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“El Gobierno sí nos presiona para decidir”: presidenta de la Corte Constitucional

  • “El Gobierno sí nos presiona para decidir”: presidenta de la Corte Constitucional
Por Sergio Andrés Correa | Publicado el 05 de junio de 2019
en definitiva

La presidenta de la Corte Constitucional advirtió que existen constantes mecanismos de presión contra las decisiones del tribunal y recalcó la importancia de garantizar que los jueces decidan con objetividad y libertad.

Con una serenidad inalterable, la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, presidenta de la Corte Constitucional, habla de los intereses políticos de todos los sectores que se mueven tras las determinaciones que debe tomar el alto tribunal. Es como si ya tuviera interiorizadas las presiones sobre ella y sus compañeros de sala como una parte más del trabajo de los jueces.

Y no es para menos. La magistratura que lidera ha tenido sobre la mesa, los últimos días, expedientes trascendentales para el país y su trabajo, decidir interpretando la Constitución Política de 1991, es en ocasiones impopular. “Son decisiones antimayoritarias y por eso muchos no quedan contentos”, afirma.

Sobre los principales temas que analiza la Corte y los riesgos para la indepedencia de los jueces, la magistrada Ortiz conversó con EL COLOMBIANO.

La Corte declaró válida la votación del Senado que negó las objeciones a la Ley de la JEP, el Gobierno esperaba que la decisión fuera distinta, ¿se sintieron presionados?

“Los jueces tenemos presión para fallar y hace parte del trabajo. Eso hace parte de nuestra dinámica y tenemos que acostumbrarnos, mostrar que es parte de nuestra formación judicial y de hecho, por eso es que ser juez requiere años de experiencia, porque tenemos que educarnos para ser fuertes frente a la presión”.

¿Específicamente, presión por parte del Gobierno?

“Sí, el Gobierno nos presiona. Claro que el Gobierno presiona, pero también lo hacen las personas que están en desacuerdo con el Gobierno, porque cada cual está en su rol y cada uno de ellos está tratando de convencernos de que sus ideas son las más adecuadas”.

¿Lograron aislar esos intentos de interferencia?

“Esta decisión se profirió con objetividad, con transparencia, y con la convicción absoluta de que fue una decisión tomada en derecho. En ocasiones, uno quiere que algo se produzca, pero la norma es el límite y si la Constitución señala una regla, nosotros simplemente la seguimos. Yo creo que somos magistrados que en este momento estamos tranquilos y tenemos la objetividad para tomar decisiones por convicción”.

Hasta el momento, la Corte ha tomado decisiones que terminan favoreciendo el Acuerdo con las Farc, ¿considera que el tribunal es un defensor de la paz?

“La Constitución es defensora de la paz. Incluso, fue producto de un acuerdo entre grupos que pensaban muy distinto, grupos que estaban en orillas diferentes y fueron capaces de ponerse de acuerdo para establecer normas fundantes de una nueva regulación del Estado. La de 1991 es una Constitución pro paz y nosotros interpretamos la Constitución. Entonces, el espíritu natural y obvio del intérprete es ser pro paz. Ahora, ahí es donde nos corresponde a nosotros entender qué es y cómo los órganos políticos conciben la paz, para poder confrontarla con la Constitución, pero nuestra tarea no puede ser distinta al reflejo de la Constitución de la paz”.

En medio de todo esto, magistrados alertaron posibles interceptaciones a sus teléfonos. La Fiscalía aseguró que esas “chuzadas” nunca ocurrieron, ¿quedaron satisfechos con la respuesta?

“Siempre tuvimos preocupaciones, hemos hablado de manera informal sobre algunas dudas que teníamos o que tenemos sobre nuestras líneas, queremos creer que lo que dice la Fiscalía corresponde a la realidad, sin embargo, creemos también que la Corte necesita rodearse y necesitamos protección, porque sí tenemos dificultades con creer que aquí no ha pasado nada”.

La suspensión a dos magistrados de la visa de EE.UU., que después se les reestableció, se sumó a este panorama. En redes sociales la gente se preguntaba por qué causó tanto revuelo el asunto de la visa entre los togados.

“El tema no es la visa per se. Para nosotros y para la institucionalidad, lo importante es poder decidir sin presiones. La visa es un tema absolutamente puntual y si se descontextualiza no tiene sentido. O sea, no es por la visa, es por lo que representan las presiones para los magistrados. En la Corte tenemos la ventaja de poder decir en este momento que nuestros magistrados no tienen cuestionamientos. Si la pregunta es puntual, por la visa, hoy somos 9 magistrados con visa. Lo que sí queremos y exigimos es la garantía del Estado colombiano para fallar de conformidad con la Constitución. Y eso es un conjunto de estrategias y de garantías institucionales, no por nosotros, no porque somos 9 fulanitos, sino porque somos 9 magistrados que ejercemos el mayor control constitucional”.

Entonces, ¿a qué se pudo deber la suspensión de esos documentos?

“Nuestra función es, por regla general, antidemocrática. Así lo han descrito los críticos del control constitucional, porque se trata de tomar determinaciones antimayoritarias que, por ejemplo, tumban una leyes. Pero creemos que el hecho de afectar una decisión de mayorías coyunturales en el Congreso se justifica en la medida en que estamos preservando las mayorías de estabilidad, que son las de la Constitución. Por esa razón, la propia Carta Magna diseñó un conjunto de garantías institucionales de protección a nuestra autonomía e independencia, y una de ellas es que no podemos ser perseguidos por nuestros votos. Y le guste o no le guste al órgano de gobierno de turno, o al legislador, o al ciudadano, debemos tener la garantía de que cada voto no nos va a traer consecuencias”.

Cada que hay temas coyunturales sobre la mesa, surgen voces que piden una Asamblea Constituyente, ¿es el momento?

“Respeto la voluntad democrática y no quiero dar mi opinión sobre un asunto que pueda involucrar la reforma a la Justicia o la reforma del Estado propiamente dicho, porque nosotros no estamos aquí para efectos de hacer nuestra voluntad. Lo que sí veo claro es que la Justicia necesita modificaciones, que no necesariamente tienen que hacerse a través de Asamblea Constituyente. Hay algunos casos que ni siquiera requieren reforma constitucional. Pero la Justicia necesita definitivamente un apoyo del Estado en su conjunto, la Rama Judicial es la cenicienta de los poderes públicos, tiene una participación en el presupuesto anual que no alcanza el 4 %, trabajamos con las uñas y tenemos muchos limitantes en términos de verdadera autonomía, porque para cualquier toma de decisiones dependemos del Ministerio de Hacienda o del Consejo Superior de la Judicatura. Evidentemente hay ajustes que hay que hacer, la vía la decidirá la democracia”.

Uno de esos temas coyunturales es la regulación del uso de las redes sociales, ¿es el Estado el que debe marcar límites a la libre expresión en estas plataformas?

“Ese debate sobre hasta dónde debe intervenir el Estado para limitar y hasta dónde debe permitir, es el que en casos concretos deberá señalar más o menos unas pautas, porque cada vez más se reciben tutelas con este tipo de conflictos entre ciudadanos que, en principio, parten de situación de igualdad. Pero no sabemos hasta qué punto, quien tiene la posibilidad de poner al descubierto la intimidad o el buen nombre de otro, realmente se pueda considerar una persona en igualdad. El reto que tiene la Corte es buscar reglas de juego claras”.

¿El papel de la Corte va a ser, entonces, restrictivo?

“En este momento, las salas de revisión que están estudiando los casos que se someten a consideración de la Corte han mostrado una división de posiciones entre magistrados, son decisiones que se han votado muy apretadas, muy 2 a 1, con aclaraciones de voto, con resistencias y con salvamentos muy fuertes, pero lo cierto es que esto muestra la dificultad de analizar el tema. Yo no creo que la Corte asuma una posición de reglamentación general, o sea, no creo que la Corte adopte en estos temas una posición de legisladora. Sabemos que hay varios proyectos de ley en el Congreso que se están tramitando y estamos muy atentos a ver si la ley señala alguna posición, pero son temas en construcción”.

Haciendo referencia a un caso reciente, ¿puede una cuenta institucional del Estado bloquear a algún otro usuario?

“Ese es un tema buenísimo en Derecho Constitucional. Esta mañana unos estudiantes me preguntaban, ‘¿no se le puede decir a un congresista que deje de insultar a través de redes, que deje de hablar con alto grado de agresividad y a veces con discursos de odio en redes sociales?’ Y en la jurisprudencia de la Corte hay muchos antecedentes, en que servidores públicos han interpuesto tutelas porque los particulares hablan mal de ellos, o porque se consideran ofendidos. Pero no hemos tenido casos en los que particulares se hayan sentido ofendidos con las cuentas institucionales o con los discursos de los servidores públicos. Seguramente en poco tiempo nos llegará el primero y tendremos la oportunidad de pronunciarnos. Yo, en virtud de no prejuzgar y no impedirme para resolver en el futuro, tengo muchos límites a la hora de dar mi opinión en ese asunto”.

En el orden del día de la próxima Sala Plena está el análisis del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en espacios públicos, ¿bajo qué óptica lo analizará la Corte?

“En últimas, lo que se debate es el derecho de cada quien a hacer de su vida lo que quiere, de seguir el plan de vida que escoja. Pero ese plan de vida involucra un lugar para ejercer la libertad, que es precisamente donde la persona se toca con el derecho del otro para ejercer su propia libertad. Y puede que ese otro haya escogido como plan de vida no consumir sustancias que le generen humo, por ejemplo. ¿Eso significa que estoy limitando el derecho del otro?, ¿o su derecho a no querer molestarse con el humo, limita mi propio derecho? Eso es lo que hay que resolver”.

Contexto de la Noticia

Sergio Andrés Correa

Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.

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