Aún sin salir del asombro causado el pasado 17 de junio por la muerte de un perrito que un soldado lanzó por los aires en una base en Nariño, ayer el país presenció un nuevo escándalo hecho por militares: un grupo de troperos fue acusado de presuntamente violar a una indígena de 12 años de edad en zona rural del municipo de Pueblo Rico, Risaralda.
En el caso de Nariño ya hay una judicialización contra los presuntos involucrados; en lo ocurrido en Risaralda, la Fiscalía abrió ayer una investigación por este acto, que habría ocurrido el pasado 22 de junio y fue denunciado por la misma comunidad indígena ante la opinión pública.
El ente acusador confirmó que son ocho los militares que estarían involucrados, y que ya obtuvo el tesimonio de la víctima y de otras 25 personas que “pudieron tener conocimiento sobre este hecho”.
Los dos acontecimientos violentos fueron rechazados no solo por el comando general del Ejército sino también por la Presidencia de la República. “A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una menor indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar”, aseveró el presidente Iván Duque.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el Gobierno no dejará sola a la niña. “La Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos, y un acto aberrante de esta naturaleza debe tener agravantes de la responsabilidad”, añadió.
Por su parte, el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, recordó mediante un comunicado que “el respeto y protección de los derechos humanos es una política institucional absoluta, con énfasis en la protección especial de los menores de edad, en la que prevalecen sus derechos”, por esa razón ordenó que se investigue lo sucedido.
Un año de polémicas
Ante el presunto acto de la violación de la menor de edad, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, Comandante de la Quinta División, la cual pertenece a la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, expresó en rueda de prensa que “el Ejército no tiene este tipo de comportamientos. Nuestros soldados están capacitados y entrenados precisamente para un comportamiento y acercamiento adecuado. Esa tropa fue relevada”.
Este tipo de hechos se suma a escándalos de corrupción, chuzadas ilegales, seguimientos irregulares a periodistas, políticos y otras personas, que han estallado recientemente.
Para Juan Carlos Ortega, analista del conflicto armado, este tipo de acciones violentas que llevan a cuestionar la integridad de una institución como el Ejército, puede presentarse porque a pesar de que a los militares se les brinda un adoctrinamiento de respeto a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, algunos se centran solo en beneficios personales descuidando el compromiso que juramentaron de brindar protección a las comunidades.
“En los casos de corrupción que se han visto en el país, ¿qué han buscado los altos mandos militares? Lucrarse, llenarse los bolsillos con dineros públicos. ¿Qué buscaban en el caso de los falsos positivos? Mostrar resultados ante la exigencia de sus superiores y, anteponiendo esos intereses, se perdió de vista el honor militar”.
Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, el asunto de los escándalos en el Ejército y la Fuerza Pública, va más allá de simples casos aislados debido a que cuando han ocurrido se han hecho cambios, pero este tipo de problemas se siguen presentando porque la falla es estructural y no hay castigos severos a estas malas acciones.
“No se ven unos castigos ejemplarizantes frente a las actuaciones de varios miembros. No se puede hablar de manzanas podridas, porque en los falsos positivos se dijo que eran unos oficiales, se hizo una purga, pero ya han pasado 10 o 15 años y vemos que se repiten las mismas situaciones. Lo que podemos ver de fondo es que como no hay castigos, finalmente esto se vuelve un tema cíclico, algo que no para”, aseveró el experto.
