Unión Temporal Centros Poblados.
Desde allí, según confirmó EL COLOMBIANO, Emilio José Tapia Aldana –cerebro del tristemente célebre carrusel de la contratación de Bogotá– urdió maniobras ilegales para quedarse con la ejecución del contrato con el que se quiere llevar internet rural a 16 departamentos y que, tras desatarse el escándalo judicial, terminó costándole la cabeza a la exministra Karen Abudinen.
Este diario revisó los más de 1.000 folios que son la piedra angular de la investigación por la que Tapia fue capturado el 20 de septiembre en una clínica de Barranquilla, y encontró que una de las sedes desde donde maquinó la estrategia corrupta era una finca de Llanogrande, zona de Rionegro que está a 40 minutos en carro del centro de Medellín.
La huella que dejó Tapia llevó a investigadores de la Fiscalía hasta un condominio de fincas conocido como El Tablazo, donde el condenado empresario cordobés –quien en 27 días cumple 45 años– se reunía con los que la justicia considera son los cómplices con los que logró maniobrar irregularmente para quedarse con un anticipo de $70.000 millones del erario que están en riesgo de perderse.
EL COLOMBIANO corroboró que el 1 de mayo pasado se registró una cita clave en esta finca de El Tablazo entre Tapia, el también capturado Juan José Laverde (de Rave Seguros, cuya sede está en Medellín), y quien ahora es testigo clave para la Fiscalía: Jorge Alfonso Molina García Mayorga (intermediario para la expedición de la garantía falsa que detonó definitivamente el escándalo).
En la mañana de ese sábado, vía Whatsapp, le llegó a Molina García la ubicación del predio desde el celular de Laverde, quien –según el testigo– lo citó allí con el fin de hablar con Tapia y buscar alternativas para librarse de una polémica que en ese momento ya había generado la salida de funcionarios del MinTIC.
“El primero de mayo de este año (2021), me cita Juan José Laverde a una casa de Emilio Tapia en Rionegro, Antioquia, en un condominio llamado ‘El Tablazo’; recuerdo muy claro que, a pesar de que es un terreno destapado, son viviendas muy lujosas y la de él es la última que llega (sic) el recorrido de la vía”, testificó Molina García (ver facsímil 1).
En esa reunión, de acuerdo con la declaración judicial, se ventiló la necesidad de desembolsar 2.800 millones de pesos por el pago –no se aclara si es un faltante– de la garantía falsa que permitió torcer el proceso de adjudicación cinco meses antes y por la que Centros Poblados se quedó con el cuestionado contrato.
Laverde, capturado en Medellín el mismo lunes que cayó Tapia en Barranquilla, estuvo vinculado hasta el pasado 10 de agosto con Rave Seguros, firma desde la cual –según la Fiscalía– se habría movido para lograr la garantía falsa. Aunque llegó a esta firma en 2004 y tuvo contrato directo hasta el 1 de agosto de 2018, fecha en que comenzó una relación a través de la figura de prestación de servicios (con asignación mensual de $12,6 millones), voceros de la intermediadora de seguros dijeron que no tienen, hasta ahora, pensado entablar acciones judiciales contra el antioqueño Laverde, ya que analizan solicitar ser reconocidos como víctimas en el proceso que tiene preso a su antiguo empleado.
No obstante, en el expediente aparece mencionado Manuel Rave, vinculado a la firma paisa que lleva su apellido. Según el tercer capturado el 20 de septiembre, el cartagenero Luis Fernando Duque, fue Rave quien le envió las garantías, incluyendo las falsas, que terminaron presentándose ante el MinTIC a nombre de Centros Poblados.
Según los voceros de Rave, Manuel no está vinculado a ningún proceso, pero dijeron que “tuvo la oportunidad de brindar colaboración” en la Fiscalía y la Procuraduría.
En este contexto, EL COLOMBIANO estableció que Rave Seguros –a través de sus apoderados– ya entabló una denuncia penal por injuria y calumnia contra Duque, ya que este último habría supuestamente dicho que la firma recibió parte de esos $2.800 millones de los que se habló en la casa de Tapia en El Tablazo, algo que la intermediadora desmiente.
Vía Las Palmas
La otra huella de Emilio Tapia en el departamento fue hallada en un exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.
En efecto, según consta en el expediente judicial en poder de EL COLOMBIANO, el pasado 22 de junio, a las 11:30 de la mañana, se dio una nueva cita de Tapia, Laverde y Molina García en un conjunto llamado Castellazo, contiguo al Seminario Santa Cruz Pasionista (ver facsímil 2). Allí Tapia fungía de anfitrión, pero no es claro si él había arrendado esa propiedad o se la habían prestado.
“Una segunda cita que fue en el 22 de junio a las 11:30 de la mañana en un conjunto ‘Seminario Santacruz (sic) Pasionista’, que queda en la parte superior de El Poblado, una casa de similares condiciones en su arquitectura, muy lujosa, muy bonita y donde estaban nuevamente Emilio Tapia y Juan José Laverde; me manifestaron que iban a tener un incumplimiento en el contrato de Centros Poblados”, se lee en la declaración de Molina García.
A lo que se refiere es que el contrato con Centros Poblados ya estaba en el ojo del huracán por el retraso del cronograma y se había convocado la audiencia de incumplimiento, en la que era fijo que se destapara que la garantía que se entregó –supuestamente emitida por el banco Itaú– era falsa. En la cita en el predio de la vía Las Palmas se habló de buscar un mecanismo para que ese documento “se pudiese volver real” y evitar así que se declarara el incumplimiento.
De ese encuentro, según Molina García, hay testigos: “Aseadoras y las que nos sirvieron los tintos, y los escoltas que están afuera de las casas. También está la ubicación (...), son conjuntos con cámaras”.
Tres días después de esta cita –el 25 de junio– MinTIC citó a la audiencia de incumplimiento y, de acuerdo con el expediente, los voceros de Itaú confirmaron allí que la garantía era falsa.
Para esos mismos días, Laverde radicó una denuncia penal contra Molina García porque –según él– este había sido el responsable de torcer dicha garantía. Y dijo que fue el supuesto cerebro del método que se usó para falsificar ese documento valiéndose de otros negocios que hizo, incluso desde Medellín, con el sector constructor en el que se movía desde hace varios años.
De hecho, EL COLOMBIANO confirmó que Molina García tramitó varias pólizas con Rave, en algunos casos con intermediación de Laverde, siendo la última de ellas expedida el pasado 27 de agosto. Esto deja claro que tenían una relación aparentemente cercana, al punto de que coinciden –sin que figuren de forma directa– en un contrato por más de 3.000 millones de pesos con la Alcaldía de Caldas (Sur del Valle de Aburrá), por el que en ese municipio se analizan decisiones de fondo.
A todo esto se le debe sumar que en el expediente figura que Laverde confirmó en su declaración ante la Fiscalía que sí se reunió con Molina García en algunas oportunidades “en Medellín”: “(Es un empresario) de Bogotá, pero él llevaba unos meses diciendo que estaba muy contento en Medellín, porque tenía un contrato en Medellín y que iba a pasar gran parte de su tiempo en Medellín”.
Este rastro en El Tablazo se enlaza con lo revelado hace dos semanas por este diario, cuando se contó que Tapia estaba buscando casa en Llanogrande. Lo dicho por el testigo confirma que sí la encontró y que la habitaba desde tiempo atrás, al igual que el predio de Medellín. La pregunta que queda abierta es por qué trasladó parte de su centro de operaciones a Antioquia, lo que recuerda que cuando fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá estaba instalado en la hacienda San Simón, en las afueras de la capital del país.
Cita en El Tesoro
En este contexto es que la Fiscalía, según reveló hace 15 días durante la audiencia de imputación a Tapia, Laverde y Duque –por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal–, confirmó que se dio un encuentro en El Tesoro, de Medellín, para supuestamente presionar a un testigo (ver facsímil 3).
En un Juan Valdez de ese centro comercial, el 10 de agosto a las 11 de la mañana, un abogado identificado como Daniel González le dijo a Molina que Tapia y Laverde le pedían que se inculpara del fraude con la garantía; a cambio, le pagarían la defensa y le darían manutención a su familia. Él se negó e inició su colaboración con la Fiscalía.
En todo caso, este escándalo tiene frentes abiertos en el ente acusador, en la Corte Suprema y en la Procuraduría. Y, según supo EL COLOMBIANO, es cuestión de días para que se emitan más órdenes de captura, y no se descarta que algunas se ejecuten en Medellín y el Aburrá.
La huella de Tapia, quien ya dijo que prenderá el ventilador para que se vinculen al proceso a políticos que habrían presionado en favor de Centros Poblados –la Corte ya indaga a los senadores Armando Benedetti, Mauricio Gómez Amín, Daira Galvis y Antonio Zabaraín (todos de la Costa Atlántica)–, sería la génesis de esas nuevas capturas.
$1,2
billones, valor del contrato con Centros Poblados.
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