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Al menos 10 militares están retenidos por un grupo de indígenas en el municipio de Toribío, Cauca, un segundo caso de privación de la movilidad para integrantes de la Fuerza Pública que se registra este mismo año.
La denuncia se conoció a través de un video en redes sociales que muestra cómo los uniformados son acordonados en un corredor humano hecho por los indígenas, quienes se ríen mientras los ven pasar.
Los hechos se presentaron en la vereda La Pila, en el Resguardo de San Francisco, que está ubicado en la zona rural de Toribío y se habrían registrado después de que un hombre resultara herido durante una operación militar.
El alcalde del municipio, Silvio Valencia, confirmó los hechos, mientras que el Gobierno Nacional no se ha pronunciado de manera oficial sobre este hecho.
De forma extraoficial, fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a EL COLOMBIANO que la situación está en desarrollo y que están esperando información de la unidad militar a cargo de esa jurisdicción.
También se conoció que la retención se habría presentado después de que un resguardo indígena realizara una asonada contra un grupo de militares que estaba en esa zona de Toribío en el marco de una operación del Ejército contra un cabecilla que opera en la zona.
Posteriormente, se conoció un comunicado del Ejército Nacional en el que explicaron que las tropas del Comando Específico del Cauca hacían presencia en la zona como respuesta a una orden judicial de la Fiscalía tras la captura de un sujeto que era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
“En el desarrollo del procedimiento judicial, las tropas son rodeadas de forma tumultuaria y violenta por más de 700 personas, al parecer habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena, quienes impiden continuar con el procedimiento, y de donde resulta herido el individuo capturado al tratar de huir del lugar”, detalló el Ejército.
La información preliminar que suministró esa institución sugiere que el sujeto habría sufrido una cortadura en una de sus piernas. En ese momento la comunidad intervino y se llevó al hombre para un hospital, dejándolo sin la custodia de los uniformados que acompañaban el procedimiento de captura.
Tras el hecho, el Ejército envió un duro llamado a la sociedad reiterando que los operativos en los que participan los soldados corresponden al cumplimiento de su misión constitucional para proteger el Estado colombiano.
En palabras de las Fuerzas: “Se reitera que el personal militar cumple con la misión constitucional asignada. Las operaciones militares son legítimas y coadyuvan a generar condiciones de seguridad y de garantía del goce de los derechos de la población civil. Por lo anterior, se insta a la comunidad a no obstruir las operaciones militares, ya que esto puede constituir delitos, como los consagradas en los artículos 429 y 469 del Código Penal Colombiano”.
La retención a los militares en Cauca recuerda los sucesos que se presentaron hace apenas un mes, el pasado 2 de marzo, cuando la guardia campesina secuestró a 79 policías en Los Pozos, en Caquetá, y asesinó a un uniformado.
En ese momento la Fuerza Pública estuvo secuestrada durante 30 horas sin posibilidad de defenderse por la guardia campesina “Lozada-Guayabero” les quitó los elementos de protección, no tenían armas y se les acabaron los gases lacrimógenos.