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La Rama Judicial es la gran ausente de La Habana: Consejo de Estado
El magistrado Rojas dijo que confía en que la próxima generación crezca en un país en paz.
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El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, explicó de la urgencia que la Rama Judicial haga presencia en los diálogos de paz que se desarrollan con la guerrilla en Cuba. FOTO colprensa
14 de febrero de 2016
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El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, dijo que están a la espera de que el Gobierno Nacional los haga parte de la agenda de La Habana, advirtiendo que hasta ahora no han sido consultados.
El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, advirtió de la necesidad de que la Rama Judicial haga presencia en los diálogos de paz que se desarrollan con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), en especial para tratar los pormenores de la jurisdicción para la paz y el tribunal de paz.
En entrevista con Colprensa, explicó el proyecto con el cual buscan acercar a ese tribunal a las regiones, esto en una serie de 27 encuentros que realizará en todo el país y los cuales iniciarán el 3 de marzo en Ibagué.
Supimos que en la Corte Suprema hay alguna molestia con el Gobierno por no haber sido convocados en los acuerdos de paz, ¿sucede lo mismo en el Consejo de Estado?
“Considero que uno de los ausentes en todas las conversaciones de La Habana claramente es la Rama Judicial que tiene mucho que decir y aportar en todo este proceso de acercamientos para la paz y no solamente en lo penal, sino también en lo civil, lo laboral y lo contencioso administrativo. Me parece que tiene mucho que aportar de esa reconstrucción institucional que se está haciendo a partir de los diálogos de paz”.
¿Han intentado un acercamiento con el Gobierno? ¿Se ha pensado en dar a conocer una posición oficial?
“No. Todavía el Consejo de Estado no ha tomado una decisión al respecto. Yo me imagino que a partir de la dirección del proceso, que corresponde por supuesto al Gobierno, y en las dinámicas que se vienen adelantando haya espacio para la Rama Judicial. Creo que en relación con esta institución nueva que se quiere introducir (Tribunal Especial) puede ser un espacio pertinente para que la Corporación participe”.
Se ha indicado que la Jurisdicción Especial de Paz y el Tribunal de Paz van a tomar todo lo que tiene que ver con conflicto, pero no se sabe si eso será solo en materia penal o también en materia administrativa, ¿usted qué cree?
“Eso es parte de la necesidad que se tiene para que participe la Rama Judicial de manera activa en ese escenario del Tribunal Especial, para decidir competencias. ¿Qué tipo de competencias va a adquirir ese Tribunal? A partir de eso se podrá definir qué tipo de procesos serán tramitados allí, si serán solamente procesos penales, que lo dudo porque en el posconflicto es necesario examinar no solamente el tema penal. Hay otros componentes como el de reparación, el de verdad, que hacen parte de la justicia transicional y ahí tiene mucho que decir la justicia contenciosa”.
En los fallos que condenan a la Nación por tomas guerrilleras por ejemplo, últimamente se insiste en pedir a la Fiscalía que investigue a jefes guerrilleros y se exhorta para que el Gobierno denuncie los hechos ante Naciones Unidas. ¿Estos fallos se van a quedar ahí, en el papel?
“Usted ha dado el ejemplo más pertinente para justificar nuestra presencia en ese escenario de paz, porque el Consejo de Estado viene analizando y condenado al Estado por sucesos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra y, en este momento, estamos precisamente fallando casos que ocurrieron entre los años 90 y el 2000 que es como la fase más aguda de la guerra y ahí tenemos mucho que contar. El tema de verdad aparece muy claramente y por eso no sólo se ordena la reapertura de investigaciones sino que se dispone que esos fallos vayan al Centro de Memoria Histórica para que contribuyan en la literatura y en la bibliografía que debe estar en manos de los historiadores para efectos de determinar qué fue lo que sucedió en este país”.
Usted ha dicho que era más barato hacer la paz que la guerra. ¿Cuál es la idea detrás de esa afirmación?
“Lo he dicho con ocasión de las condenas que la Sección Tercera, encargada de los casos de graves violaciones de derechos humanos, que son de millonarias y merecidas indemnizaciones a favor de las víctimas. Pero no es sólo eso. También se ordenan reparaciones simbólicas con realización de excusas, videos, cátedras de Derechos Humanos y todo eso tiene unos costos altísimos. Es mucho más costoso mantener la guerra pero, adicionalmente, está el dolor de las víctimas y las situaciones de las familias de la Fuerza Pública. Por donde lo mire, la guerra es mucho más costosa”.
¿Cree que esta vez el país si va a lograr la paz?
“Yo quiero creer que sí. Al igual que muchos colombianos tengo mucha esperanza. Nuestra generación ha crecido en medio de la guerra, vale la pena que la generación venidera crezca en paz”.
Usted fue víctima de la violencia, ¿no es así?
“Soy de San Antonio, Tolima. Es zona guerrillera. Se lo han tomado dos veces. A mi tío y a dos primos los mató la guerrilla porque no se dejaron extorsionar. En mi pueblo hay afectaciones a los bienes materiales de la gente, más la angustia y el susto y por eso sé de lo que hablo”.
¿En qué consiste la iniciativa de acercar el Consejo de Estado a las regiones?
“Queremos desarrollar un programa que se llamará ‘Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones’ en donde se pretende que la institucionalidad regional conozca quién es su juez. Normalmente los alcaldes y Gobernadores piensan en las vigilancias de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía pero no están pensando en el juez de la administración que es el Consejo de Estado y los Tribunales y jueces administrativos. Históricamente los hemos condenado porque no hacen bien las cosas. El alcalde tiene que saber que todo lo que hace está reglado, entonces cuando hace contratos tiene que saber que hay una norma de contratación, cuando nombra o saca de su despacho a una persona tiene que saber que hay normas laborales que debe respetar, cuando hace actividades con la Fuerza Pública tiene que saber tiene limitaciones normativa. Se encuentra el drama de un municipio pobre condenado a miles de millones de pesos y en todo caso tiene que indemnizar porque no pudo prever”.
¿Cuándo inician esa gira?
“Vamos a hacer un encuentro de tipo piloto en Ibagué. Ya hemos hablado con las autoridades del Tolima, el Gobernador va a convocar a los alcaldes en un evento que haremos el 3 de marzo. Están previstos 27 eventos en todas las capitales en donde funcionan los Tribunales Administrativos”.
¿Qué otro reto
tiene esta presidencia?
“El año pasado el Consejo de Estado instituyó la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y queremos llevarla a todos los Tribunales para que se creen comisiones regionales. Y me gustaría, como integrante del nuevo Consejo de Gobierno Judicial, llevar esa idea de rendición de cuentas a toda la Rama Judicial para que sea la más transparente”.
¿Qué análisis hace de la situación del Consejo de Gobierno Judicial?
“Desafortunadamente está en el limbo. Cuando se creó en la Reforma de Equilibrio de Poderes se dispuso que la reglamentación del mismo la hicieran los Presidentes de las Altas Cortes y así se avanzó y se eligieron los tres expertos y se eligieron a los representantes de jueces y magistrados. Pero dichos actos fueron demandados y la Sección Quinta tomó la decisión de suspenderlos provisionalmente. Espero que muy pronto el Consejo de Estado tome las decisiones definitivas y con base en eso los Presidentes de las Cortes tendremos que reunirnos y tomar las decisiones acorde con esas bases jurisprudenciales”.
¿Este limbo está
afectando la administración de la Rama Judicial?
“En este momento, que no haya la institucionalidad prevista, no es bueno para la Rama aunque yo he estado de acuerdo en que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es una institución que debería permanecer. Pero en cuanto no entre a funcionar el Consejo de Gobierno judicial pues la Sala Administrativa seguirá operando. Hay una suerte de interinidad normativa que no le hace bien a la Rama Judicial” .
