Antes de que el Gobierno diera a conocer detalles de lo que sería la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para los agentes del Estado, la Fiscalía ya contaba con la lista de personas que podrían verse beneficiadas con ese esquema.
Según el ente acusador, actualmente hay 24.400 agentes del Estado implicados en 10.400 procesos judiciales que tienen que ver con el conflicto armado de Colombia.
De esas 24.400 personas, 12.900 están siendo investigadas y procesadas, mientras que 11.610 ya tienen su situación jurídica definida ante la justicia ordinaria o penal militar.
“Nosotros en la Fiscalía estamos revisando el universo de casos que pasarían a la JEP. Hay que decir que no todos los procesos podrían llegar a trasladarse, porque recordemos que solo deben ser casos con relación directa o indirecta con el conflicto”, agregó Jorge Perdomo, vicefiscal general.
Los 11.610 integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentran con su situación jurídica resuelta, ya sea con una sanción condenatoria o cualquier otra decisión judicial, son aquellas que según la JEP, podrían pedir revisión de sus casos, uno de los puntos más polémicos.
“Consideramos que aquí no debe pensarse que quienes quieran acogerse a la justicia transicional lo hagan y los que no quieran no lo hagan, la competencia debe ser por razón de la materia no por el capricho individual. Ahora, quien no quiera colaborar pues evidentemente no va a recibir los beneficios y será investigado y juzgado con las reglas que se especifiquen para esto”, advirtió Perdomo.
Falsos positivos
Sobre las ejecuciones extrajudiciales o denominados falsos positivos, la Fiscalía investiga a poco más de 800 militares presuntamente relacionados con 2.208 casos que incluyen a 3.185 víctimas.
Hasta el momento hay 357 sentencias condenatorias en las que se vieron afectados 610 integrantes de la Fuerza Pública, “personas que también podrían pedir revisión de sus condenas”, dice la Fiscalía.
Desde la Corporación Jurídica Libertad, entidad que representa a cientos de víctimas de falsos positivos, expresaron su preocupación por lo que consideran “un retroceso en lo poco que se había avanzado para brindarle verdad a las víctimas y un castigo ejemplar a los militares que participaron en los hechos”, dijo Adriana Arboleda, representante de la corporación.
Sobre la posibilidad de revisar las condenas y de absolver a los altos mandos, la representante de las víctimas agregó que “lo que tenemos hoy en día no es bueno, la impunidad es grande en todo lo relacionado a la violación de los derechos humanos, y las condenas se han concentrado solo en los militares de bajo rango. Ahora con esta jurisdicción especial la situación es más preocupante”.
La Fiscalía se prepara
El fiscal general, Eduardo Montealgre, expidió una directiva (la #003), en la que se establece y dan unas directrices claras a los fiscales sobre lo que es el correcto entendimiento del crimen de guerra y los conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Con esos lineamientos, los fiscales que estarían incluidos en la Jurisdicción Especial de Paz tendrían los conceptos requeridos para afrontar los procesos.
“Aquellos delitos en relación con el conflicto, pero que hayan respetado los principios del DIH como los de precaución, distinción, proporcionalidad y humanidad, no serán conductas delictivas, serán conductas atípicas”.
11.610
agentes del Estado que ya fueron condenados, podrán pedir revisión de sus casos.
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