La fiscalía inició una etapa definitiva en los procesos que se llevan contra los grupos paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz. La idea del ente acusador es que en máximo tres años, las grandes estructuras de esas organizaciones ilegales, ya desmovilizadas, se les imputen más de 20 mil delitos.
“Hoy, en 2015, podemos decir que estamos comenzando el fin del proceso de judicialización de Justicia y Paz, esto no va a durar 100 años, como en algún momento se dijo, va a ser algo más ágil, y lo más importante es que son investigaciones en contexto, asociando patrones de criminalidad e investigando a su máximo responsable y a las personas que a nivel máximo fueron las mayores responsables de los delitos de las Auc en Colombia”, explicó el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo.
A parte de las imputaciones, en estos 10 años de la ley 975 o Justicia y Paz, la Fiscalía ha iniciado 16.000 nuevas investigaciones que no estaban contempladas en los procesos originales, lo que quiere decir que son nuevas indagaciones contra personas naturales o jurídicas que en su momento podrían haber estado involucradas con la actividad paramilitar, y que no estaban en el radar de las autoridades.
EL COLOMBIANO habló con Carlos Fidel Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía, sobre la “ofensiva” para agilizar los procesos judiciales de Justicia y Paz.
La Fiscalía anunció un plan para imputar más de 20 mil delitos a varias estructuras paramilitares con el fin de agilizar esos procesos de Justicia y Paz. ¿Por qué el afán ahora?
“Al inicio de la ley 975, Colombia no tenía una experiencia en la tramitación o judicialización de hechos del conflicto, sobre todo en uno tan agudo y tan largo como ha sido el colombiano. Cuando se inició con esa ley, fue muy compleja la tramitación de esos procesos, y la única experiencia que teníamos era la judicialización en vía ordinaria. Con el pasar del tiempo y con ejercicio de la ley, se hicieron una serie de actuaciones, que si bien fueron acertadas y adecuadas, no contemplaban la celeridad ni los mecanismos con los que hoy se cuenta, ya que han salido nuevas leyes y nuevas jurisprudencias que permiten tener una mayor agilidad en los procesos”.
¿Desde cuándo se dio orden de agilizar los trámites de Justicia y Paz?
“Tres años para acá, además de hacerse una reforma normativa, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, indicó y fijó nuevos parámetros para la judicialización a través de priorización de casos y en este, lo que podemos precisar, es que nos permitió seleccionar, elegir y determinar, cuales son los hechos, los casos y los postulados que debían ir primero, y desde ahí destrabar la tramitación de los procesos de Justicia y Paz. Ahora, por ejemplo, ya no hacemos la judicialización del hecho a hecho, sino que hacemos imputaciones, audiencias o investigaciones macro. No es afán, es el resultado mismo de la nueva dinámica que se tiene en la Fiscalía, y esto ha permitido que hoy ya no hablemos de imputar a tres, cuatro o cinco postulados, sino que hablemos de imputar 200 o 300 y garantizarle el derecho a más de 50 mil víctimas como ha pasado este año”.
¿Cuáles y cuántos son los grupos paramilitares que están en esta priorización?
“Para este 2015 se ha priorizado el cierre de seis macroestructuras, unas de ellas llevarán hasta tres años, otras dos y algunas menos de un año. Las de tres fases, o años, son las más grandes (Bloque Central Bolívar y la macroestructura de Mancuso); en dos fases los bloques Élmer Cárdenas, Centauros y este año radicamos el cierre de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y Autodefensas Campesinas de Cundinamarca.
En el 2016 vamos a incluir otras estructuras como el Bloque Bananero, que lo vamos hacer en tres años, al igual que el Bloque Calima. Esto está implicando un esfuerzo grande, tenemos más de 400 investigadores moviéndose en las regiones ubicando víctimas, buscando información, también hay cerca de 200 fiscales. Todo este personal está trabajando sin parar”.
En medio de las audiencias de Justicia y Paz se han impulsado copias para iniciar otras investigaciones de personas que al parecer no estaban en la mira de las autoridades, y que estarían involucradas con el paramilitarismo. ¿En que van esas investigaciones?
“Aquí es bueno señalar que hay cerca de 16.000 copias, y hay que ser claros que pueden ser muchas más porque el proceso no ha culminado, y lo importante es que esto permite ver que los procesos de Justicia y Paz o los procesos de justicia transicional, son efectivos porque son cosas que no se sabían y el permitir que se investiguen esos hechos es una respuesta de la eficacia de esta ley. Gracias a esas impulsas de copia, muchos que no se sabían que tenían relación o participación con grupos paramilitares han sido judicializados y hasta condenados, otros están en procesos, y hay que esperar en que terminan. Hay una clase de compulsas que se han dado aforado, o sea no le compete a la Fiscalía, si al Congreso o a la Corte Suprema”.
La Fiscalía dice que el éxito de la ley de Justicia y Paz no se debe medir por la cantidad de sentencias. ¿Por qué no?
“En la justicia ordinaria sí se puede medir por sentencia dictada, porque ahí se judicializa el hecho a hecho. Nosotros en Justicia y Paz y sobre todo cuando hablamos de leyes de justicia transicional, tenemos que comprender que es un conflicto lo que se está judicializando y los hechos del conflicto, y este normalmente ocurre dentro de un marco fáctico, entonces acá estamos juzgando un fenómeno, como es el paramilitar. Debemos es medir la verdad y esto está ligado con los derechos y garantías de las víctimas, y eso ocurre cuando el hecho delictivo es judicializado y cada hecho puede tener hasta cinco mil víctimas. Entonces nosotros primero debemos mirar a cuantas víctimas les podemos garantizar el derecho y luego mirar cuantos hechos se han judicializado. Con esos dos parámetros podemos decir cuanto hemos avanzado”.
Algunos exjefes paramilitares ya cumplen varios meses en libertad, ellos aún están en Justicia y Paz. ¿Cómo se han portado? ¿Siguen cumpliendo?
“La medición del cumplimiento de los que están en libertad es similar a la que se les hacía cuando se encontraban en las cárceles. El procedimiento de evaluación sobre el cumplimiento de los deberes que tienen los postulados sigue siendo día a día, ellos tienen que seguir acudiendo a las audiencias, decir la verdad, seguir con la reparación a las víctimas, ayudar a la desarticulación de otros grupos ilegales. Ellos saben que si no cumplen, pierden los beneficios de Justicia y Paz y podrán recibir una condena hasta de 40 años, pero ya por medio de la justicia ordinaria”.
¿El balance también es positivo con los excombatientes rasos que ya están en libertad?
“En materia de los que se desmovilizaron con la ley 1424, los resultados son mucho mejores, estamos hablando que rasos son cerca de 31,000, de los cuales cerca de 18.000 ya tienen su situación resuelta, es decir que tenemos cerca de 13,000 por resolver, pero si nosotros miramos que esta tramitación comenzó hace tres años exactamente, los avances son mucho más profundos y amplios. Lo que pasa es que como son excombatientes rasos, el impacto no es el mismo, pero es un proceso que también debe ser valorado porque implica una labor investigativa de la fiscalía y en algunos casos, ellos están dispuestos a seguir colaborando con información. Hay otros que no han cumplido y ya perdieron sus beneficios, e incluso se encuentran en la cárcel”.
Entre muchos desmovilizados, postulados a Justicia y Paz, hay preocupación por un anuncio reciente de la Corte Suprema de Justicia, que decía que el delito de concierto para delinquir, indultado en su momento, debía ser judicializado no como un delito político, lo que podría significar que miles de exparamilitares puedan volver a la cárcel. ¿Qué papel tiene la Fiscalía en esos casos?
“Para nosotros lo claro es que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el delito de concierto para delinquir de los paramilitares es un delito de lesa humanidad, o sea imprescriptible. Pero el hecho de que sea así, la Fiscalía no va a mantener per se para resolver la situación de estos. Aquí estamos hablando que quienes hicieron la solicitud de desmovilizados para recibir el beneficio de suspensión de la pena que ofrece la ley 1424, van a recibir ese beneficio, siempre y cuando cumplan con los requisitos, los que no, deberán responder por ese delito en condiciones ordinarias, y uno de los delitos por los que deberán responder es concierto para delinquir.
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