La bancada del Pacto Histórico decidió copiar la fórmula del presidente Gustavo Petro y anunció que llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda sanción disciplinaria que sea impuesta a sus congresistas por parte de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello.
Después de que se conoció que ese ente de control tiene en la mira al senador Wilson Arias, por señalar sin evidencia a tres policías de torturar jóvenes en el paro de 2021, la bancada del Pacto hizo una rueda de prensa en la que señaló que Cabello supuestamente asumió competencias en contravía de la sentencia de la CIDH que impide que la Procuraduría destituya funcionarios elegidos por voto popular.
Solicitarán medidas cautelares
Ante ese panorama, el Jefe de Estado y su bancada acudirán a una vieja estrategia que él usó cuando fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría: solicitar medidas cautelares de la CIDH, para que les proteja sus derechos políticos.
Y es que según el Pacto, otros cinco de sus congresistas podrían ser sancionados con decisiones que los saquen del Congreso temporalmente: María José Pizarro, Wilson Arias, David Racero, Alexánder López y Susana Gómez, con lo que, según ellos, “se busca debilitar la bancada del primer Gobierno alternativo de los últimos noventa años”.
“No olvidemos de dónde viene la Procuradora, fue la exministra de Justicia del gobierno de Iván Duque. Ella no brinda garantías al derecho de defensa de los congresistas de la bancada de Gobierno por actuar, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición”, apuntó la senadora Pizarro.
En esa misma línea, el Presidente le siguió lanzando pullas a la jefe del ente de control desde Brasil y dijo a través de su cuenta en Twitter que “a ningún funcionario elegido popularmente la Procuraduría puede quitarle derechos políticos. Sean aliados míos o no. La norma es general y se debe a la sentencia CIDH de obligatorio cumplimiento”, señaló.
Estas afirmaciones del Mandatario y su bancada abrieron un debate jurídico, ya que tras el fallo de la CIDH, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-030-23, en la que estableció que al ente de control se le atribuyen funciones jurisdiccionales para adelantar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones de suspensión “a quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular”.
Por su parte, Cabello se pronunció para reiterar que la entidad que lidera mantiene su función de investigar y fallar las investigaciones disciplinarias que adelante contra funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular.
Al respecto planteó que esa función fue ratificada por la Corte “adicionándole la necesidad de que las decisiones sancionatorias contra servidores de elección popular se han remitidas al Consejo de Estado para su verificación”.
