Un nuevo capítulo en la búsqueda de desaparecidos en la comuna 13 se abrió ayer con la diligencia judicial que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y se extenderá hasta el jueves.
EL COLOMBIANO conoció que el recorrido en terreno lo realiza un equipo de Policía Judicial la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en compañía de dos personas que sabrían exactamente dónde hay restos óseos y, de comprobarse la veracidad de la información entregada, los magistrados de la JEP ordenarían las medidas cautelares y la exhumación de esos cuerpos esta misma semana.
El proceso de esta diligencia judicial inició hace ocho días, cuando los funcionarios solicitaron información a la Alcaldía de Medellín, la cual constaría de informes que relacionan la atención brindada a las víctimas y los estudios de las excavaciones adelantadas desde 2010 a la fecha.
También consultaron con construcciones El Cóndor, que administra el título de la Arenera desde tiempo después de las denuncias, y a la Fiscalía sobre el asentamiento de una base paramilitar “en la parte alta de la comuna 13, de manera específica en la zona colindante a la ‘Laguna’, al parecer en los predios de La Arenera y La Escombrera”.
Desde El Cóndor respondieron a este diario que recibieron a los funcionarios de la JEP “a fin de la práctica de pruebas, la diligencia se surtió acorde con lo planeado. Sin embargo, por tratarse de un proceso de investigación que tiene reserva del sumario, no tenemos autorización de revelar detalles de la inspección”.
La inspección técnica a La Escombrera fue ordenada por la JEP el pasado mes de septiembre mediante el auto AT-038 de 2019, que incluía medidas para La Arenera y el cementerio Universal, donde se supone hay fosas clandestinas.
En aquel documento, conocido en exclusiva por EL COLOMBIANO, se ordenó “levantar registro fotográfico y fílmico de los lugares fosas, osarios, etc, donde se presuma que se encuentran cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada”.
Entre otras diligencias, la JEP ordenó también a la UIA “adelantar entrevistas a las autoridades encargadas de la administración del Cementerio o a quienes se encarguen de llevar registros de ingreso, remoción o movimiento de cuerpos de personas inhumadas”.
Carlos Arcila, defensor de derechos humanos y subsecretario de Derechos Humanos de la pasada Alcaldía de Medellín, indicó que desde la anterior intervención quedaron pendientes los polígonos 2 y 3, pero se buscó que se protegiera el lugar y que no fuera sometido a cambios ni modificadas esas zonas delimitadas. “Es muy importante el avance que está haciendo la JEP, contextualizando los hechos hablando con familiares de víctimas de los desparecidos porque es muy fundamental que se siga la investigación y se logre encontrar resultados”, expresó Arcila.
El exfuncionario expresó que dentro del proceso y en la audiencia, la Alcaldía solicitó a la Fiscalía General de la Nación una respuesta sobre la posible intervención, pero desde el ente investigador nunca obtuvieron una declaración. Además, EL COLOMBIANO consultó con la actual administración y la respuesta fue que todo el tema debería tratarse con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Una de las víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, que pidió reserva de su identidad, indicó que lo más urgente es que estos territorios no se utilicen más hasta que no se encuentren a todas las personas que se presumen están allí enterradas”.
El tema de las fosas comunes en La Escombrera fueron revelados por dos exparamilitares: Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, quien perteneció al Bloque Metro, quien lo dijo ante Justicia y Paz y Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias Móvil 8, excombatiente del Bloque Cacique Nutibara, quien expresó que él mismo enterró personas allí.
