El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional, el Ejército y, de manera solidaria, al municipio de Calarcá, por los saqueos ocurridos en esa población, casi dos días después del terremoto que arrasó amplias zonas pobladas de Armenia y otros municipios del Eje Cafetero, en 1999.
El alto tribunal basó su fallo en la demanda de un comerciante de Calarcá, cuyo negocio fue saqueado, y en otros testimonios recogidos en la región, que daban cuenta de que los asaltantes arrasaban con lo que encontraban en los establecimientos públicos, sin que encontraran resistencia alguna de las autoridades.
En varios de los episodios, soldados y policías actuaron como simples testigos de los hechos, mientras eran saqueados almacenes de electrodomésticos, supermercados y otros negocios.
Para el tribunal, en Calarcá hubo tiempo suficiente para organizar el Comité Local de Emergencias, dirigido por el alcalde. Este además contaba con apoyo de los comandantes de la Policía y el Ejército, pero no se buscó apoyo del nivel central si la situación se les salía de las manos como sucedió.
El Colombiano fue testigo de varios de estos episodios en los que las turbas “hambrientas”, porque también aprovecharon los pillos, asaltaban los negocios. Incluso, muchos dueños de supermercados “voluntariamente” abrieron sus locales y repartieron, de manera ordenada, sus productos. Así evitaron que los asaltantes penetraran por la fuerza rompiendo sus sistemas de seguridad, estanterías, vitrinas, enfriadores y demás objetos de valor. “Los actos vandálicos ocurrieron 34 horas después de ocurrido el sismo”, tiempo suficiente para que las autoridades actuaran de manera organizada.
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