Eliminar los delitos de injuria y de calumnia del Código Penal Colombiano podría descongestionar el sistema judicial y a los fiscales del país, pero su aporte para descongestionar las cárceles sería reducido. Así lo indican las múltiples denuncias y las pocas condenas que hay por estos delitos, al menos en los últimos dos años.
Recientemente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, planteó que parte de la reforma a la política criminal y penitenciaria que presentarán al Congreso incluye la eliminación de varias conductas que hoy son consideradas delitos, entre los que están la injuria (insultar a alguien) y la calumnia (señalar a alguien de cometer un delito).
Aunque la naturaleza de esta reforma a la justicia es la de humanizar las políticas que la rigen, el abogado penalista Iván Cancino le contó a EL COLOMBIANO que “no todo el proyecto busca descongestionar las cárceles, sino también descongestionar la Fiscalía para que se ocupe de casos de real importancia”.
En esa misma línea, el también penalista Francisco Bernate indicó que esta propuesta “sí descongestionaría la investigación judicial porque son dos delitos que se denuncian muchísimo los que llegan a las fiscalías y hay muy pocos fiscales para atenderlos”.
De hecho, las cifras del sistema penal oral acusatorio (SPOA) son muestra de la cantidad de procesos que llegan a la Fiscalía por estos delitos y los que terminan en una condena. Incluso, la gran mayoría de las denuncias terminan en querella: es decir, que son desistibles o conciliables.
Por el delito de injuria, en 2021 se abrieron 19.242 procesos ante la Fiscalía General de la Nación. De estos, el 89,8 % (17.280) fueron querellables, el 9,9 % (1.909) están en indagación, el 0,2 % (39) están en juicio, el 0,06 % (13) terminaron en una condena y un caso sigue en investigación.
Así mismo, en 2022 se abrieron 25.584 procesos. El 91,4 % (23.391) de estos terminó en una querella, el 8,4 % (2.152) continúan en indagación preliminar, el 0,13 % (35) están en juicio, dos casos siguen en investigación y otros dos finalizaron con una sentencia condenatoria.
Por el lado de la calumnia, en 2021 entraron 15.537 denuncias por este delito, de las cuales ninguna ha tenido una condena, el 11,2 % (1.751) está en indagación, el 88,6 % (13.766) fueron querellables y 20 están en juicio. En 2022, de las 18.265 denuncias, 16.509 terminaron en un desistimiento, 1.750 están en indagación, cinco siguen en juicio, una está en investigación y no ha habido condenas.
Con estas cifras, Bernate señala que “se deberían dejar esos delitos como están y fortalecer la planta de la Fiscalía”; mientras que Cancino expresa que “hay otras vías jurídicas cuando esos actos se cometan, como la acción tutela (que se debe resolver en 10 días) o una acción civil de perjuicio”.
Sin duda, este punto de la reforma a la justicia –que levanta ampollas por otros lados– está respaldado por los datos, que indican que eliminar esos delitos podría librar a fiscales de cargas procesales para, tal vez, enfocarse en otros de mayor impacto en la seguridad ciudadana.
