Una ponencia positiva al nombramiento de un fiscal ad hoc, que asuma exclusivamente la investigación que se adelanta por los sobornos de Odebrecht en el país, fue radicada ayer por el magistrado ponente, Gerardo Botero, y hoy será estudiada por el total de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la palabra final.
Para que se dé vía libre a esta ponencia, deberá sumar 16 votos de los 23 magistrados del alto tribunal.
Esta opción ha tomado fuerza en las últimas dos semanas ante la magnitud que ha adquirido el escándalo alrededor del presunto conocimiento del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de los sobornos de Odebrecht, un año antes de llegar al cargo. Esto se suma a las acusaciones de que el funcionario habría obrado en favor de sus antiguos empleadores del Grupo Aval para desviar de ellos la investigación por irregularidades contractuales en la Ruta del Sol 2.
Por esta razón, el alto tribunal planteará si elegir a un personaje independiente para que conozca exclusivamente de las investigaciones abiertas por esta trama, es el mejor camino para darle transparencia a los resultados del ente acusador.
La discusión no será sencilla, pues la figura ad hoc –una locución latinaque significa literalmente “para esto”–no existe como tal en el marco normativo vigente.
Por esta razón, la Corte Suprema no tendrá una base establecida para obrar y su decisión será interpretativa del principio de transparencia, lo que abarca nuevas interrogantes sobre cómo procedería este fiscal ad hoc.
Para ello, el operador jurídico tendría que no aplicar la norma y accionar directamente la Constitución, “si considera que el sistema no ofrece suficiente imparcialidad”, explicó Juan Manuel Charry, experto constitucionalista.
Sin embargo, lo que sí está claro, al parecer, sería la forma cómo este funcionario independiente sería elegido.
Basado en el principio del juez natural, como la Corte elige al fiscal, también tiene la facultad de elegir este funcionario especial. La elección saldría de una terna que deberá ser propuesta por el presidente, Iván Duque, quien podrá confeccionarla con criterio propio y discrecional.
Las interrogantes
La competencia es uno de los temas que aún no tiene mucha claridad. Así lo consideró el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, quien recordó que el fiscal por norma se declara impedido para casos concretos.
“¿Entonces qué conocerá este fiscal ad hoc y por cuánto tiempo? Puede ser el conjunto de procesos que se desprenden de Odebrecht y tocan al Grupo Aval, que es el centro de la atención, sin embargo, nada de esto está previsto”, dijo Beltrán.
En ese orden de ideas, la mayor duda en la práctica está en si se hablaría de un fiscal o una Fiscalía ad hoc. La diferencia no es mínima, pues de tratarse de un único funcionario, deberá trabajar con un equipo de profesionales que responden y dependen laboralmente del fiscal general.
En el actual ordenamiento jurídico, cuando el fiscal general se declara impedido, las investigaciones las conoce su vicefiscal. En este cargo, desde abril de 2017, los casos que han llegado al despacho de Martínez han pasado a competencia de María Paulina Riveros.
Sin embargo, esta fue recusada por la Red de Veedurías, lo que le dio la oportunidad de solicitarle a la Corte la aplicación del principio de transparencia para el nombramiento de un fiscal independiente.
En ese sentido, trascendió que la ponencia de Botero considera que la aplicación de la figura no se alteraría el Código de Procedimiento Penal en el apartado de las competencias del fiscal y el vicefiscal.
Juan Carlos Álvarez, experto en derecho penal y docente de Eafit, argumentó que “el problema es que los fiscales que investigan dependen funcionalmente del fiscal, por ello es que se pide una figura que no dependa funcionalmente del Néstor Humberto Martínez y de esa manera asegurar total imparcialidad”.
Pero esta cuestión desprende otra interrogante. Si no es fiscal sino equipo ad hoc, ¿de dónde saldrán estos investigadores, en dónde trabajarán y quién definirá su presupuesto?
Si observamos el organigrama del poder judicial, la Fiscalía General de la Nación es un ente que responde a la supervisión del Consejo Superior de la Judicatura, pero su presupuesto es definido por asignación estatal, dentro del presupuesto general de la nación que confecciona el Ministerio de Hacienda.
En ese sentido, Beltrán asegura que podría ser el Presidente de la República, en su condición de suprema autoridad administrativa, quien pueda tomar estas decisiones.
De cualquier manera, acorde al presidente de la Corte, José Luis Barceló, es posible que el proceso del fiscal ad hoc culmine antes del 19 de diciembre, cuando termina el calendario judicial.
Vale anotar que la visita la semana pasada del fiscal y la vicefiscal a la Corte para sustentar la aplicación del principio de transparencia, más los apoyos del Procurador y del Presidente a la idea del fiscal ad hoc, genera todo un clima de presión adicional para tomar esta decisión.
