La lucha contra los cultivos de uso ilícito que se ha librado en Colombia desde la década de los años 90, pareciera dar sus primeros frutos: en 2019 en el país se documentaron 12 departamentos en los que no hubo plantaciones de hoja de coca o tenían menos de 1.000 hectáreas sembradas.
Ese es el registro del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC y el Gobierno Nacional, que fue entregado ayer y ratificó una reducción del 9 por ciento de la cantidad de cultivos al pasar de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019.
No obstante, ante los buenos resultados, desde UNODC se advierte que, para cantar victoria, se debe tener una “sostenibilidad” por parte del Estado colombiano.
“Estamos listos para iniciar procesos que den solucionen definitivas a la presencia de cultivos en esos departamentos, no solo eliminando la coca, también transformando al territorio, comunidades e instituciones para prosperar en un ambiente de seguridad, sostenibilidad y compromiso con la legalidad”, afirmó Pierre Lapaque, representante de esa oficina en Colombia.
En detalle, son los departamentos de Caldas y Cundinamarca los que no registraron cultivos de uso ilícito; Arauca y Guajira salieron limpios en el último monitoreo; y Vichada, Amazonas, Cesar, Vaupés, Guainía, Magdalena, Boyacá y Santander no cuentan con más de mil hectáreas sembradas cada uno (ver infografía).
Según el análisis de Naciones Unidas, en Cesar hay preocupación porque a pesar de estar con menos de 1.000 hectáreas sembradas, “limita con uno de los núcleos con mayor presencia de coca en el país (Norte de Santander) y en su territorio se pueden identificar ciertos rasgos que lo hacen vulnerable a la consolidación de nuevos focos de concentración”.
Consolidar regiones, el reto
Lapaque le recordó al Gobierno que para que se pueda lograr una consolidación de las regiones que están cerca del objetivo y olvidar las hectáreas de coca, “la solución definitiva no debe limitarse a la erradicación o a la transformación tangible del territorio, se requiere transformar a las comunidades e instituciones”.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, recordó la importancia de tener el monitoreo de los cultivos de coca en el país, con el que el Ejecutivo puede tener un panorama de las zonas de manejo especial, de interés estratégico y las zonas libres de intervención para la comprensión del fenómeno y sus implicaciones sociales y económicas en las comunidades vulnerables.
“Este es un insumo fundamental para determinar las acciones que debemos ejercer desde el ámbito de las políticas públicas, además para dirigir las intervenciones en la reducción de la oferta de drogas. Yo podría decirles que el avance en la reducción de las hectáreas de coca constituye el impulso para fortalecer la arquitectura institucional vinculada en la lucha contra el narcotráfico”, recalcó la ministra.
Javier González, del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, cree que los 12 departamentos con esas características son “regiones fortalezas” en las que se debería concentrar mucho esfuerzo de desarrollo integral y que la presencia del Estado sea palpable, “no en el sentido de que sea la Fuerza Pública, que ya está presente en casi todo el territorio, sí esas instituciones oficiales que propongan desarrollo, facilidades”.
Por su parte, Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, hizo énfasis en que las variables de vulnerabilidad territorial indican que sigue siendo más complejo para las comunidades con coca avanzar hacia la consolidación de actividades lícitas.
“Tres de cada diez personas en las zonas donde hay coca, tienen condiciones de necesidades básicas insatisfechas, mientras que en donde no hay coca, la cifra baja a 1.8 por cada 19 personas. Hay 1010 municipios en el país en donde hay condiciones biofísicas para la siembra de la hoja”, destacó, pero solo el 17,4% tiene sembrados de esta planta, por eso las condiciones de vulnerabilidad juegan un papel tan importante”, destacó el funcionario.
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