La Contraloría General de la República informó este martes que encontró presuntas irregularidades en el manejo de los recursos parafiscales de los ganaderos, que administra Fedegán.
De acuerdo con la entidad, además de inconsistencias entre la información presentada por el ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se detectó que esos recursos, que deben utilizarse para mejorar el control epidemiológico y la tecnología de este sector, habrían sido usados en gastos de servicios públicos, cánones de arrendamiento y pólizas de cumplimiento de contratos.
La auditoria se aplicó al eje de Sanidad Animal, y en especial a la ejecución del Programa Nacional de Fiebre Aftosa y demás enfermedades de control oficial en bovinos, a cargo del ICA, y al fondo parafiscal administrado por Fedegan y Vecol.
De acuerdo con la entidad, se hicieron 55 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene presunta incidencia fiscal por valor de $208 millones; 12, con posible connotación disciplinaria y 2 que dan mérito para abrir indagación preliminar.
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Además, se dio traslado a la Fiscalía para que se investiguen las posibles inconsistencias en los datos de los solicitantes de las guías de movilización.
La Contraloría encontró debilidades en los procesos de seguimiento y control a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y llamó la atención por la falta de efectividad de los controles y la eficiencia de la supervisión a los procesos de vacunación, movilización y control del hato ganadero en el país.
Así mismo, se encontraron inconsistencias de reporte y registro de información sobre actas de predios no vacunados entre el ICA y Fedegán, incertidumbre frente a la cantidad real de animales registrados en el programa Identifica, y falta de avance en los procesos administrativos sancionatorios a cargo del ICA, en los nueve departamentos auditados.
La Contraloría también encontró que no coinciden los datos del proceso de vacunación respecto del seguimiento y control realizado a la movilización de los bovinos y bufalinos, insumo que es esencial para la toma de decisiones del programa de sanidad animal.
“Las situaciones descritas, evidencian riesgos que, de materializarse, tendrían gran repercusión sobre la sanidad de la población animal, objeto de la auditoría y, por tanto, de la conservación del estatus sanitario del país”, advirtió la Contraloría.
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