Los confinamientos y los desplazamientos no han cesado, pese a la firma de la paz con las Farc y a que el Gobierno haga esfuerzos por consolidar los territorios. Esa es la conclusión del informe de Movilidad Humana entregado por la Defensoría del Pueblo.
Desde el 1° de enero de este año y hasta el 8 de octubre, la entidad ha acompañado a las víctimas de 58 desplazamientos masivos, y registra que 5.126 familias se vieron obligadas a dejar sus viviendas, para un total de 15.140 personas (ver gráfico), un 51 % de los que se presentaron en el mismo periodo de 2018 (89 eventos con 29.592 víctimas).
“La mayoría de los desplazamientos masivos se presentan en los municipios del corredor del Pacífico, que evidencian la falta de presencia estatal en Chocó, Nariño y Cauca. También encontramos Bajo Cauca antioqueño, Urabá y el Catatumbo”, aseguró Felipe Vernaza, defensor delegado para la Movilidad Humana.
Estas zonas son las que históricamente han cargado con el lastre del conflicto armado; justamente en estas regiones se presentaron el 48,4 % de los desplazamientos masivos hasta el 31 de diciembre de 2014, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Y aunque la estadística de desplazados se mantiene muy lejos de los años pico, entre 1997 y 2014 cuando se generaron casi seis millones de víctimas según la Unidad de Víctimas, sí preocupa al Ministerio Público que no “haya un compromiso mucho más fuerte con comunidades que han sido desamparadas ante el resurgimiento de grupos armados, que lo único que hacen es victimizar a la población”, anotó Vernaza.
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