El entramado de sobornos que habría armado el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, en las entrañas del sistema judicial colombiano, no solo tocó a la Fiscalía, como se documenta en las revelaciones del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, sino que también se instaló en la Corte Suprema de Justicia, en donde, al parecer, era el brazo que cobraba los sobornos de los magistrados de esa corporación.
Así lo reveló el senador cordobés, Musa Besaile, quien, en declaraciones ante la propia Corte Suprema describió cómo funcionaban las extorsiones de Moreno, al que le habría pagado 2.000 millones de pesos que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de las antiguas cabezas de ese alto tribunal: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
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Esto no solo implica un golpe más a la Rama Judicial en este escándalo, también es un reto nunca antes visto en el funcionamiento del aparato de justicia del Estado pues entrecruza varias instituciones a manera casi de rueda.
Besaile, como miembro del Congreso, es investigado por la Corte Suprema. Pero al acusar a magistrados de esa corporación, dicho material pasaría a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, un ente del Congreso que tiene en sus manos el conocer de denuncias penales contra los magistrados.
¿Qué va a pasar ahora? Jaime Arrubla, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2010 y 2011, explicó que si la investigación confirma las denuncias de Besaile, todo terminará en manos de este alto tribunal.
“El juez de todos los aforados en Colombia es la Corte Suprema, incluyendo los magistrados. En el Congreso es un antejuicio que no debería estar y termina siendo un palo en la rueda”, explicó.
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Según el exmagistrado, la salpicada de Besaile no será suficiente y la Fiscalía deberá escuchar a Moreno y su socio, Leonardo Pinilla, para esclarecer si los nexos con los magistrados son reales o solo fueron una estrategia para asustar a senadores embolatados con la ley.
De ser real, el expediente pasa a la Comisión de Acusación de la Cámara cuya última finalidad es decidir si declara indignos a los magistrados involucrados. “Esto significa que se les levanta la dignidad y así pasan a la Corte Suprema”, sostuvo.
Si la sala penal señalada de corrupción termina juzgando este mismo caso, pues es un riesgo en la búsqueda de justicia y genera dudas en un debate que empieza desde la formulación de la Constitución del 91.
Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y experto en la Carta Magna, coincidió en que el tema puede generar dudas: “La Comisión fuera de críticas, es un medio de investigación. Si los fiscales cometen delitos los investiga la Fiscalía; si lo hacen los magistrados los juzga la Corte Suprema, es como está determinado en Colombia”.
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Ahora, para que el escándalo pase de las planas de los periódicos, ambos juristas consideraron clave que Gustavo Moreno sea escuchado en audiencia antes de su probable extradición a Estados Unidos. Pues el testimonio de Besaile encaja con la descripción dada por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons (de la cuerda de Besaile) quien fue el primero que reveló que el exfiscal lo había extorsionado.
A pesar que Lyons dijo inicialmente que Moreno lo habría presionado por su condición de Fiscal, el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que este les habría dado indicios que los dineros podrían tocar a la Corte Suprema. De confirmarse estas conjeturas, una pieza más se ensamblaría perfectamente en el rompecabezas de corrupción que padece la justicia colombiana hoy
