Para la auditora general Laura Marulanda no solo el problema del trasteo de la sede de la Contraloría General estaba cantado y se veía venir hace meses, sino que se ratificó en que el contrato que realizó la excontralora Sandra Morelli le hizo daño al control fiscal del país, por lo que recuerda que a mediados de 2014 reveló los resultados de una auditoría a la Contraloría, por el traslado del edificio, que ascendía a los $76.000 millones.
Cabe recordar que el jueves 1 de enero se cumplió el contrato de arrendamiento del edificio de la Contraloría, por lo que 2.500 funcionarios tendrían que ser reubicados en otros edificios. Sin embargo, ayer el contralor Edgardo Maya Villazón, en declaraciones públicas, afirmó que le queda imposible entregar el inmueble. “Los dueños del edificio Gran Estación, donde funcionaba la sede central de la entidad, no van a recibir el inmueble porque es imposible cumplir la cláusula del contrato que exigía entregar el predio en obra gris”.
Entretanto, el ministro de Justicia, Yesid Reyes ratificó que entregará la sede antigua del Ministerio de Justicia para que se convierta en la sede temporal del ente de control, pero en este edificio solo caben 550 funcionarios.
“No comparto la idea que la Contraloría funcione en varias sedes por todo Bogotá, eso lo único que haría es deslegitimar nuestro ejercicio, el control fiscal debe tener todas las garantías para que pueda funcionar. Este un problema muy grande que tiene el país y que se veía venir”, dijo Marulanda.
¿Usted tiene oficina en este momento?
“Sí. La Auditoría funciona en el piso 10 del mismo edificio donde funciona la Contraloría. Nuestro contrato va hasta febrero de este año, pero tenemos el mismo problema y es que no hay condiciones para renovar el contrato porque el contratista quiere que se renueve a 10 años y eso para nosotros es un imposible jurídico, entonces se nos va a presentar la misma situación. Nosotros tenemos hallazgos por más de 73.000 millones de pesos que en caso que tengamos que salir también con nuestras cajas en la mano, no sabemos qué haremos para tramitar esos procesos”.
¿Entonces, usted está buscando para donde irse?
“Sí. Yo he estado buscando oficina desde que llegué a la Auditoría. Con todas las diferencias que teníamos con la señora contralora (Sandra Morelli) lo más sano era que nosotros nos hubiéramos ido de allá desde el principio, pero no ha sido posible por temas presupuestales”.
¿Cómo ve lo que está pasando con la sede de la Contraloría?
“Desde que llegué a la Auditoría he denunciado el daño que se le hizo al control fiscal en Colombia. La Contraloría tenía su propia sede que era un edificio muy bueno, que necesitaba una restauración y ya. Por esa razón audité ese contrato por unas quejas que se habían presentado y desde el principio lo he dicho: ese contrato no tuvo una planeación, no se cumplieron los principios de la contratación pública, no se determinó qué era lo que iba a pasar. Más aún, ella (Morelli) no previó qué podía pasar cuando no se renovara el contrato, menos aún los costos en los que iba a incurrir el Estado en un contrato tan cuantioso cuando nunca se hizo la tarea de saber cuánto valía reparar el edificio en donde funcionaba la Contraloría”.
¿Esto quiere decir que el caos de la Contraloría se pudo evitar?
“Sí, claro. Si se realiza un contrato cumpliendo todos los principios de la contratación pública, una debida planeación, un verdadero estudio económico y financiero, pues con seguridad se pudo evitar. La señora contralora vendió el edificio, y lo estamos estudiando jurídicamente, que era patrimonio cultural y por ende tenía una prohibición legal para venderlo”.
¿No le preocupa que los procesos estén paseando en cajas por Bogotá?
“Los riesgos son muy grandes. Hay procesos importantes ahí. Hay que tomar medidas urgentes. No tiene sentido que los procesos estén rodando en cajas por Bogotá. No es bueno”.
¿Qué se puede hacer para que se garantice transparencia en todo ese trasteo?
“Es muy complicado. Nosotros no podemos entrar a hacer inspecciones porque posteriormente vienen los procesos y pueden decir que nosotros estamos coadministrando. Lo único que podemos hacer es manifestar nuestra preocupación y alertar al señor contralor para que tome todas las medidas que le permitan a él evitar que esos expedientes no se pierdan y se traspapelen y aún más, tratar de evitar que los procesos se queden en archivos y no se puedan tramitar por caducidad”.
¿Qué solución plantea?
“Veo tres soluciones. Primera, que el Gobierno Nacional destine los recursos suficientes para comprar una sede. Segunda, asignar los recursos para arrendar, pero es muy difícil porque llevo más de un año buscando y no he podido encontrar. Y tercera, buscar, y eso lo estoy estudiando jurídicamente, que la venta de ese edificio es ilegal porque es declarado patrimonio cultural y no se pueden vender a particulares y lo que debe hacer el Estado es pedir que ese contrato se declare nulo y devolvérselo a las instituciones”.
Pero todas sus soluciones se demoran...
“Si, se demoran. Por eso es que el contralor Edgardo Maya tendría que hacer uso de la norma y que el contratista espere”.
Y en últimas, ¿cómo le ha ido con el contralor Edgardo Maya Villazón?
“Bien. Creo que el ejercicio del control fiscal no tiene la sola función de auditar sino de coadyuvar para el buen ejercicio del control fiscal y hasta el momento hay una relación cordial” .
2.500
millones de pesos era el arriendo mesual de la sede de la Contraloría.
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