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Los escenarios para rescatar el tesoro del galeón San José
Tras el embargo de los bienes del San José, quedan en vilo los intereses de quienes creen tener derecho sobre él.
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El galeón San José naufragó durante la ‘Batalla de Barú’, tras ser atacado por barcos ingleses. Este había zarpado de Cartagena en dirección a Portobelo, hoy en Panamá. Esta imagen fue revelada por el Instituto Oceanográfico Woods Hole en mayo de 2018. FOTO ICANH
03 de abril de 2019
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Sumergidas. Así quedaron las intenciones del Gobierno colombiano de rescatar el galeón San José, tras la decisión que el pasado lunes tomó el Tribunal Superior de Barranquilla ordenando el secuestro de los tesoros del navío, hundido en el mar Caribe desde 1708.
El tribunal se atuvo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia emitida en 2007, que reconoció a la empresa estadounidense Sea Search Armada como la primera en descubrir los restos del barco en 1982 y le otorgó la propiedad del 50 % de los tesoros que allí se encuentren.
Pero los estadounidenses no son los únicos que tienen intereses sobre los bienes del naufragio. Aunque Colombia reclama el tesoro como patrimonio de sus ciudadanos, España y Reino Unido también entran en el panorama.
El lío con los británicos
El gobierno de Juan Manuel Santos suscribió en 2015 una Alianza Público Privada con la británica Maritime Archeology Consultants Switzerland, para extraer los bienes del mar. La empresa desconoció el hallazgo que había hecho la Sea Search y aseguró haber dado con las coordenadas exactas del naufragio. Aún así, el actual gobierno suspendió el contrato hasta aclarar varias dudas jurídicas.
Pero con la reciente decisión del Tribunal, la intención del Estado de rescatar los tesoros del galeón podría encontrar una fuerte talanquera jurídica, pues la medida podría dejar sin efecto el contrato con la empresa británica, a la que se remuneraría con el 45 % del valor de los hallazgos que no sean patrimoniales.
Así lo considera el magíster en Derecho Internacional Rafael Eduardo Tamayo, quien explicó que “la medida de secuestro, que hace que los bienes no puedan ser comercializados e implica también que el Estado no podría disponer gastos en relación al galeón hasta tanto el juez no levante la medida”.
El interés de la Sea Search
Aunque la justicia colombiana reconoce que la estadounidense Sea Search Armada es dueña de la mitad de los bienes, la empresa se ha mostrado dispuesta a renunciar a ese derecho a cambio de una indemnización económica. Esto sería conveniente para Colombia, pues si decide declarar oficialmente los tesoros como patrimonio, el 100 % de los bienes tendrían que permanecer en el país.
Pero Tamayo considera que la orden de secuestro también dificulta esa posibilidad, pues no se podría determinar el avalúo de los tesoros sumergidos, hasta ahora desconocido, para ponderar las pretensiones de la empresa.
“Hay una especulación muy grande sobre el monto de los bienes y en caso de que el Estado no reconozca la parte que la empresa reclama, se expone a un riesgo gravísimo de demanda”.
El reclamo ibérico
España también ha argumentado propiedad sobre el galeón, pues se trataba de un navío de colonizadores con bandera de ese país.
Pero en diciembre pasado, el Gobierno colombiano declaró que actualmente no existe algún tipo de acuerdo con España con respecto a la recuperación del barco y que aún espera una propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.
Al respecto, el abogado español experto en patrimonio, José María Lancho, consideró que “ese galeón es un yacimiento hispánico, España está dispuesta a entender este patrimonio como común y compartido y por eso esta es la hora en que el Estado colombiano puede zanjar el futuro de todo un registro histórico común”.
El experto añadió que lo que decida Colombia marcará un precedente continental y por eso “no puede querer el galeón San José con argumentos que desprotegerán el resto de los galeones que descansan en los mares americanos”.
La respuesta de Colombia
Por su parte, la Vicepresidencia de la República aseguró que la decisión del tribunal “se refiere a una medida procesal antigua, que en nada afecta el actual contrato”.
El despacho reiteró que Colombia dará respuesta pronta a la propuesta de la Sea Search Armada “de renunciar a los derechos que cree tener a cambio de una jugosa indemnización”, que buscará la mejor fórmula jurídica para que los bienes “permanezcan como propiedad del Estado colombiano” y que seguirá manteniendo “en absoluta reserva” las coordenadas
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años ha durado la polémica legal por los bienes del barco naufragado.
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