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Después de revisar el contrato de la construcción de la segunda fase del proyecto Ciudadela Policial - Cenop en San Luis (Tolima), conformada por 51 casas, la Contraloría encontró un daño fiscal por $5.364 millones. Ese mismo proyecto tiene hoy en la mira de la Procuraduría al general Óscar Atehortúa, director de la Policía.
La Contraloría, en sus hallazgos, determinó que el proyecto está abandonado desde hace cuatro años “y no se evidencia gestión alguna para su terminación. Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad”. Según la entidad, esto se debe a “debilidades de la etapa de planeación y ejecución” que llevaron a la desfinanciación de la obra.
En concreto, la entidad puso la lupa al contrato 259-3-2012, del 14 de diciembre de 2012, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la firma Socar Ingeniería Ltda, para la construcción de las viviendas. El contrato tenía un valor de $6.697 millones.
Desde el comienzo se evidenciaron, para la Contraloría, varias irregularidades, como que solo se diera un plazo de tres días para la construcción de las viviendas, por lo que el acuerdo se tuvo que prorrogar en tres ocasiones. La primera fue el 31 de diciembre hasta el 30 de junio de 2013, luego del 28 de junio de 2013 al 28 de octubre de 2013, del 31 de diciembre de 2013 al 30 de mayo de 2014 y, por último, de esa fecha hasta el 28 de agosto de 2014.
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A pesar de la ampliación de año y medio, las 51 viviendas no fueron terminadas. “A la fecha han transcurrido aproximadamente 4 años en los cuales no se evidencia gestión alguna para la terminación de la obra y cumplimiento de los fines para los cuales se hizo la inversión de los recursos públicos”.
Entre las fallas en la construcción se encuentra que un grupo de casas está en obra negra, solo con una estructura en concreto; otro en obra blanca, careciendo de closet, muebles de cocina, sanitarios, lavamanos y divisiones de baño, y otras en un punto intermedio. “Las casas de la fase II no cuentan con conexión a servicios públicos domiciliarios”.
EL COLOMBIANO, en días pasados, denunció cómo la primera fase del Cenop en San Luis presentaba irregularidades similares. Por ejemplo, en el contrato celebrado en 2011, que tenía un valor de $10.930 millones, se dio un plazo de dos meses y 17 días para su total ejecución: del 13 de octubre al 31 de diciembre, con solo 15 días para la construcción. Este contrato se prorrogó en 12 ocasiones, durante un lapso de 2 años.
Además, este medio también contó cómo el general Óscar Atehortúa ordenó archivar una investigación interna sobre las irregularidades del Cenop en 2015, cuando era director del Fondo Rotatorio de la Policía. Para octubre de 2014, cuando ya la construcción estaba paralizada, todavía faltaba por construirse el 11,13 % de las obras, que representaban $1.238 millones.
El 10 de marzo pasado, la Procuraduría citó a juicio disciplinario por cuatro cargos a Atehortúa.
En el auto de citación a audiencia, el Ministerio Público explica que el primer cargo es por “no velar por la buena calidad del objeto contratado”. El segundo, por no declararse impedido en 2018 para conocer el expediente interno sobre el Cenop. El tercero, por pedir una línea de tiempo del mismo expediente. Y el último, por “utilizar de manera indebida la influencia de su cargo” para evitar una actuación disciplinaria por las irregularidades en las obras.