El proyecto de ley de vacunas, que fue aprobado en Cámara y Senado, ahora pasó a sanción presidencial, luego de que se realizara la conciliación entre ambas instancias.
Al respecto, el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, ponente del proyecto en Senado, aseguró que de esta manera se declara la vacuna covid como de interés general, la cual será aplicada gratuitamente a los colombianos.
La conciliación fue aprobada en sesión mixta entre Cámara y Senado este jueves y mantuvo lo incentivos a las empresas y personas que quieran donar para financiar la estrategia de inmunización lo puedan hacer, recibiendo el beneficio del 50 % como pago de impuestos adelantado.
Araújo aseguró que la responsabilidad quedará en cabeza de los fabricantes con consideraciones especiales para poder negociar con los mismos, especialmente por la polémica generada en el país en torno a la exoneración de responsabilidad a las farmacéuticas en caso de reacciones adversas.
En este punto es necesario recordar que el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, había destacado que esa exoneración era prácticamente una exigencia que estaban realizando las farmacéuticas, especialmente porque la investigación de la vacuna se hizo en menos de un año y no en ocho o 10 años, como se realizan por lo general.
El artículo en cuestión
Puntualmente, la discusión tiene que ver con el artículo quinto del proyecto, a un paso de convertirse en ley, el cual señala que “los fabricantes de vacunas contra la covid–19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.
De igual manera, un parágrafo señala que el régimen de responsabilidad solo se aplicará a las vacunas contra la covid-19 y las que se generen, “en caso de otras pandemias, mientras estas se encuentren bajo un régimen de aprobación de emergencia o una aprobación especial transitoria por parte de las entidades competentes”.
Araújo, además, señaló que “dentro del proyecto quedó establecida la posibilidad de acceder a la vacuna no solo por el mecanismo Covax, sino que también se permiten las negociaciones bilaterales con los fabricantes”, como está sucediendo en la actualidad.
Incluso, el Gobierno Nacional ya tiene listos $437 mil millones para comprarle 10 millones de vacunas covid al laboratorio Pfizer. Así quedó establecido en la Resolución 2327 del Ministerio de Hacienda, que fue firmada el 25 de noviembre pasado. Según la Resolución, cada dosis de la vacuna contra el coronavirus cuesta 12 dólares.
Además, el artículo séptimo plantea que se establece que el Gobierno Nacional “sujeto a disponibilidad de recursos” podrá adquirir una póliza de cobertura global para cubrir las posibles “condenadas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacuna contra la covid-19 aplicada por el Estado”.
Para definir qué tipo de reacciones adversas frente a la vacuna covid, el artículo cuarto menciona que se creará un Consejo de evaluación de reacciones adversas, el cual se creará como parte del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (Iets), el cual se encargará de evaluar la existencia o inexistencia de un “nexo causal” entre ele evento adverso y la aplicación de la vacuna. Este consejo estará integrado por cinco consejeros, “quienes tendrán apoyo técnico del Iets.
Frente a la conciliación y prácticamente sanción presidencial segura, pues el proyecto tuvo mensaje de urgencia del Gobierno, el senador de Alianza Verde Juan Luis Castro, aseguró que en salud pública las soluciones no son fáciles en todos los casos y, aunque apoyó el proyecto parcialmente porque da garantía de acceso universal, tiene cuestionamientos.
Lo primero pasa por el artículo quinto, sobre el cual se mantiene en que hay una “gabela” a las farmacéuticas. “¿Qué nos mostró esa gabela? Que no hubo margen de negociación. A mi como salubrista público sí me pareció preocupante que ni la canciller ni el ministro de Salud dieran respuestas concretas frente a los problemas de ese artículo”, aseguró Castro.
El segundo punto, dice el congresista, está relacionado con una política de transparencia frente a las negociaciones, esencialmente porque el país ha adelantado negociaciones calificadas como confidenciales.
“Incluí en esta ley, vía proposición, un artículo que adoptaron los ponentes para darle a toda la negociación de la vacuna transparencia y control ciudadano. Esta es una de las decisiones de Estado más importantes en nuestra historia. Y la negociación no puede ser a oscuras ni en confidencialidad”.
Esta proposición alrededor de la transparencia quedó plasmada en el artículo diez, en el que queda claro que el Ministerio de Salud deberá publicar mensualmente un “informe de fácil acceso a la ciudadanía en relación con todas las gestiones y medidas que integran el objeto de la presente ley”. Este informe deberá ser presentado y expuesto en sesiones de las comisiones Séptima, tanto en Cámara como en Senado.
Regístrate al newsletter