A pesar de la fuerte polémica que desató, el mico que es visto como una mordaza contra la prensa logró avanzar. En el Congreso de la República pasó a conciliación el proyecto de ley anticorrupción en el que resultó protagonista un cuestionado artículo que podría poner en vilo la libertad de prensa y la labor investigativa de los periodistas contra funcionarios.
El manejo de este tema ha dado paso a una amplia discusión en el escenario político y mediático, ya que el mico incluido en este proyecto de ley –que ya cumplió sus cuatro debates– había pasado de agache y finalmente salió a la luz pública en su último debate en Cámara, donde 73 congresistas lo defendieron y, siendo mayoría, lograron que se negara su eliminación.
EL COLOMBIANO investigó sobre la historia completa de esta iniciativa, conoció detalles de su origen, y encontró los nombres de varios de los padres de este mico, cuya au toría era desconocida por la opinión pública, ya que nadie quería atribuirse su creación.
El nacimiento del mico
En un documento con fecha del 22 de septiembre de 2021 –al que este diario tuvo acceso– se constató que la iniciativa de implementar el mico la tuvieron de los senadores Ana Castañeda (Cambio Radical), Fabián Castillo (Cambio Radical), Efraín Cepeda (Partido Conservador), Guillermo García Realpe (Partido Liberal), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Myriam Paredes (Partido Conservador), entre otros.
Estos legisladores presentaron la proposición para incluir el artículo que establece que “el que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13,33 a 1.500 salarios mínimos, sin que sea procedente beneficio o subrogado penal”.
Ante el polémico transfondo de censura contra la labor de veeduría que facilitaría la iniciativa, Cepeda le respondió a EL COLOMBIANO que apoyó la creación del artículo “para poner en cintura a los que practican esa guerra sucia (con injuria y calumnia), pero nunca con la intención de violar la libertad de prensa”.
Se hundió, pero revivió
Tras su creción, el mico pasó de agache hasta su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Allí, fue eliminado de la ponencia, tal y como se constató en un documento de noviembre de este año, firmado por el representante José Daniel López, de Cambio Radical, quien fue designado ponente en ese punto.
“Consideré el artículo inconveniente. Por eso, lo excluí bajo mi liderazgo como ponente y después aparece el texto dentro del articulado”, señaló el representante López.
Así, el artículo que impone fuertes sanciones a quienes se atrevan a criticar o investigar a funcionarios –incluyendo a los propios congresistas– reapareció sorpresivamente horas antes de su último debate en la Cámara, donde se negó (con 73 votos a favor y 51 en contra) su eliminación. Fue tanta la polémica que el Centro Democrático se unió y se logró suprimir las multas o penas de prisión, pero igual se fijó la cancelación de la personería jurídica para quien cuestione a los funcionarios.
A pesar de que esa sanción se fijó para organizaciones comunitarias, se evidenció un trasfondo para perjudicar a los medios de comunicación. Así lo dejó ver el representante Eloy Chichí Quintero (Cambio Radical), quien en el debate aseguró que “se puede arreglar ese artículo, pero hay que sancionar a los medios de comunicación porque no es justo que nos atropellen”. En esa línea estuvo César Lorduy, último ponente del proyecto, defensor del mico, miembro de la casa política que respaldó a la exministra Karen Abudinen –quien renunció por el escándalo de corrupción de Centros Poblados–, y compañero de bancada de Quintero.
Ahora a esta iniciativa solo le falta la conciliación para hacerse realidad, proceso espinoso que se adelantará en los próximos días en el Congreso. Su hundimiento (ver Para saber más) solo podría darse en dos escenarios: el Congreso o la Corte Constitucional
73
representantes a la Cámara se negaron a eliminar el mico y lo pasaron a conciliación.
Regístrate al newsletter