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Nuevo Consejo Electoral quedaría a la medida del presidente Santos
Según el proyecto de reforma política, el nuevo órgano será elegido antes del cambio de gobierno.
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ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS
08 de agosto de 2017
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Antes del próximo 20 de julio, dos semanas previas al cambio de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos y el Congreso actual, con mayorías en coalición, escogerán seis de los primeros nueve magistrados que integrarán el nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC), que reemplazará al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así lo establece el parágrafo transitorio del artículo 17, del proyecto de acto legislativo de la reforma política y electoral, que empezará a estudiar el Congreso a partir de mañana y que impactará, en gran parte, las elecciones del proximo año.
Esto significa que, independiente de lo que ocurra en 2018, Santos tendrá influencia sobre el naciente órgano, que, a parte de que continuará politizado, tendrá un cuerpo técnico de investigación, funciones de policía judicial y facultades para sancionar.
EL COLOMBIANO consultó con el Ministerio del Interior sobre esta iniciativa, y a través de un documento respondieron que esa disposición fortalece la independencia del Consejo Electoral, porque el periodo de los nuevos magistrados no coincidiría con el del ejecutivo y el legislativo.
En la exposición de motivos el Gobierno explica que el CEC no tendrá funciones jurisdiccionales, con excepción de las impugnaciones contra las decisiones de los partidos, donde podrá dirimir con fuerza de cosa juzgada.
No es prenda de garantía
El mecanismo de elección abre el abanico para que el CEC quede afín a la nueva oposición política, si se da el cambio de partido en el poder; o afín al nuevo gobierno, si es elegido en candidato cercano al actual presidente. Condiciones que no estimulan una real autonomía.
Según David Tamayo, docente de Derecho Constitucional de la U. Eafit, esa propuesta es fatal. “Los mismos con las mismas. Mal presagio. Poca imparcialidad. Composición politiquera”.
Agregó que se debería garantizar que los nuevos magistrados del CEC no sean cuotas políticas, ni militantes de partidos políticos y que, además, tengan un severo régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. El proyecto establece que tendrán las mismas exigencias que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El origen político del CNE, según varios expertos, es la talanquera para el avance de las investigaciones relacionadas con los aportes de Odebrecht a las campañs presidenciales.
No acataron a la MEE
La Misión Electoral Especial (MEE), creada por el gobierno para dar desarrollo al punto dos del Acuerdo con las Farc, recomendó que el CEE estuviera conformado por siete magistrados: seis ternados por las cortes y uno por el presidente, y que fueran elegidos por el mismo órgano, previo concurso, para periodos de ocho años. Esto para evitar “que responda a intereses de un gobierno”.
Hacía la salvedad de que no podía ocupar este cargo quien, 10 años antes, hubiera tenido funciones en algún partido político o aspirado u ocupado cargos de elección popular. Según la MEE, esta medida buscaba garantizar la desvinculación partidista.
La propuesta que estudiarán los congresistas determina que de los nueve miembros del CEC, solo tres escaparían de la influencia de los partidos y del Gobierno. Esto, pese a que, la semana pasada, en audiencia pública convocada por el Congreso, Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE, pidió que no tuviera participación del Congreso.
Al respecto Elizabeth Ungar, quien coordinó el equipo de expertos de la MEE, afirmó que si finalmente el nuevo órgano electoral queda dependiente de los partidos, significa que “esa platica se perdió, aunque eso es lo de menos. Es como poner a Herodes a cuidar a los niños”.
Las críticas al Consejo Electoral han sido históricas. En especial por su origen político, situación que se profundiza con la propuesta planteada en la reforma que, además de mantener la posibilidad de elección, ahora le da esa opción al presidente saliente.
Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.
