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“La violencia contra los periodistas se disfraza como el derecho a debatir de los gobernantes”: FLIP

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), advierte de intimidaciones de funcionarios públicos contra periodistas. Señala a Petro y a Barbosa.

  • Según Bock, con sus actuaciones el presidente Petro busca generar “un clima adverso hacia los periodistas”. FOTO Lina Gasca - Colprensa

    Según Bock, con sus actuaciones el presidente Petro busca generar “un clima adverso hacia los periodistas”.

    FOTO Lina Gasca - Colprensa

12 de febrero de 2024
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La semana pasada, en medio de otra de las frecuentes embestidas del presidente Gustavo Petro contra la prensa, Colombia conmemoró el día del periodista. Sin embargo, el panorama es dramático. Durante 2023 hubo 158 amenazas a la prensa. En este 2024 ya van 23 agresiones. Y solo el jueves, día de las marchas convocadas por Petro, varios comunicadores fueron hostigados.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), alerta por agresiones y estigmatizaciones contra los medios y los periodistas por parte de funcionarios –incluido el saliente fiscal Francisco Barbosa–, advirtiendo además que este tipo de situaciones se están normalizando. Pide mayores esfuerzos y compromisos para hacer respetar la libertad de prensa.

En menos de dos meses ya hay 23 agresiones contra la prensa. Apenas durante las marchas convocadas por Petro varios comunicadores fueron hostigados. ¿Es atípico un inicio de año tan violento para los periodistas?

Desde 2019, cada año hemos ido documentando un número de amenazas muy alto en contra de periodistas. Se mantiene esa tendencia: cada año hay entre 400 y 500 ataques contra periodistas. Es una proporción muy alta, pero las amenazas son realmente las que generan un impacto más alarmante.

Aquí hay que hacer una mención especial al periodo de las elecciones, que fue realmente difícil, porque en muchos casos esto lleva a que los periodistas dejen de publicar información e incluso, cancelen los espacios informativos. Ello lleva también a estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos, que ha crecido de manera alarmante y significativa.

Se trata de violencia contra los periodistas que se están normalizando y que se disfraza como un legítimo derecho que tienen los gobernantes a discriminar o a debatir del contenido periodístico. Los funcionarios fueron uno de los principales responsables de este ambiente hostil hacia el trabajo periodístico.

Frente a asesinatos de periodistas, ¿cuál es el panorama?

El año pasado fue asesinado un periodista en Ciénaga de Oro y fue el cuarto homicidio en los últimos 18 meses, es decir, bajo el gobierno de Gustavo Petro. Es una cifra muy alta y preocupa por el perfil de los periodistas. Los asesinados fueron Rafael Moreno en Montelíbano (Córdoba); Wilder Córdoba en la Unión (Nariño) –estos dos ocurridos en el 2022–; Luis Gabriel en Ciénaga de Oro el año pasado y el más reciente, en enero de este año, de Mardonio Mejía.

Son periodistas que eran la única voz de sus municipios, eran los más reconocidos, tenían un liderazgo cívico y social muy importante, y con su asesinato se termina acabando con el periodismo de ese lugar,

pero también la voz que permitía que las denuncias ciudadanas tuvieran eco. Y sobre esto, hay que enfatizar no solo en el impacto, sino en la nula o muy pobre respuesta por parte del Estado.

No ha habido un rechazo de estos crímenes por parte del Gobierno. No hubo acciones que muestren un acompañamiento a estos liderazgos tan importantes.

¿Qué dinámicas han marcado esa estigmatización por parte de servidores públicos?

Es el discurso político versus el periodismo, y como hemos visto –por supuesto–, es el discurso del presidente Gustavo Petro, que se replica en acusaciones contra la prensa de alcaldes, concejales, directores de hospitales públicos, de colegios y funcionarios de todo nivel. Ellos encuentran en las palabras de Petro una autorización para hacer eco y para llamar a los periodistas vendidos, corruptos, que están detrás de intereses políticos y que lo que buscan es desestabilizar.

Esta narrativa es sumamente peligrosa. Se trata de violencia y de querer generar también un ambiente y un clima adverso hacia los periodistas.

¿Qué responsabilidad tiene el presidente Petro frente a esos ataques y estigmatizaciones contra el oficio?

El presidente tiene unas obligaciones constitucionales que han sido reforzadas por la Corte Interamericana frente a una mayor tolerancia y un respeto especial hacia el trabajo periodístico. Es una línea que no se debería cruzar porque tiene unos impactos muy peligrosos. Sin embargo, no lo ha hecho y, por el contrario, no ha ahorrado energía ni mensajes para generalizar y decir que hay una prensa al servicio de los sistemas económicos, que quiere instalar un golpe blanco y que hay unos medios al servicio del capital que están en contra del cambio. Es un mensaje muy peligroso, porque da vía libre a que otros funcionarios se sientan en la libertad para hacerlo.

Ha tenido enfrentamientos puntuales con algunos periodistas y medios, siendo estigmatizante, y sin pruebas. El presidente es hábil al señalar problemas estructurales que hay en el periodismo colombiano, como la concentración fuerte. No se tiene el pluralismo que debería tener y hay intereses económicos entre los propietarios de los principales medios de comunicación. Las cuatro familias más ricas del país son propietarias de varios sistemas mediáticos y eso tiene un efecto.

Eso ocurre en una coyuntura en la que el periodismo está atravesando a nivel global por una transformación que tiene que ver con el modelo negocio, los contenidos y las dinámicas, y todo esto hace que sea un terreno muy fértil para que estas críticas calen fácilmente en la audiencia. Eso lo está aprovechando el presidente.

Sumado a esa estigmatización del Gobierno, también han alertado por hechos intimidatorios por parte de la Fiscalía de Barbosa. ¿Qué tan atípico es?

Los atropellos en esta Fiscalía de Francisco Barbosa no se han visto en periodos de otros fiscales. Son atropellos institucionales. Hemos visto varias veces que la Fiscalía ordena, de manera completamente inconstitucional, un allanamiento o una inspección a un medio de comunicación para indagar sobre las fuentes que están utilizando, los contenidos y las grabaciones. Es una violación abierta a todos los estándares de libertad de prensa. Y genera un nivel de censura altísimo, llevando a que se estigmatice y encasille a unos medios de comunicación como si fueran los enemigos del Estado.

Hemos visto que son acciones contra medios que publican información que deja en evidencia fallos e irregularidades por parte de la Fiscalía. Hay un ambiente constante de miedo entre los periodistas que cubren la Fiscalía, precisamente por este tipo de lesiones.

El legado que dejará Barbosa como fiscal es que utilizó una institución para asustar e intimidar a los medios de comunicación que eran críticos con su gestión.

¿Confían en que el panorama cambie con la vicefiscal Martha Mancera, quien asume desde este martes?

La vicefiscal ha acompañado en las líneas estratégicas al fiscal. Nosotros mismos tuvimos una situación en la que la Fiscalía ordenó que se hicieran unas visitas para revisar cámaras de seguridad, libros y registros de quienes entraban o salían. Ante el revuelo, tuvimos una reunión con el fiscal y vicefiscal, y se comprometieron a respetar la libertad de prensa. Pero nada de eso ocurrió. Ambos no han dado garantías para el trabajo periodístico y, por el contrario, han usado su poder para intimidar.

Eso me da pie para preguntarle también por los casos de acoso judicial contra los periodistas. ¿Cuál es el panorama?

Esos casos persisten y son una herramienta que también utilizan abogados, políticos y empresarios para también intimidar a los periodistas con advertencias de demandas por injuria y calumnia. Es una manera para que los periodistas desmonten la publicación o dejen de investigar sobre lo que están haciendo. Someterse a un proceso judicial lleva tiempo, implica recursos, desgasta e intimida.

¿Qué otras amenazas hay contra la libertad de prensa?

Uno de esos riesgos es la financiación de los medios de comunicación. Estamos ante un problema significativo en el que los recursos de publicidad oficial por parte de las instituciones públicas están teniendo un impacto muy alto en las líneas editoriales de los medios de comunicación. En una encuesta que hicimos el año pasado a 600 periodistas, la mitad decía que había recibido recursos y había cambiado su contenido editorial por los recursos de financiación de la publicidad oficial.

Vemos que hay un derroche grandísimo en la Alcaldía de Barranquilla con López Pumarejo; en la alcaldía de Claudia López en Bogotá, o la Alcaldía de Cali, con Jorge Iván Ospina.

No hubo contrapesos ni frenos, y se están viendo todo tipo de hechos de corrupción y otros que terminan incidiendo en el contenido de los medios de comunicación.

¿Cuáles son las regiones más afectadas, aquellas donde es más difícil ejercer el periodismo?

Hay tres tipos de niveles. Hay unas regiones donde no hay medios de comunicación, entonces son puntos ciegos para el país. No sabemos lo que ocurre en Vichada, en buena parte de la Amazonía, en el Pacífico y en varios departamentos de la Costa Atlántica. Allí las voces periodísticas son muy vulnerables y frágiles.

Hay otras regiones donde persisten la preocupación por el número de amenazas: son Putumayo, Arauca, Córdoba y Cauca. Y finalmente, hay un tercer nivel, que es lo que ocurre en Medellín y en Bogotá, donde está el mayor número de periodistas y por lo tanto, también hay mayor número de intimidaciones. Hay amenazas, por ejemplo, cuando se están haciendo investigaciones sobre temas de corrupción o sobre algún clan político.

¿Persisten las amenazas también por parte de grupos armados?

La principal amenaza en 2023 viene por parte de los grupos armados ilegales. Hay un número alto de amenazas que vienen de las disidencias de las Farc y de otros grupos guerrilleros después de la firma del Acuerdo de Paz, puntualmente en los lugares donde hay una disputa por el control de territorios. Es el caso de Huila, Cauca, Putumayo o Arauca.

Después tenemos otras mafias que no necesariamente son las Autodefensas Gaitanistas, sino que son más grupos como los Cancerberos en Tuluá, que amenazaron a todos los medios de comunicación e impidieron que se hiciera un cubrimiento de las elecciones en ese municipio.

Estamos hablando de bandas que quieren amedrentar y quieren asustar a los periodistas, y no solamente con amenazas –de qué temas no pueden cubrir–, sino también obligándolos a divulgar lo que ellos quieren difundir, como sus panfletos, o incluso (como el caso de Arauca) intimidaciones para que los acompañen y el periodista tiene que hacerles un video.

¿Qué está haciendo la FLIP para evitar que este tipo de casos no quede en la impunidad y haya una acción decidida por parte del Estado?

Los crímenes contra periodistas en Colombia se volvieron un asunto que, desafortunadamente, ya parece paisaje. Es un tema de los últimos 30 años y las cifras de investigaciones son prácticamente nulas. La gestión de la Fiscalía en estos casos es realmente insuficiente.

Ante esa ausencia de justicia, la respuesta y el apoyo estatal se hace más necesario, pero no ocurre. Esto tiene que ver también con cómo se utiliza este discurso en contra del periodismo que resta credibilidad, que mina la confianza entre la audiencia y la prensa. Ese es uno de los problemas más profundos que hay con esta tensión entre política y periodismo y hace mucho daño a los periodistas.

Hoy se ve que salen los periodistas salen a cubrir unas manifestaciones y es muy probable que sean agredidos por los manifestantes por el medio de comunicación para el que trabajan. También es muy posible que en una rueda de prensa un funcionario los llame públicamente y les diga cualquier adjetivo descalificador para ponerlos en la mira. Son estrategias para debilitar las investigaciones periodísticas y desviar la atención de los asuntos importantes. Es convertir al periodista en la noticia y no al contenido sobre el que se está hablando.

Por ello, desde la FLIP hacemos un llamado a este Gobierno para volver sobre un acuerdo fundamental, que es el respeto a la libertad de prensa. Eso no se debe confundir, como muy hábilmente lo ha hecho el Gobierno, con el derecho a protestar o a llevar las controversias sobre los contenidos periodísticos por los canales constitucionales que existen. Eso es lo que hemos repetido varias veces y es algo que el Gobierno no ha querido incorporar: si hay una diferencia sobre un contenido está el derecho de rectificación y otras herramientas para que los funcionarios públicos puedan corregir la información que no sea correcta. Pero lo que no puede ser es que el periodista se convierta en el saco de boxeo para que cualquier contenido que no guste a un funcionario público sea materia u objeto de descalificativos y de mensajes que lo que buscan es minar la confianza en el periodismo.

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