El saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió este jueves al proyecto de ley que estaría preparando el Gobierno de Gustavo Petro para lograr el desarme colectivo de las estructuras de crimen organizado de carácter no político que participan en las mesas de “paz total”. Entre otras, la iniciativa contemplaría beneficios como la posibilidad de pagar penas en prisiones de mínima seguridad y salir de la cárcel si ya cumplió cinco u ocho años de condena.
Frente a ello, Cepeda (Partido Conservador) reivindicó ser un defensor del Estado de derecho y de la justicia. Por ello, aseguró que el proyecto “sería burlar” esa justicia. “(Implicaría) que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia. De día se sentarían en una mesa de negociación y de noche delinquirían, no estoy en esa orilla”, dijo durante un evento de rendición de cuentas del Senado este jueves en Bogotá.
Según el congresista, la iniciativa es “peligrosa” y este tipo de proyectos, dijo, buscan “darles la libertad a criminales gestores de paz”. Por ello, insistió en que se le manda un “mal mensaje” a los colombianos, pero particularmente a las víctimas.
“Yo estoy en la orilla de la defensa de la seguridad de los colombianos, una seguridad que se ha deteriorado durante este Gobierno. Imperan los grupos armados, suben los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la producción de cocaína”, agregó.
El Ministerio de Justicia, en cabeza del exfiscal general Eduardo Montealegre, avanza en el proyecto de ley para ofrecer un nuevo paquete de beneficios para bandas criminales que participen en la “paz total”.
El texto que prepara Montealegre está en etapa de borrador y consultas, aunque el diario El Tiempo reveló parte de su contenido. Según esa información, aquellos cabecillas de grupos que cumplan con los requisitos de entrega de armas, dejar de delinquir y cooperación judicial, recibirán sentencias de cinco a ocho años de cárcel, pero si ya están presos y cumplieron ese tiempo, podrían aspirar a una libertad condicional, incluso si tenían más años pendientes por pagar en la justicia ordinaria.
En el caso de los integrantes rasos (no cabecillas ni mandos medios), la condena podría ser de dos a cinco años, también con el beneficio de penas alternativas.
El proyecto de ley, tal cual está pensado hasta ahora, incorporaría elementos de la Ley de Justicia y Paz de 2005, con la cual fueron juzgados los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ahora la norma modificada cobijaría a organizaciones como “la Oficina” y los combos del Valle de Aburrá; “los Shottas” y “los Espartanos”, de Buenaventura; “los Mexicanos”, “los Locos Yam”, “los RPS” y “los Zetas”, de Quibdó, que están diálogos con el Gobierno Nacional.
En lo relacionado con los bienes de los integrantes de estas agrupaciones, el Gobierno pretende que el 65 % del dinero y las cosas que entreguen al momento del desarme sea invertido en la reparación a las víctimas; el 20 % en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco); y el 15% restante en proyectos productivos para los desmovilizados.
EL COLOMBIANO consultó a fuentes de los grupos de crimen organizado que participan en las mesas de la “paz total”. Indicaron que el proyecto se recibe con cautela, dado que otras propuestas similares ya se hundieron en las pasadas legislaturas.
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