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No se rinden: los antitaurinos se juegan última carta en el Congreso

La bancada de Gobierno, mayoritaria tras la llegada al poder de Gustavo Petro, dejó morir un proyecto que acababa las corridas de toros. Esta semana es clave para otra posibilidad.

  • En los últimos años se han caído varios proyectos en el Congreso que buscaban prohibir las corridas de toros. La Corte dijo que los animales deben ser protegidos del dolor. FOTO Colprensa
    En los últimos años se han caído varios proyectos en el Congreso que buscaban prohibir las corridas de toros. La Corte dijo que los animales deben ser protegidos del dolor. FOTO
    Colprensa
Publicado el 08 de noviembre de 2022

La prohibición de las corridas de toros en Colombia y de otros actos crueles e inhumanos contra animales está en veremos, pues el Congreso cerró otra vez la puerta a que se terminen los eventos públicos de violencia contra los bovinos. Pero, como los animalistas no se rinden, o al menos eso dicen, esta misma semana comenzarán a jugarse una última carta en el Capitolio.

La historia es la siguiente. El pasado martes, la Cámara de Representantes hundió uno de los proyectos que buscaba poner fin a esas prácticas con los seres vivos, articulado que había sido autoría del liberal Juan Carlos Losada.

La plenaria de la Cámara descartó el proyecto de ley con una proposición para archivarlo que fue presentada por el Centro Democrático y que obtuvo 78 votos a favor y 75 en contra. En cuentas más sencillas: la iniciativa habría seguido en pie si se lograban los respaldos de 3 representantes más.

El artífice de ese hundimiento fue el representante Christian Garcés, quien está buscando un nuevo proyecto de ley que “reglamente las corridas de toros y las prácticas tradicionales con animales en general, como los gallos y las corralejas”.

Y es que en el Congreso hay dos bandos. El primero es el de los animalistas que quieren poner punto final a los actos de tortura con los seres vivos; el segundo, es el de congresistas que pretenden mantener esas prácticas, pero con una nueva reglamentación.

Juan Carlos Losada aseguró que su propuesta fracasó porque “los taurinos llenaron el debate de mentiras, de ataques personales y de injurias. Lograron voltear a decenas de congresistas a punta de artimañas”.

Pero más allá de la articulación del partido de oposición para que Colombia siga teniendo corridas de toros, los de la bancada de Gobierno también fueron promotores del fracaso del proyecto animalista.

El proyecto se hundió en una plenaria en la que la coalición del presidente Gustavo Petro –concentrada en gran parte en el Pacto Histórico– es mayoría y a pesar de que el mandatario firmó desde mayo de 2022 un compromiso programático para reconocer los derechos de los animales no humanos.

En ese documento prometió crear una agenda nacional de protección para ellos, aunque hasta ahora sigue siendo una declaración de buenas intenciones que no avanza en su materialización.

Los hechos muestran que no todos los congresistas de la bancada del Pacto le copiaron a ese mensaje del Ejecutivo, pues representantes como José Alberto Tejada fueron protagonistas en el hundimiento del articulado.

En campaña, Petro tildó a las corridas de toros como “espectáculos de la muerte”, habló de implementar un trabajo legislativo sobre los derechos de la naturaleza y de la consolidación de un sistema de protección animal, con recursos que salgan de la institucionalidad para cumplir esas dos metas.

¿Cuál es la nueva carta?

La esperanza de los animalistas ahora está en el proyecto de ley 085 que fue presentado este año por la senadora animalista Andrea Padilla, de Alianza Verde.

El objetivo es similar: prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, regular las corralejas y aplicar un régimen progresivo que no acabaría tajantemente con los espectáculos de maltrato, sino que daría un espacio de transición para la minoría de personas que se lucra con la muerte animal.

Su aprobación dependerá del debate en un Congreso en el que los taurinos y galleros también tienen votos que han hundido en varias ocasiones los intentos de acabar con las prácticas crueles con los animales. Sin ir muy lejos, en junio –en el periodo legislativo anterior– fracasó otro que buscaba salvar la vida de los bovinos.

“Sí, carajo. Votamos por el cambio, y si no es en este gobierno en el que acabamos con esta barbarie, no sé cuándo será. Seguimos en agenda, presidente Roy Barreras, no nos falle”, fue el mensaje que dejó Padilla y con el cual espera que esta semana su iniciativa, esa última carta animalista, sea tenida en cuenta para jugarla en las plenarias.

Pero los animalistas no son los únicos que quieren buscar espacios. En efecto, unos 150 municipios del país, de los que cerca del 80 % se ubican en la Costa Atlántica, convocan corralejas en medio de las fiestas locales y –en torno a estas– hay prácticas de comercio: un empresario gestiona la corraleja, a veces lo hace la Alcaldía, los venteros del pueblo desplazan sus puestos hasta el lugar y hay negocios de publicidad.

“Mucha gente vive de organizar su corraleja. Son legales, pero siempre hemos estado con el temor de que de golpe nos cancelen y a eso le tenemos susto porque somos conscientes de que somos una minoría”, precisó Gonzalo Sanz de Santamaría, director de la Corporación Libertad Cultural, que promueve las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y eventos de coleo

Contexto de la Noticia

Paréntesis ¿Qué dijo la Corte Constitucional?

La sentencia C-666 de 2010, emitida por la Corte Constitucional, había declarado que los animales debían estar protegidos del sufrimiento y dolor, que no se podía destinar dinero público para estas y, sobre todo, instó al Congreso a legislar sobre el tema. En febrero de 2017 se reiteró ese llamado, dando un plazo máximo de dos años. El máximo tribunal habla de un deber de protección animal derivado de la protección prevista para los recursos naturales. Este ha dicho: “La superioridad racional –moral– del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos”. El Congreso mantiene la deuda.


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