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Petro quiere cambiar el código penal para liberar a los de primera línea

En el proyecto que busca “humanizar” la política criminal y penitenciaria hay un parágrafo que indica que los hechos ocurridos durante una protesta no serán considerados terrorismo. La iniciativa levanta ampolla.

  • A la fecha, hay 283 personas judicializadas por supuestos delitos que se habrían cometido durante el estallido social de 2021. FOTO Manuel Saldarriaga
    A la fecha, hay 283 personas judicializadas por supuestos delitos que se habrían cometido durante el estallido social de 2021. FOTO Manuel Saldarriaga
29 de enero de 2023
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El revolcón que el gobierno Petro pretende darle a la política criminal y penitenciaria del país no deja de levantar roncha. Si bien hoy la polémica se concentra en que presos puedan salir a trabajar o estudiar de día y regresar en la noche —lo que conduciría a la impunidad, según la alcaldesa Claudia López—, hay otro punto igualmente controversial que ha pasado de agache y que se sumaría a los cuestionados beneficios que el Ejecutivo sigue dando a integrantes de la denominada Primera Línea.

Se trata de una reforma al delito del terrorismo y busca que las “conductas” que se perpetren en el marco de una protesta social o una manifestación no sean consideradas como terroristas. Actualmente, el Código Penal define al terrorismo como todo acto que conduzca a generar un “estado de zozobra o terror a la población” y que ponga en peligro su vida, integridad, edificaciones o medios de transporte.

Así, si durante una protesta se perpetran actos como una tortura, una asonada o la destrucción de bienes inmuebles con explosivos, no se considerarían como terrorismo. En plata blanca, eso significaría que sus responsables tendrían que responder por otros delitos de menor gravedad.

La controversial propuesta está incluida en un parágrafo de la reforma al Código Penal con la que el Gobierno pretende “humanizar la política criminal y penitenciaria”. Si bien se trata de un documento del Ministerio de Justicia que aún está rotulado como borrador y está sujeto a socialización y comentarios, este punto promete desatar polémica.

La razón no es otra que la seguidilla de beneficios y gabelas que Petro ha venido otorgándoles a los integrantes de la Primera Línea y a aquellos que hoy son procesados por delitos durante el estallido social de 2021, a quienes —en la mayoría de los casos— la Fiscalía les imputó, entre otros, precisamente el delito de terrorismo.

De hecho, ante las decisiones de jueces que no han encontrado piso jurídico para liberar a procesados por las protestas, Petro trinó que “ya hay tres intentos de suicidio de los jovenes” y advirtió que hay presiones de autoridades administrativas contra los jueces: “Es muy lamentable. Iremos con un mensaje de urgencia al Congreso para proteger los jueces que ayudan a lograr la paz social”.

Para el representante de oposición Hernán Cadavid (Centro Democrático), el parágrafo que reforma el delito de terrorismo representaría un riesgo en sí mismo para la propia protesta, pues las manifestaciones podrían ser utilizadas por los delincuentes para perpetrar delitos con la tranquilidad de que no podrían imputarles terrorismo.

“Estas propuestas demuestran que el gobierno Petro no tiene definida una política criminal seria ni precisa. Se han llegado a hacer planteamientos de justicia restaurativa como que un ladrón regrese un celular y le pague a la víctima seis meses de factura. Parece risible, pero así son los planteamientos”.

Según Cadavid, quien también es abogado y miembro de la Comisión Primera de la Cámara, la iniciativa desdibujaría las manifestaciones e implicaría “torcer el derecho y la democracia. Todo esto, para retribuir con favores políticos y jurídicos a la Primera Línea”.

En ello coincidió el abogado Santiago Murillo, de la firma de abogados CDS Estrategia Legal, quien advirtió que se incurriría en un acto inconstitucional: “No se puede excluir una conducta porque sí. Depende de lo que pase en la protesta, de lo que ocurra fácticamente en la situación”.

Este diario buscó un pronunciamiento por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna; sin embargo, no hubo respuesta. En entrevistas radiales, al replicar lo dicho por la alcaldesa Claudia López, Osuna defendió la reforma a la política criminal y penitenciaria, señalando que “hay gente pobre (en las cárceles) que clama por reinsentarse a la sociedad de algún modo y que está sufriendo castigo durísimo”.

Por otro lado, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) y quien ha presentado proyectos de ley para indultar a los capturados, insistió en que se está usando la figura del terrorismo para “criminalizar la protesta social”, advirtiendo que muchos hechos se han “sobrecalificado” como terrorismo. “Si hay un daño en una estación de Transmilenio es daño en bien ajeno, pero no necesariamente terrorismo. Esa es la filosofía de ese artículo”, dijo a este diario.

La reforma aún no se ha radicado y sigue siendo un borrador. De mantenerse este artículo Petro estará llamado a dar sus explicaciones y aclarar sus argumentos para evitar que medie la impunidad. La discusión apenas arranca.

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