Los falsos positivos, y las acciones que tomó el Gobierno para enfrentar ese problema, fueron el eje del encuentro del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la Comisión de la Verdad, en cabeza del padre Francisco De Roux, una conversación que por momentos se subió de tono.
La reunión se cumplió ayer en la finca del exmandatario, en la vereda Llanogrande, del municipio de Rionegro, y fue transmitida por redes sociales. Por parte de la Comisión asistieron su presidente y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios; al expresidente lo acompañaron sus hijos Tomás y Jerónimo, detrás de cámaras.
Antes de comenzar, Uribe recordó que él no reconoce la legitimidad de las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, incluyendo a la Comisión, ni tampoco acepta que en Colombia hubo “conflicto armado”, pero que accedió a conversar porque no se opone a la construcción de la verdad.
En la primera parte del diálogo, Uribe defendió su política de Seguridad Democrática; sus acciones por la paz cuando fue gobernador de Antioquia (1995-97), incluyendo la creación de la Comisión de Paz; y las decisiones que tomó en la Presidencia (2002-10) para investigar las ejecuciones extrajudiciales.
“A mí me fue muy difícil aceptar que eso estaba ocurriendo, porque quiero mucho a las Fuerzas Militares, pero tomé medidas”, indicó Uribe, afirmando que desde 2003 creó una comisión de DD.HH. para investigar las denuncias de la comunidad.
“Di la orden de que todas las bajas en combate las debía investigar primero la Fiscalía, que ningún soldado podía mover un cadáver antes de que el CTI lo inspeccionara. Eso fue, prácticamente, entregarle las investigaciones a la justicia ordinaria en vez de la Penal Militar. Hay cerca de 1.800 personas condenadas por esos delitos”, expresó.
Uribe cuestionó a quienes lo señalan de instigar los falsos positivos debido a su política de “exigir muchos resultados”. Al respecto, dijo: “Es mi obligación, es mi carácter. He sido exigente de resultados, no solo a la Fuerza Pública, también a otras dependencias. La culpa no es del que exige resultados de forma transparente, sino del incapaz criminal, que finge resultados”.
Aseveró que en el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales no se ha investigado de forma suficiente la incidencia del narcotráfico, como sucedió con algunos crímenes cometidos por la brigada del Ejército en Ocaña. Frente a casos denunciados en el municipio de Cajamarca, reflexionó: “(...) Me da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados, porque el día que yo llegué ahí me dijeron que unas personas habían fallecido en un combate con las Farc, y resultó que no fue así”.
Apuntó que tampoco se ha indagado a profundidad la manera en que los señalamientos a personas generaron estos asesinatos, es decir, cuando a alguien lo sindicaban de ser auxiliador de la guerrilla o los paramilitares.
En total fueron 62 puntos los que trató el exjefe de Estado en su exposición de dos horas y media, en las que justificó su programa de cooperantes, la política de desmovilizaciones individuales y colectivas, el combate a los cultivos ilícitos y el hurto de hidrocarburos, con el que se financiaban los grupos armados.
