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Los cuatro jóvenes muertos que dejó la balacera en San Rafael, Antioquia, el pasado 19 de octubre, llevaron a 122 la cifra de víctimas por masacres en Colombia para mediados de ese mes, diez muertos más que lo registrado hasta septiembre del 2020 por el Gobierno.
Cifras que revelan un aumento en las masacres y que están relacionadas con otras manifestaciones de violencia en zonas marcadas por el conflicto, que involucran a las disidencias de las Farc, al Clan del Golfo y a sus células urbanas interesadas en el control del negocio de la droga, pero también en imponer su autoridad en los territorios.
Sin embargo, estas cifras del Ministerio de Defensa, que a la fecha registra 26 homicidios colectivos -ya que no contempla la categoría masacre-, no concuerdan con los indicadores de centros de pensamiento como el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, que cuenta 79, y la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, que suma 73 masacres con corte al mes de octubre.
Indepaz, por ejemplo, reporta 279 muertos durante masacres y Pares, 278, lo que equivale a 157 víctimas más que las del reporte estatal.
¿Por qué no concuerdan? Mientras que el Gobierno cuenta a partir de cuatro víctimas, estos centros lo hacen desde tres muertos. Diferencias conceptuales que se mantienen, porque además las masacres no están tipificadas en el código penal.
El Gobierno solo tiene en cuenta el homicidio de cuatro o más personas en un mismo lugar y hora por los mismos autores y en estado de indefensión. No cuenta los casos en los que resulten muertos cuatro o más presuntos delincuentes por acción de la Fuerza Pública, ni las víctimas de las fuerzas armadas en cumplimiento de sus deberes.
Los centros de investigación también tienen sus desfases. Aunque comparten los mismos criterios (asesinato de más de tres personas en el mismo lugar, hecho y en estado de indefensión) Indepaz tiene contabilizadas seis masacres más que las que tiene Pares a octubre de este año.
Entre las razones, según explica la investigadora Juana Cabezas Palacios, está que Indepaz tiene una red más grande de fuentes en los territorios del país, que les permite verificar información de primera mano en zonas a las que incluso le cuesta ingresar a las autoridades.
Para Diego Alejandro Restrepo, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, “la diferencia está en el contraste de la información en terreno. Otros centros de pensamiento han incluido dentro de la categoría masacres, hechos que se cometen con media o una hora de diferencia en otros corregimientos del mismo municipio, o la verificación del estado de salud de personas que resultaron heridas y luego mueren en un hospital”.
En lo que sí concuerdan es en que las cifras no están dando cuenta de un grave problema de violencia en aumento.
En lo corrido de este año se han reportado masacres en 19 de los 32 departamentos del país. Sin embargo, cinco de ellos concentran más casos que otros. Se trata del Cauca, Antioquia, Valle, Nariño y Caquetá.
En el Cauca, donde Indepaz cuenta 14 y Pares 13 masacres este año, el municipio más afectado es Santander de Quilichao, que registra cinco casos. La más reciente ocurrió el 22 de agosto en la vereda El Águila, donde tres jóvenes fueron asesinados por seis hombres que llegaron a una reunión familiar, y los atacaron con armas de fuego. El crimen fue atribuido a las disidencias de las Farc.
De hecho, en ese departamento –históricamente golpeado por el conflicto armado– hacen presencia las disidencias con la columna móvil Dagoberto Ramos, el frente Ismael Ruiz y la columna móvil Jaime Martínez. En Santander de Quilichao también se mueven el Eln y Los Pelusos.
En Antioquia, segundo departamento con más casos en el país, Indepaz tiene identificadas a 49 víctimas de masacres en nueve municipios, con especial alerta en Betania y Andes (suroeste), y Tarazá (Bajo Cauca), los cuales llevan dos masacres, cada uno.
Los casos en este departamento están relacionados con las disputas entre Los Caparros y el Clan del Golfo, aunque hay disminución de los primeros y se espera una desarticulación del segundo, luego de la caída de alias Otoniel, su máximo cabecilla.
El tercer departamento es el Valle, con dos casos en los municipios de Cali, Tuluá y Bugalagrande, donde hay alertas de Los Rastrojos y de la compañía Adán Izquierdo de las disidencias de Farc, que planean extenderse en ese departamento por todo el control del narcotráfico que se mueve por el Pacífico.
Tumaco, en Nariño, es otro de los municipios más afectados del país, con cinco masacres este año –la misma cifra que Santander de Quilichao–, y es el territorio en el que confluyen cultivos de coca, presencia de grupos narcoparamilitares y disidencias de las Farc. Es, además, el segundo de los cinco municipios de Colombia que concentran el 33% de los cultivos de hoja de coca.
Caso contrario a Tibú, el municipio del país con más hectáreas de coca –19.334 hectáreas al 2020– , donde a diferencia de Tumaco y Santander de Quilichao, se han reportado dos de las cuatro masacres ocurridas en Norte de Santander este año. En esa región, los investigadores consideran que el poder del Eln tendría más fuerza que el de otros grupos, por lo que las masacres no han sido usadas para demostrar control territorial.
¿Quiénes son las víctimas?
Hombres jóvenes e integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, son quienes más caen en masacres. Pero en el cruce de datos, Indepaz ha identificado que es común el asesinato de los integrantes de una misma familia durante reuniones.
Entre las víctimas de esta violencia, hay relaciones de alguna forma a programas del Gobierno como sustitución de cultivos, restitución de tierras, propietarios de terrenos o familiares de personas que firmaron el acuerdo de paz del 2016.
¿Por qué ocurren?
Aunque hay claras relaciones de las masacres con zonas de conflicto, los investigadores dicen que estos hechos violentos van más allá del narcotráfico, y buscan lograr la regulación social de comunidades enteras. La otra intención es no dejar testigos de los crímenes, para así enviar un mensaje de amenaza y terror a las comunidades que conocen la operatividad de los grupos ilegales y sus intereses
Comunicador y periodista de la Universidad del Valle, apasionado por las narrativas digitales, la innovación social y los enfoques de género.