Aunque la Fiscalía General de la Nación tenía todo listo para imputar al representante legal de la CIJ Gutiérrez (históricamente conocida como la Fundición Gutiérrez), a varios empleados de esta compañía y a proveedores de oro de diferentes partes del país, quienes fueron llamados por el ente acusador a responder por un presunto lavado de activos, una jueza determinó en la mañana de este miércoles que dicho paso penal se caía.
La togada Claudia Patricia Vázquez Tobón, del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, aseguró que durante las audiencias de imputación, ocurridas en abril, mayo y noviembre de 2019, la Fiscalía no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley, ya que no explicó de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes de las conductas supuestamente cometidas por los que eran investigadas las 20 personas señaladas de cometer el delito y que ayer obtuvieron su libertad.
En abril de 2019, el ente acusador incautó más de 100 kilos de oro y 600 kilos de plata, avaluados en 20.000 millones de pesos, y tomó posesión de la CIJ Gutiérrez, empresa señalada de lavar 2,4 billones de pesos correspondientes a “oro que se exportó, cuyo dinero ingresó al país” y que en su momento los investigadores trataron de rastrear a qué terceros llegaron.
La Fiscalía estima que esos ingresos fueron a grupos criminales, “ya que los proveedores están ubicados en zonas de delicado orden público”, cómo dijo entonces la directora de Lavados de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón.
La decisión
La jueza levantó todas las medidas de aseguramiento o restricciones a la libertad impuestas durante el proceso a los 20 procesados, así como el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes de las personas y la empresa.
También ordenó rehacer todo el caso desde la imputación, por lo que la indagación sigue en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si retoma el proceso penal y vuelve a imputar o si precluye la investigación.
La decisión de este miércoles cobija a Andrés Vieira Gutiérrez, representante legal de CIJ Gutiérrez; Guillermo Antonio Rojas Montoya, contador de CIJ Gutiérrez, y Margarita Rosa Escobar Pérez, exrepresentante legal.
El año pasado, EL COLOMBIANO realizó una investigación en la que ahondó en la comercialización de oro en el país en el exterior. En ese trabajo periodístico, Andrés Vieira le dijo a este medio que su empresa cuenta con “un estricto sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo más exigente que el del sistema financiero”.
En abril del año pasado, sin embargo, un juez de control de garantías legalizó la captura de los tres mencionados, así como de sus principales proveedores en Caucasia, Nechí, El Bagre (Antioquia), Santander y Caldas. Sobre los proveedores, Vieira señaló que “no me corresponde vigilar la operación de mis 44 proveedores, ni de los barequeros que llegan a venderles y tampoco tengo las herramientas para hacerlo”.
En 2018, CIJ Gutiérrez exportó 10,5 toneladas de oro 1,3 de plata, para un total de 525,5 millones de dólares (1,6 billones de pesos para la época), convirtiéndose en la exportadora de oro número uno del país, con un 28 % de los envíos totales desde Colombia al exterior.
