Ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, el abogado Alejandro Sánchez, apoderado de Emilio José Tapia, investigado por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados, pidió cambiar el lugar de reclusión que se había ordenado para su defendido de la cárcel Modelo de Bogotá a la cárcel Modelo de Barranquilla.
De acuerdo con el abogado defensor, esta solicitud se sustenta en los factores de riesgo y seguridad que enfrenta Tapia, debido a que ha sido víctima de amenazas y ataques por su colaboración con la justicia en procesos anteriores y pendientes, en el marco de los principios de oportunidad que ha acordado con la Fiscalía, en donde según su abogado ha testificado en contra de Samuel Moreno, Álvaro Dávila, Liliana Pardo, entre otros.
El abogado agregó que las amenazas ocurrieron cuando Tapia estuvo en Bogotá, pero disminuyeron cuando fue trasladado a un batallón en el Atlántico, sin embargo aclaró que no está pidiendo este lugar nuevamente como centro de reclusión sino la cárcel Modelo de Barranquilla.
“La defensa solicitó unos derechos de petición para intentar establecer si había cupo en los diferentes establecimientos penitenciarios, y por ejemplo del batallón no tenemos información y no lo podemos decir, pero sí sabemos por una respuesta del Inpec, que la cárcel de mediana seguridad la Modelo de Bogotá, no cuenta con un establecimiento de reclusión especial (trato de seguridad), pero si lo tiene la cárcel de mediana seguridad Modelo de Barranquilla”.
Otros argumentos que presentó la defensa para solicitar su petición es que al momento de la captura de Tapia, este estaba en un tratamiento médico en Barranquilla y se debe garantizar la continuidad de este. Además que su esposa y sus hijos viven en esa ciudad.
Frente a esta petición ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el representante de Víctimas se opusieron, siempre y cuando se garantice que estará recluido en un centro carcelario y no en su casa.
El juez del caso anunciará su decisión el próximo 8 de octubre.
¿Hasta dónde puede llegar este caso?
Desde que se confirmó la participación de Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’, en el escándalo por el millonario contrato entre Mintic y Centros Poblados, se empezó a hablar de su posible colaboración con la Fiscalía.
Es una estrategia que Tapia ya había usado en el pasado para salir bien librado de sus acciones delictivas, así que no era sorpresa que lo hiciera de nuevo en este caso. Tapia, quien según indicó la Fiscalía, manejaba las empresas que conforman Centros Poblados “desde la sombra”, dando órdenes a terceros de su entera confianza, le dijo al ente investigador que estaba dispuesto en contar qué políticos estaban implicados en el escándalo.
Pues bien, poco tardó en conocerse la noticia, cuando empezaron a sonar los primeros nombres de los políticos que posiblemente habrían tratado de inferir en la exministra Karen Abudinen, para que no cediera el contrato.
Con los nombres en los titulares de la prensa, la Corte Suprema de justicia confirmó que se abrió una investigación preliminar contra cuatro senadores por su presunta relación con el escándalo. Los investigados son Armando Bennedetti , Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal).
La razón por la que se abrió la investigación en contra de los congresistas, fue la denuncia presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia Red Ver.
Además, se conoció que el ahora exembajador ante Estados Unidos, Francisco Santos, también llamó a Abudinen para hablarle sobre este caso. Santos reconoció que se comunicó con Abudinen para interceder por la firma norteamericana Hughes, para que le entregaran el contrato que tenía Centros Poblados.
Según Santos, la comunicación con la exministra no fue clandestina y hacía parte de sus funciones como embajador, ya que, según él, los embajadores deben garantizar que a las empresas americanas no las saquen de las competencias para la licitación y se debe permitir que compitan.
Además, Santos explicó que conoce a Hughes desde 1996 y planteó que se trata de un “jugador grande” del negocio de las telecomunicaciones, por lo que aseguró que les informó sobre la licitación, pero su propuesta no prosperó y fue superada por la de Centros Poblados, firma que se quedó con el contrato.
Todos los congresistas mencionados han salido públicamente a rechazar los señalamientos que los relacionan con Centros Poblados e incluso algunos, como Benedetti, han dicho que se trata de una persecución política para defenderse de las acusaciones.
Sin embargo, los cuatro legisladores han hecho saber que acudirán ante los estrados judiciales cuando sean requeridos para explicar sus actuaciones.
De comprobarse que Benedetti y Amín llamaron a la exministra con tal intención, para el abogado Camilo Iván Pizza, se podría configurar el delito de tráfico de influencias de servidor público.
“De comprobarse la llamada, se configura el artículo 411 del Código Penal, tráfico de influencias... Lo que se sabe es que Benedetti, siendo servidor público, utiliza sus influencias derivadas del ejercicio de su cargo como senador, con el fin de obtener un beneficio por parte de quien en ese momento era ministra. No se sabe cual sería el beneficio, pero no es correcto lo que hizo y si se demostrara que realizó la llamada con la finalidad de obtener un beneficio, definitivamente estaría incurriendo en este delito”.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia Red Ver, aseguró que con la denuncia espera que haya una sanción penal contra los congresistas y que esta termine en perdida de investidura, pues según él, se configuró el delito mencionado.
“Sin duda alguna el tráfico de influencias es un hecho punible en lo penal y sancionado también en lo disciplinario y político, en términos de pérdida de investidura y sanciones disciplinarias... Este delito es de mera conducta, ¿qué quiere decir esto?, que no es necesario producir el resultado, sino que simplemente basta con tratar de desviar la voluntad, e interferir y usar su investidura, para interferir en una decisión de manera irregular”, dijo Bustos.
Agregó que de comprobarse una sola llamada de los congresistas a la ministra para tratar de desviar su accionar, puede haber sanciones. “No es necesario que el resultado se produzca, simplemente la actuación en sí misma de tratar de doblegar la función administrativa, en este caso la contractual, además que en este caso lo estaban haciendo ante la ordenadora del gasto, sin duda sería constitutivo de la sanción penal”.
Bustos añadió que, dado que la exministra señaló públicamente a Benedetti, “en nuestro criterio se configura la causal de tráfico de influencias, independientemente de cualquier resultado... Tratar de anteponer los intereses privados de una entidad de la que ya se conocía públicamente de las irregularidades del contrato, que después se mostraron delictivas, hacía aún más notoria la presencia de ese tráfico de influencias”.
Tras conocerse la decisión de la Sala de Instrucción, Benedetti dijo: “¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”.
Por otro lado, frente al senador Gómez Amín, estaría relacionado con Alfredo Amín, uno de vinculados a la investigación. Este último habría asesorado el proceso contractual.
“Amín dijo que está dispuesto a someterse a la prueba de polígrafo que la misma Red de Veedurías defina, así que estamos evaluando esa circunstancia para asumirla en los próximos días”, le dijo Bustos a Colprensa.
Así mismo, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, dijo que están en el proceso de ampliación de la investigación para determinar la manera en la que posiblemente los congresistas habrían intervenido y no descartó que haya más políticos involucrados en este caso.
“Los elementos que tenemos en este momento son escasos, sin embargo, en esas referencias que aparecieron públicamente fueron las que se tomaron por parte de la Red de Veedurías para tratar de indagar por el asunto” y añadió, “definitivamente, por la magnitud de este tema y su importancia, aparecerán más políticos, no están todos los que son”.
Bustos aseguró que también tienen bajo la lupa los debates de moción de censura contra la ministra, “porque podría haber irregularidades de personas que hubieran intervenido para favorecer la imparcialidad de ese debate de control político”.
Entre tanto, otro nombre político que salió a relucir fue el del exviceministro de conectividad y digitalización, Iván Antonio Mantilla, quien renunció a su cargo solo dos meses después de que se adjudicara el contrato a Centros Poblados, es decir, en febrero.
Mantilla está siendo investigado por sus actuaciones en el caso, tras una denuncia de la representante del Partido Verde, Katherine Miranda, quien aseguró que supuestamente se entregaron miles de millones a funcionarios del Mintic para hacer realidad el negocio.
“Estamos hablando nada más y nada menos que de Iván Matilla, viceministro de las TIC en ese entonces, y esa plata de ahí para abajo hay muchos funcionarios -dijo-. No me atrevo a nombrarlos, porque esto lo determina la justicia, no lo voy a hacer yo, pero claramente son 6 mil millones de pesos que se repartieron al interior del Ministerio de las Tecnologías para poderse hacer a este contrato”, dijo la congresista.
Además, según la denuncia de las veedurías, Mantilla “fue la persona, que no solo manejó el equipo técnico de evaluación para este proceso, sino que fue la persona que prácticamente estructuró y modificó los términos de la licitación”.
La revista Semana dio a conocer un chat entre Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque, ambos ligados a la Unión Temporal, en cual se dice primero: “Alineados con el vice” y luego el interlocutor responde: “Excelente noticia, te felicito, hermano”. “Vamos bien, falta la ministra”, le contesta. Sin embargo, no es claro a qué momento corresponden estas conversaciones.
Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, en conversación con Colprensa, aseguró que, para configurarse el delito de tráfico de influencias, “tiene que haber un uso de la posición de privilegio del funcionario, que está buscando un beneficio propio o para un tercero. La llamada tiene que tener una intención y un dolo... Si la intención era beneficiar a una empresa en particular, yo sí creo que puede haber un delito”.
Enciso coincidió en que no se requiere la consumación del delito para que haya una sanción, es decir, que si existieron las llamadas para persuadir a la exministra, así ella no haya accedido a las pretensiones, si se configura el ilícito.
Pero la investigación puede ir mucho más allá de los congresistas cuyos nombres ya se conocieron. Enciso aseguró que el Instituto Anticorrupción adelanta una investigación en la que identificaron que hubo al menos 30 congresistas que entraron a la sede principal del Mintic, que es el famoso edificio Manuel Murillo Toro, durante el último año y medio.
“Encontramos fácilmente unas 200 visitas, de por lo menos 30 congresistas... Estamos determinando e investigando a qué fueron, eso es parte de la investigación”, dijo Enciso.
Aunque no reveló los nombres de los congresistas que hicieron esas visitas, Enciso aseguró que entre ellos no está ninguno de los congresistas que aparecen mencionados en este capítulo del tráfico de influencias, es decir, Benedetti, Amín, Zabaraín y Galvis Méndez.
