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“Estamos andando muy rápido con Odebrecht y Centros Poblados”: Barbosa
El fiscal Francisco Barbosa también precisó cómo se aplicará la despenalización del aborto.
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El fiscal Francisco Barbosa explicó los cambios que ejecutó en la entidad para lograr resultados, según él, como los esclarecimientos de crímenes de líderes sociales. FOTO Juan Antonio Sánchez
07 de marzo de 2022
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El fiscal General, Francisco Barbosa, se comprometió con el país a que, antes de finalizar su periodo –en febrero de 2024– los escándalos de corrupción desatados por Odebrecht y Centros Poblados estarán completamente resueltos. En esta segunda entrega de su entrevista con EL COLOMBIANO, también habló de Rusia, de la aplicación de la sentencia sobre el aborto y, entre otros temas, confirmó que de la autodenominada ‘Primera Línea’ ya hay 118 capturados en el país.
¿Qué tan cierto es que Rusia y otros países tendrían interés en intervenir electoralmente en Colombia?
“Sobre las relaciones diplomáticas yo no me pronuncio. Tenemos elementos que han generado una acción investigativa por parte de la Fiscalía, o verificaciones. Pero no tengo elementos de juicio para decir si existen o no intervenciones por parte de ese país dentro del proceso electoral”.
Pero sí se está investigando algo...
“Hay gente que formula denuncias y hay algunas manifestaciones periodísticas. Eso ha llevado a que existan algunas acciones investigativas de la Fiscalía. Pero, por lo pronto, no podemos avanzar en algún tipo de hipótesis sobre eso”.
La Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Se aplicará la retroactividad a las más de 340 condenas que hay?
“Respeto de manera irrestricta la decisión de la Corte Constitucional. Una vez se analice la sentencia de la Corte por cada fiscal autónomo e independiente que tienen esos casos tendrá que tomar una decisión en consecuencia. Por supuesto, dependiendo de las condiciones de cada caso, y de la existencia de una favorabilidad, porque en el derecho penal existe un principio de favorabilidad. Pero, por lo pronto, existe un resumen de la sentencia y cada fiscal tendrá que analizarla”.
Su Fiscalía ha avanzado con el escándalo de Centros Poblados, pero la principal crítica es que los 70.000 millones del anticipo aún no se recuperan...
“Hemos sido rápidos. Duramos 60 días y ya teníamos lista la primera línea investigativa y pudimos imputar a un grupo de personas por lo relativo a las pólizas falsas. Y acabamos de hacer una segunda imputación en la que ya entramos con los peculados. También estamos en elaboración de preacuerdos y de principios de oportunidad para poder llegar a la posibilidad de cerrar este capítulo. Odebrecht y Centros Poblados se cierran en esta Fiscalía. Me comprometí a eso y los vamos a cerrar; estamos andando muy rápido”.
¿Qué elementos lo llevan a hacer ese compromiso?
“En el caso de MinTic hemos logrado que en el marco del proceso se detectara que se utilizaron $15.242 millones en actividades no contempladas en el plan del anticipo aprobado por el Ministerio. Este dinero fue destinado a gastos personales, adquisición de un apartamento, vehículos, obras de arte, préstamos a terceros, gastos individuales y pago de honorarios de abogados. Son recursos que van a recuperarse con preacuerdos. Ahora ¿dónde están los otros recursos? Si ya hay $15.242 millones, el restante del anticipo está por monetizarse por entidades estatales que recibieron bienes que fueron adquiridos para desarrollar el contrato”.
La Fiscalía le dice al país que los $70.000 millones no se pierden...
“La Fiscalía puede decirle al país que nosotros detectamos que hubo $15.242 millones no destinados al proyecto, que se van a recuperar. Lo otro lo tienen las entidades del Estado”.
¿Qué pasó con Emilio Tapia, sí está colaborando?
“Entiendo yo que están él y otras personas en procesos de sí se logran o no los preacuerdos. Una cosa que sí es importante, es que yo no soy el responsable de ese proceso, luego yo no tengo todos los elementos para poder decir quién llega o no llega a un preacuerdo. Esas son decisiones que toman los fiscales de manera autónoma. Obviamente, en el marco del principio de oportunidad, que sí se solicita a mi despacho, se necesita que se evalúe por parte del despacho del Fiscal General. El sistema acusatorio se hizo en Colombia para buscarse soluciones rápidas, pero nosotros no hacemos imputaciones infladas”.
¿Y por qué dice que Odebrecht también se cierra?
“Porque hay decisiones que se tienen que tomar sobre diferentes actores, entre ellos imputaciones pendientes, archivos pendientes, y otras decisiones que se han venido trabajando por parte del Fiscal que lo lleva; el coordinador del caso es el doctor Gabriel Jaimes. El país tiene que ver que cuando yo me vaya de este cargo, el 12 de febrero de 2024, se cerró el caso de Odebrecht. Le vamos a mostrar al país las acciones de la Fiscalía”.
¿Qué pasará con quienes en su momento eran presidentes y fueron salpicados?
“Es que eso ya es parte de la ciencia ficción que le gusta a la gente. Es decir, todo mundo, quisiera ver a todo mundo responsable en todos los casos en Colombia. No, uno solamente puede y debe actuar cuando tiene elementos suficientes de evidencia probatoria. Pero lo que no podemos es hacer, simple, y llanamente por indicios o por cualquier tipo de intuición, llegar a la responsabilidad penal de las personas. Cada caso de estos emblemáticos los cerremos con los elementos que tenemos”.
En sus dos años se han visto resultados como el esclarecimiento del caso de Jhonier Leal, o la captura de los asesinos de la periodista Natalia Castillo, o lo que pasó con la joven de Bucaramanga que mataron por robarle un celular. ¿Qué es lo que ha cambiado para lograr cosas más rápido?
“Podría darles una lista de más o menos 25 o 30 homicidios colectivos o masacres en Colombia que hemos podido resolver, en 24 y 45 días también. Casos como el de Samaniego, o El Tambo, Cauca, casos como el de La Guayacana, en de Nariño, o lo de Ituango, aquí en Antioquia, o casos como el de Llano Verde en Cali que fue emblemático por la muerte de estos niños en los cañaduzales. El caso de Juana María Perea, que logramos una sentencia por aceptación de cargos, o el caso de Ana María Castro, que fue un feminicidio agravado. Incluso, salvamos el caso de Sergio Urrego, que se iba a perder en juicio”.
Pero, ¿qué cambió?
“Hemos transformado la Fiscalía en una entidad de los territorios. Hemos gestionado y gerenciado 35 seccionales en el país, he hecho más de 176 movimientos personales con el grupo directivo. Hemos cambiado la metodología investigativa, a pesar de que reconocemos el trabajo de las anteriores administraciones; ahora el trabajo de metodología investigativa es diferente, es por líneas temáticas y por líneas criminales. Hemos puesto una Fiscalía ya no a depender de las fronteras departamentales, sino que hemos puesto a hablar las seccionales con las direcciones nacionales y con la población, con la Policía, con el Ejército y con la Armada. Duramos dos meses articulando todo eso”.
Denos un ejemplo de ese trabajo conjunto...
“En los barcos de la Armada en el Pacífico siempre hay un fiscal para las incautaciones de droga que hacemos, por ejemplo, en ríos. Todos estos aspectos de territorio, cambio de metodologías y la cohesión de la Fiscalía nos han permitido dar mayores resultados. El secreto era encontrar el talento de muchísimos funcionarios que no estaban haciendo lo que debían hacer. También viendo al Fiscal General recorriendo los territorios y trabajando con ellos; que no haya departamentos de primera ni de segunda ni de tercera categoría. Les doy un dato: Putumayo es un departamento que en 30 años no visitó ningún Fiscal y nuestra Fiscalía sí. La paz, la verdadera paz, es llevar al Estado a los territorios. Y yo quiero llevar la justicia a los territorios. Yo lo dije en la Corte el 5 de diciembre del año 2019, cuando inicié, que no voy a ser el Fiscal del búnker, sino el Fiscal de los territorios, y llevo dos años poniendo eso en práctica eso y los resultados están”.
¿La tecnología ha ayudado?
“A la Fiscalía, desde el 2011, no se le hacía una inversión tecnológica. Si hay un caso que sea muy grave para el país, pues tiene que haber algún tipo de dirección por parte de la entidad para darle prioridad. Hoy la Fiscalía tiene una visión misional. El caso de Jhonier Leal, que se da en noviembre de 2021 cuando nos encontrábamos en Pasto en rutas de esclarecimiento, implicó que en Bogotá estuvieran articuladas la Delegada de Seguridad Territorial con el Director Seccional de Bogotá, que ya sabía qué tenía que hacer, y se activaron todos los protocolos. Si no tiene esas líneas, si no tiene gerencia desde arriba, no hubiéramos podido obtener elementos probatorios y estaríamos ante un caso que no se hubiera podido resolver. Yo vivo 20 horas, porque duermo 4, pendiente de cada detalle de la Fiscalía General para que funcione bien”.
¿En qué van los casos por asesinatos de líderes sociales? Usted dice que ya se han esclarecido el 68%
“Esto lo encontramos con el 52% de esclarecimiento. Yo no he cambiado la manera estadística de leer esto. ¿Cómo hemos hecho para pasar de 52% al 68%? Itinerancia. Yo establecí grupos itinerantes en el territorio. Yo decía: si el Ejército se mueve, la Policía se mueve, ¿por qué la Fiscalía no se mueve? Empezamos a cambiar ese modelo y, al mismo tiempo, volví importante la Unidad Especial de Investigación, que fue un mecanismo creado por el Acuerdo de Paz. Esa unidad se hizo para esclarecer crímenes que se puedan cometer contra líderes sociales, y contra desmovilizados”.
¿Cuántos funcionarios se dedican a este tema?
“Había 85 cuando yo llegué y hoy tenemos 185 personas”.
¿Quiénes los matan?
“Tenemos claridad que en el 70% de los casos son las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, el Comando Conjunto de Occidente que agrupa a la Dagoberto Ramos, a la Carlos Patiño, a la Franco Benavides y al antiguo Frente 20 de las Farc. Todas esas estructuras, más el tema de los Pachencas en la Sierra Nevada, son los que han venido cometiendo esos crímenes. Es por minería ilegal, como en el Bajo Cauca antioqueño.
¿Los líderes están en eso?
“Son varios factores. La minería legal y el narcotráfico generan circunstancias de poder por parte de estos grupos dentro de comunidades, y quien esté por fuera y quiera protestar, o no esté de acuerdo con eso, termina siendo asesinado. Hay algunos controles territoriales en el país” .n
