A la asfixia en la que viven, según datos del Inpec, cerca de 121.633 personas privadas de la libertad en el país, por las duras codiciones de hacinamiento carcelario, llegará un respiro.
Así lo anunció ayer desde la Cárcel La Paz, en Itagüí, la ministra de Justicia Gloria María Borrero, quien explicó que aunque la responsabilidad de albergar los internos es compartida, pues la Nación debe responder por los condenados y los entes territoriales por los sindicados, un artículo dentro del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo (PND) permitirá romper esa barrera.
“Encontramos municipios que no tienen recursos, de quinta, sexta categoría, y donde la Nación no puede hacer inversiones, así que logramos incluir un artículo en el PND que nos va a permitir hacer inversiones en cárceles para sindicados”, declaró la ministra.
En efecto, el artículo 140 del plan señala que “la Nación podrá adelantar gestiones para la creación, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas preventivamente, sin perjuicio de la responsabilidad que hoy le asiste a las entidades territoriales” y agrega que serán las alcaldías las encargadas de seleccionar los predios, de los que la Uspec y el Inpec evaluarán su viabilidad operativa.
Pero además, el texto incluye un parágrafo que establece que “estas disposiciones podrán desarrollarse mediante el esquema de asociación público privada”, un modelo que ha sido ampliamente criticado por sindicatos del Inpec, que lo consideran la puerta a la privatización del sistema carcelario.
Al respecto, la ministra Borrero ratificó que “nosotros no vamos a liquidar el Inpec. Creemos que el Instituto es parte de la solución de todo este asunto” y subrayó que tras 40 días de conversaciones con los sindicatos sobre este y otros temas, “llegamos a un acuerdo absolutamente pacífico y enriquecedor”.
Medellín, proyecto piloto
La jefe de la cartera de Justicia añadió que actualmente se viene trabajando con varios alcaldes del país en estrategias para descongetionar las estaciones de Policía. Al respecto, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, anunció que mediante la Agencia APP, la Alcaldía avanza en el diseño de un centro carcelario para sindicados.
“Estamos en el proceso de viabilización de los diseños. El Ministerio nos ha asesorado y en la Administración nos hemos comprometido en dejar por lo menos los diseños en fase III (estudios y diseños definitivos)”, afirmó.
Tobón agregó que aunque aún no se han definido opciones de lote, el avance en los estudios da cuenta de que se pueden construir entre 1.500 y 1.800 cupos para sindicados, “en un espacio adecuado que no implique afectación a la comunidad o al comercio, sino que incluso pueda estar en alguno de los espacios que ya existen y que están destinados a este tipo de escenarios”.
Una manito a las cárceles
La ministra Gloria María Borrero estuvo presente en la Cárcel de Itagüí para entregar 267 cupos remodelados en este centro y en la Cárcel El Pedregal, obras en las que se invirtieron 900 millones.
“Estos son cupos remodelados bajo los estándares internacionales y los parámetros dados por la Corte Constitucional. Eran espacios que estaban en muy malas condiciones y a los que vamos a trasladar personas que estaban hacinadas y vamos a mejorar sus condiciones de vida”, explicó Borrero.
Por su parte, Matilde Mendieta, directora de la Uspec, destacó que “en Antioquia estamos haciendo una inversión de 20.000 millones de pesos en 14 de los 27 establecimientos penitenciarios con los que cuenta el departamento”.
Mendieta anunció avances cercanos al 100 % en Yarumal, Caucasia, Santa Rosa de Osos y Puerto Berrío, y avances de al menos el 50 % en Santa Bárbara, Apartadó, Ciudad Bolívar, Jericó y Medellín (Bellavista y El Pedregal) .
15.000
cupos nuevos aspira crear el Gobierno nacional durante este cuatrienio.
51,57
por ciento de hacinamiento alcanzan a la fecha las cárceles del país.
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