El Gobierno anunció este martes que objetará parcialmente la ley de Depuración Normativa, luego de recibir la alerta de la Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Este llamado consistió en que con la aprobación de esta ley, que dejaba sin piso alrededor de 10.667 leyes obsoletas, también se estaba tumbando la Ley 600 de 2000, la cual permite a la Corte investigar y juzgar a funcionarios con fuero en el país, es decir los congresistas; y a la Fiscalía, investigar a cualquier ciudadano por delitos que se cometieron en su vigencia.
En contexto: Corte Suprema se quedaría sin facultades para investigar y juzgar congresistas
Prácticamente la Corte Suprema se quedaría sin competencias para investigar y juzgar, y quedarían en un limbo alrededor de 848 expedientes que cursan en la actualidad en la Sala de Casación Penal.
La Corte explicó que todos los procesos contra aforados constitucionales se tramitan por esta ley, lo que aumenta mucho más la preocupación.
El limbo es aún más grande, pues según expuso la Corte, con la ley que incluyó esta derogatoria, además de otras leyes, no previó ningún mecanismo de transición, porque la Ley 600 contempla un sistema inquisitivo distinto a la Ley 906, que es posterior.
El Minjusticia destacó que “este proyecto fue radicado en el primer semestre de 2018”.
¿Qué implica?
Iván Cancino, abogado penalista, señaló que es “loable” que el Gobierno busque sacar de funcionamiento las leyes que no se aplican, pero no es el caso de esta ley, “porque la Ley 600 no está en desuso”.
Por otra parte, reiteró que tanto fiscalías como tribunales y la Corte llevan procesos en curso que, por ahora, no se afectarían, pues “no pueden derogar procesos en curso, pero todavía hay delitos que se cometieron bajo la Ley 600 que podrían ser investigables hasta la prescripción de los mismos”, es decir, a juicio de Cancino, en 2028.
El doctor en Derecho Francisco Bernate destacó que si esto se mantiene, provocaría “una hecatombe judicial”.
Cancino agregó que “no es lógico y no aguantaría un análisis constitucional la derogatoria de la Ley 600 para Colombia”, y llamó la atención del Gobierno para que tenga claro “que no es una ley obsoleta, no sé por qué la metieron, pero tienen que retirarla”.
El exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla, señaló que es “un error inexcusable”, y además agregó que “quedó muy mal el equipo jurídico del gobierno”. Una idea similar tiene el exfiscal Mario Iguarán, quien precisó que es “una ligereza pues hoy por hoy se siguen tramitando procesos por esta Ley. Y procesos por casos de mucha trascendencia con los Derechos Humanos”.
Además, de mantenerse, se caerían procesos como los magnicidios de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado. En relación con Antioquia, aparece el caso de Santiago Uribe Vélez . n
