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La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de soltar —bajo las figuras de voceros y gestores de paz— a unos 283 capturados durante las protestas del 2021, lo que incluye a varios de la Primera Línea, generó alarmas en la Rama Judicial por la posible interferencia que se daría en los expedientes penales. Por eso, el fiscal General, Francisco Barbosa, se reunió en la Casa de Nariño para despejar dudas. Si bien ya a 7 se les pidió la libertad —dos ya están en las calles— y se analizan otros 10 beneficiados, aún hay alerta sobre cómo se darán estos procesos.
Ya se reunió con el Presidente. ¿Aún tiene dudas sobre las excarcelaciones de la Primera Línea?
“El presidente Petro me explicó lo que él quiere hacer y yo le dije que la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces. Un segundo término en el cual estuvimos de acuerdo es que no habrá condenados. Ya sobre el decreto en particular, no es de mi competencia entrar a verificar el contenido o a decir jurídicamente si está bien o mal. Es una decisión del Ejecutivo, hay que respetarla y goza de una presunción de legalidad, pero al final del día son los jueces quienes deben tomar las decisiones. Entonces, creo que más allá de ponerle freno a unas iniciativas, lo que hay es que ayudar a reconducirlas en Colombia; este país ya no aguanta más peleas, no aguanta más discusiones, no aguanta más enfrentamientos. Yo ejerzo mis competencias y manifiesto mis preocupaciones, pero no hay cheques en blanco para que se haga lo que se quiera en el país. También podemos colaborar en la idea que se tiene por parte del Gobierno”.
QAlgo clave es que, pese a las libertades, se mantienen las investigaciones...
“La Fiscalía no suspenderá el avance de ninguna actuación penal en Colombia. Los fiscales actúan conforme a los elementos de prueba recaudados en esos procesos. Nosotros seguimos avanzando en las actuaciones y quiero dejar claro que en Colombia, durante los últimos años, y durante mi administración, a nadie se le ha afectado la libertad de forma arbitraria. Aquí los fiscales actúan con elementos materiales probatorios y los jueces son quienes validan o no esos elementos. Existe una rama judicial autónoma, independiente, que ha actuado con responsabilidad”.
¿Por qué dice que apoya la paz total y el sometimiento, pero con condiciones?
“Las condiciones no son un capricho mío, son lo relativo a que debe haber respeto a los estándares jurídicos internacionales en materia de protección de Derechos Humanos, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y procedencia de amnistías o indultos para crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso se aplica de igual modo a la justicia transicional, que se busca aplicar al ELN, o bien a los procesos de sometimiento a las organizaciones delictivas que define el Gobierno. Además, es necesario que para el proceso del ELN se lea con atención lo que se logró con la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de las Farc, porque no puede haber nada que vaya más allá de eso que se logró. Si hay algo que es más allá, pues obviamente estaría afectado por los limitantes que se establecieron en la negociación con las Farc. También es necesario que se lea la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, porque no podemos repetir la mala experiencia que se dio en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe con la ley sobre el paramilitarismo”.
¿Con las disidencias de las Farc debe haber proceso de paz o sometimiento?
“Esa es una decisión que toma el Gobierno. Si me preguntan, estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Humberto de la Calle. A aquellos que hicieron parte del proceso de paz e incumplieron, el único camino que les queda es someterse a la justicia. No tiene sentido que haya personas que estuvieron en un proceso de paz y que están cumpliendo, y al mismo tiempo aparezcan otras que no cumplieron y pretendan tener mayores beneficios. El mensaje no sería bueno. En ese sentido, aquellas disidencias que nunca se sometieron al proceso de paz, podrían buscar caminos de justicia transicional como los que se están estableciendo con el ELN”.
El fantasma de “Matamba” agitó otro caso de corrupción cuando se supo que policías supuestamente lo ayudaron a escapar. ¿Qué se sabe de este proceso?
“En primer lugar, nosotros vamos a dar respuestas muy rápido de lo que está ocurriendo en la Unidad Nacional de Protección. Eso no lo vamos a tolerar. No es un asunto que simple y llanamente se queda en chismes, de que alguien utilizó o no una camioneta. Ya tenemos líneas investigativas. Para el caso “Matamba” tenemos tres: dos por parte de la fiscal delegada para la seguridad territorial, una por la fuga propiamente dicha, y otra por el favorecimiento de funcionarios del Inpec en la misma fuga; y una más de un fiscal de la dirección especializada contra organizaciones criminales. Esta última ha arrojado, hasta el momento, la posible vinculación de personas que habían ayudado a “Matamba” a salir de la cárcel hasta el Magdalena Medio. Lo importante es que vamos hacia el esclarecimiento de lo que pasó en la UNP” .
Los asesinatos de líderes sociales en el Gobierno Petro no pararon...
“Los Gobiernos tienen que tener políticas de prevención. La Fiscalía lo que hace es recoger evidencias y, por supuesto, investigar hechos constitutivos de delito. Para este momento tenemos que el esclarecimiento de los casos de homicidio de defensores de derechos ha pasado del 52 % al 72 % en tres años. Lo que genera la violencia en contra de los líderes sociales son circunstancias que no se han resuelto en el país; es decir, el narcotráfico, la minería ilegal, el aumento masivo de cultivos de uso ilícito, que lo que hace es multiplicar la violencia rural”.