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Colprensa | Publicado el 13 de abril de 2021
Luego de firmado el decreto 380, que regula la aspersión aérea con glifosato en el Colombia, la Policía Nacional informó a través de la Dirección Antinarcóticos que se encuentra lista para empezar este proceso, cuando se cumplan todos los protocolos necesarios.
De acuerdo con el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, “las aeronaves que son de alta precisión, es decir geolocalizadas, ya se encuentran en la base de San José del Guaviare, al igual que los helicópteros Jungla, que van a prestar todo el apoyo”. Las tripulaciones para estos procedimientos también se encuentran listas.
Por otra parte, las otras cinco bases destinadas a este fin están terminando el alistamiento.
El nuevo decreto fue anunciado en la noche de ayer, por parte del Ministerio de Justicia, que dejó en claro que no se activarán automáticamente las fumigaciones porque es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corte Constitucional.
El Ministerio recordó que será el CNE, en el momento de disponer la destrucción de cultivos ilícitos, quien defina el ámbito territorial donde se ejecutarán los programas y, en todo caso, deberán excluir las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y los Parques Naturales Regionales, al igual que los ecosistemas estratégicos como páramos, algunos humedales, manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.
Wilson Ruiz, ministro de Justicia, dijo que este nuevo decreto (380 de 2021), no se reactiva automáticamente la aspersión aérea, pues el CNE es quien debe verificar los parámetros para hacerlo.
La cartera que maneja Ruiz también recordó que cuando las fumigaciones puedan afectar a las comunidades étnicas, se debe adelantar un proceso de consulta previa.
Respecto a los lineamientos que ordenó la Corte, dejó claros alrededor de 14 puntos que servirán como base para las entidades encargadas de adelantar dicha práctica en los territorios. Además, recordó que el documento permite que tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Salud celebren contratos o convenios cuyo objeto sea el control independiente en cuanto a los parámetros operacionales y control de los riesgos a la salud, respectivamente.
Del mismo modo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud (INS), serán las encargadas de realizar seguimiento continuo sobre los efectos de los programas de aspersión en el ambiente y en la salud, y entregar informes de evaluación al CNE para que este adopte las decisiones pertinentes.
