La ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, que desde 2011 busca devolverles los predios arrebatados a sus propietarios en el marco del conflicto armado, está en el ojo del huracán por varios cuestionamientos y disputas entre funcionarios del Estado.
La polémica se agudizó hace una semana, con acusaciones mutuas entre el Gobierno y quienes le están viendo problemas de aplicación a la norma.
El procurador general Alejandro Ordóñez, tras escuchar en dos foros a pobladores de Magdalena y Cesar, manifestó que entre los inconvenientes denunciados están: la causa de la venta de la tierra no siempre fue la violencia; en muchos casos no hubo desplazamiento, sino que la gente vendió y se quedó en la zona; hay reclamantes que solo quieren dinero, pero no la restitución de la tierra; a los propietarios actuales no se les notifica de manera correcta que el predio entró a reclamación.
“La ley se hizo para despojar a los despojadores, no a campesinos que de buena fe han trabajado la tierra”, indicó Ordóñez, y agregó que el Gobierno no puede estigmatizar como responsables de despojo a quienes piden revisar las sentencias o controvierten la citada ley en los estrados.
Varios de los cuestionamientos provienen del gremio ganadero. Jaime Clavijo, presidente de la Federación de Ganaderos de Santander, citado por el portal Contexto Ganadero, acotó que “la ley quedó mal hecha porque lleva a la victimización de los que hoy son legítimos propietarios”.
Y José Bedoya, gerente de la Cooperativa de Lecheros de Magdalena, en diálogo con el mismo medio, expresó: “ya están dando fallos donde le están quitando la tierra a los campesinos por el simple hecho de que la compraron en el marco de la violencia”.
En el centro de la polémica están los “segundos propietarios de buena fe”, que compraron predios de manera legal a los dueños, cuando estos los vendieron baratos por el conflicto armado en la zona. En varios casos, esos dueños iniciales han vuelto a reclamar lo que antes vendieron.
El Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao, reconoció que “en la implementación (de la ley) pueden presentarse defectos, pensamos que deben hacerse ajustes en el proceso de los segundos reclamantes, porque hay una queja generalizada: negocios que fueron hechos voluntariamente hace años, hoy son objeto de reclamación y la gente siente que no se le está protegiendo”.
La defensa de los segundos ocupantes no fue contemplada por la Ley de Restitución y está siendo asumida por el Sistema de Defensoría Pública a raíz de una petición de la Unidad de Restitución.
En la actualidad hay más de 1.000 de estos casos en curso, por lo que Cajiao y su equipo le presentarán a la Presidencia una solicitud de revisión de la norma.
La discusión se ha politizado también, de cuenta de confrontaciones verbales entre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; y entre el procurador Ordóñez y el presidente Juan M. Santos.
El Jefe de Estado criticó que en Santander, Magdalena y Cesar están circulando panfletos que invitan a marchar contra la restitución, y que hay personajes queriendo ganar réditos políticos con el tema. Santos aseguró que los propietarios legales nada tienen que temer.
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