Entre enero y noviembre de 2019 se registraron en el país 22.794 denuncias de abuso sexual a menores de edad, de acuerdo con el observatorio que publica mensualmente el Instituto Nacional de Medicina Legal. Es decir, fueron 62 casos diarios. El mismo promedio de víctimas en cada día de 2018.
Y por los delitos de acto sexual a menor de 14 años y de acceso carnal violento en menores de 14 años, en el país hay 9.705 condenados, según en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Ese, esencialmente, es el principal argumento de quienes adelantan el proyecto de acto legislativo, que busca implementar la cadena perpetua en Colombia para los violadores de niños, el cual seguirá generando debate en 2020, toda vez que salió “vivo” de la legislatura de este año. El proyecto, puntualmente, plantea modificar el Artículo 34 de la Constitución, que la prohíbe.
Johana Jiménez, promotora de este proyecto, recordó que fue aprobado en cuatro debates en el periodo pasado, pero al tratarse de un acto legislativo (que busca modificar la Constitución), requiere de ocho debates. Es decir, entre marzo y junio próximo, la iniciativa deberá superar la segunda ronda para que sea una realidad.
Hasta ahí, el proceso legislativo avanza; sin embargo, hay sectores que están en contra, pues argumentan que no es una figura necesaria.
¿Populismo?
Una de las voces que apunta a que este proyecto tiene que ver con “populismo punitivo”, es decir, implementar penas en favor de una petición de un grupo social, es la del doctor en Derecho Francisco Bernate, quien asegura que “es un debate innecesario”, pues hay condenas que pueden superar los 30 años, como el caso del homicida y abusador de la niña Yuliana Samboní, Rafael Uribe Noguera, quien fue condenado a 58 años de prisión.
“Está demostrado que no por aumentar las penas o endurecerlas hay reducción en la comisión de los delitos”, dijo Bernate. Lo mismo señaló Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, quien planteó que sería una equivocación, pues es contraria a los postulados del Estado Social de Derecho.
“Este Estado menciona la dignidad humana en cabeza de la víctima y el victimario; el derecho a la integridad personal; la igualdad frente a la ley; la prohibición de aplicar penas imprescriptibles y tratos o penas crueles inhumanas o degradantes”. Pese a esto, el proyecto tiene el aval y es impulsado por el Gobierno Nacional (ver Informe).
Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por la protección de los derechos de la infancia– manifestó que lo que falta es justicia, “pues de cada 100 casos de abuso sexual, 95 quedan en la impunidad. De modo que si cinco personas van a cadena perpetua, 95 quedan libres. Eso no nos garantiza justicia ni seguridad”.
¿Qué hacer, entonces?
Jiménez recordó que el proyecto, en su argumentación plantea lo que ha pasado con este tipo de iniciativas en Ecuador y Perú, países que aunque ratificaron la Convención Latinoamericana de derecho y cadena perpetua, que prohíbe esta pena, también “contemplan la cadena perpetua dentro de sus normas penales y no transgreden la dignidad de los reos”.
Jiménez, además, manifestó que “a buena hora hemos avanzado más que nunca en esta iniciativa en la que hemos luchado durante 13 años” y agregó que “está comprobado que es un clamor de los colombianos. Es un paso que debemos dar, teniendo en cuenta que hoy no tenemos nada que nos garantice que un violador no será reincidente”.
Al respecto, Bernate sostuvo que, en efecto, se “deben fortalecer las capacidades de investigación y justicia del Estado para tener una red fuerte” pues, según él, el problema de Colombia está en la ausencia de “investigadores, la desprotección de los niños y la inexistencia de mecanismos de protección temprana” de estos delitos.
Otro argumento que planteó Jiménez tiene que “si Colombia aprueba la cadena perpetua le estamos enviando un mensaje al mundo, en el que dejamos claro que nadie en el país tolera la violencia contra nuestros niños y que quien se meta con un niño lo pagará caro”. Finalmente, Burbano concluye que en caso de darse este paso, se verá más como si tuviera que ver con el cumplimiento de “promesas de campaña o de congraciarse con algunos sectores políticos”.
62
denuncias de casos de abuso sexual contra menores de edad hubo en 2019.
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