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Ilegales imponen reglas en veredas de Ituango
EL COLOMBIANO recorrió la zona de donde salieron desplazadas 815 personas por la presión de la confrontación entre las Agc y las disidencias.
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Entre la población desplazada se encuentran 70 niños menores de cinco años según el censo realizado por las autoridades. Los campesinos de la zona afectada pidieron un acompañamiento de organismos internacionales para su retorno. FOTO Julio César Herrera
26 de febrero de 2020
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Hugo, un campesino habitante de la vereda Quebrada del Medio, en Ituango, no soportó más la presión del grupo armado ilegal y decidió salir junto a las 32 familias que abandonaron sus parcelas . El sábado, a las 6:30 a.m., recibió una llamada del cabecilla de las disidencias de las Farc que en la que decía que “ellos iban a tomar el control de la zona y no responderían por nadie”.
Hugo no lo pensó dos veces. Cerró su casa con candado, echó en un costal su ropa y con sus dos hijos y su esposa, se montó en la chiva que pasaba por los caminos polvorientos de la vereda recogiendo a todo labriego que quisiera irse al pueblo. Atrás quedaron sus cerdos y gallinas, sus cultivos y hasta su perro que, al verse sin su amo, se juntó con los otros 20 canes que llegaron al billar de la vereda y siguen allí a la espera del retorno de sus dueños.
“Allá en la finquita se quedaron todas nuestras cosas a la buena de Dios. Vamos a ver qué encontramos cuando regresemos porque siempre que nos han desplazado, se roban las cosas”, dijo el labriego.
Pero salir del territorio es solo una de las exigencias que los grupos armados ilegales imponen a los habitantes de las veredas de Ituango. Según los campesinos, obligarlos a sembrar hoja de coca y venderles a uno solo de los armados, es ahora el pedido. La orden de los ilegales.
“Primero pasa uno de los grupos y le dice que siembre coca que ellos nos la compran, pero casi inmediatamente pasan los otros y dicen que siembre pero que solo les pueden vender a ellos, que si el vendemos al otro, tenemos problemas”, dice Juventino, de la vereda Arañas, y agrega que les prohibieron darles agua a los soldados que pasan por sus fincas.
Los quieren carnetizar
El control social es otra de las normas que imponen las disidencias de las Farc a los habitantes de las distintas veredas de Ituango. Un campesino, que pidió reserva de su nombre por seguridad, indicó a EL COLOMBIANO que, en menos de un mes, todos sus vecinos deberán tener un carné que será emitido por la comandancia de las disidencias. “Este tendrá foto, la vereda en la que habita y el teléfono del presidente de la Junta de Acción Comunal”, dice.
En una reunión adelantada por el grupo armado ilegal en una de las escuelas, lo que constituye una infracción al derecho Internacional Humanitario, DIH, por ser un espacio protegido, les explicaron que con este carné se tendría más control de quien entra y sale de los territorios.
Este control social que pretenden imponer los grupos armados ilegales en las veredas de Ituango, pasa por reprimendas a los jóvenes que cometen algún delito.
“Si ven a un muchacho en las drogas o robando, llaman al papá y le dicen que ‘enderece’ a ese joven, si vuelve a cometer los delitos, le dan un escarmiento que puede ser una pela o golpiza, y si sigue así, le declaran la muerte en un juicio hecho por ellos”, relata.
Para moverse de una zona a otra tienen que solicitar un permiso y solo pueden estar por los caminos hasta las 9:00 p.m. Si van en moto, deben transitar los caminos empedrados sin casco.
Pero una de las situaciones que más indigna a los labriegos es que los citaron a una reunión y les pidieron una cuota de 500 mil pesos anuales por las cosechas que saquen. “Uno a veces sin tener para comer, el banco cobrando por los préstamos que uno hace para poder cultivar, y encima esa gente pidiendo cuota. No hay quien aguante”.
Lo que piden para el retorno
Cansados de los atropellos, las 359 mujeres y los 448 hombres desplazados de las seis veredas de Ituango, hicieron un manifiesto con sus peticiones para retornar.
Son seis puntos que hasta ayer eran discutidos entre los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, la Alcaldía y las autoridades militares y de Policía del municipio.
Entre las propuestas está la creación de un corredor humanitario en el cañón del Bajo Inglés que cuente con acompañamiento de entidades internacionales, nacionales y regionales “que impida la entrada de actores armados a nuestro territorio”. Además, piden un plan de choque para atender el desplazamiento y solicitan que el acompañamiento no se haga con la Fuerza Pública porque aseveran que este “nunca ha dado resultados positivos para las comunidades”.
En el recorrido de EL COLOMBIANO, se pudo constatar la desolación del territorio y como los grupos armados ilegales han marcado las casas con pintas alusivas a cada una de sus estructuras ilegales, lo que ha generado más temor en la población civil.
EL COLOMBIANO intentó hablar con el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, pero al cierre de esta edición continuaba reunido con las comunidades campesinas. El comandante de la IV Brigada, general Juvenal Díaz, expresó que en la zona fueron desplegadas tropas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
500
mil pesos anuales deben pagar los campesinos a los ilegales por las cosechas.
72
adultos mayores están en los dos refugios y fueron censados por la Administración.
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