Fue una época turbulenta, de maltratos, frustración y sufrimiento. Japón, un país desconocido para ella, se convirtió en un albergue infernal que la marcó para siempre. Era 1999, tenía 21 años y llegó con la promesa de ser bailarina. Creía que, con su trabajo, saldaría los gastos del viaje y los 500 dólares que le prestaron los supuestos empleadores antes de partir de Colombia para que cancelara una deuda por la hospitalización de su hija. Pero, el anhelo de salir adelante se difuminó tras pisar la nación nipona, donde estuvo 18 meses en poder de la mafia yakuza y de la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual.
Hoy, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, Marcela Loaiza recuerda su historia con la serenidad que solo logró tras entender que fue una víctima. En 2001, cuando le faltaba una cuota para pagar la deuda del viaje, que terminó costando 50.000 dólares, huyó con ayuda de un cliente y una amiga. La movió más el temor de no ser liberada y que la vendieran a otra mafia, que el miedo por la amenaza de que matarían a su familia si escapaba.
Regresó a Colombia con apoyo del consulado, con estrés postraumático y delirio de persecución; enojada, triste y con sentimiento de culpa. Loaiza relata que denunció ante las autoridades colombianas, pero que su caso desapareció a los seis meses. Desempleada y sin oportunidades, tocó varias puertas hasta que encontró una ONG que la orientó y le consiguió ayuda psicológica en un programa público local. Aconsejada por su terapeuta, escribió durante tres años sus memorias. Con el tiempo las usaría para su libro Atrapada por la mafia yakuza, que publicó en 2009. Después creo su fundacióncon sede en Cali.
¿El delito sigue igual?
Del primero de enero al 31 de junio de 2021, el Ministerio del Interior registró 66 casos: el 89,4 % en mujeres y el 10,6 % en hombres. A estas se suman 729 víctimas reportadas de 2013 a 2020, de las cuales 583 padecieron la modalidad externa, es decir, en otros países, y 146, la modalidad interna.
Betty Pedraza, directora de la ONG Espacios de Mujer, que atiende a víctimas de este flagelo en Antioquia, explica que la problemática se ha transformado en varios aspectos, aunque sigue imperando el subregistro, pues, según explica, las personas afectadas están imposibilitadas para denunciar por amenazas o porque no tienen garantías de protección.
Y señala que uno de los cambios es que se ha aumentado la trata interna: “Las llevan de una ciudad a otra o de un barrio a otro. La prostitución forzada y la explotación sexual siguen siendo las modalidades más comunes, seguidas de trabajos forzados, matrimonio servil, servicio doméstico o mendicidad”.
Según el Mininterior, Antioquia es el lugar de origen de la mayoría de víctimas de trata interna, seguido de otros países y de Bogotá, ciudad que también es el principal sitio de destino. Pedraza añade que el aumento de la migración venezolana visibilizó más la afectación a hombres y el trabajo forzado, una forma de trata diferente a explotación laboral porque además de pagar salarios ínfimos, desprende a la víctima de la autonomía hasta para renunciar ante precarias condiciones.
Respecto a la trata externa, de acuerdo con la cartera, la mayoría de víctimas proviene de Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. Los países a los que principalmente llegan son China, México, España, Argentina y Ecuador, lo que demuestra, dice Pedraza, otra tendencia distinta: la incursión de naciones de Centroamérica y Suramérica con mayor fuerza que antes, cuando dominaban casi por completo las asiáticas y europeas.
Pedraza sostiene que hasta 2019 la trata de personas venía en gran aumento, pero tuvo un pare en 2020 por la pandemia, que llevó a cerrar fronteras, terminales de transporte y aeropuertos, lo que perjudicó la movilidad, tan necesaria en las dos modalidades. También comenta que en el último año la ONU empezó a visibilizar la explotación para actividades ilícitas, con la que se obliga a la víctima a cometer delitos en beneficio del tratante.
Ante el panorama, Loaiza opina que la pedagogía es fundamental. Por ello, además de dar conferencias con otras sobrevivientes, apoya la campaña Corazón Azul, liderada por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre el tema, y contribuye en capacitaciones con funcionarios para que tengan más herramientas a la hora de atender un caso de trata.
La organización de Pedraza también sensibiliza, aun cuando su labor de asistencia a las víctimas es muy fuerte. Participa, además, en el programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), en el que hay otras ONG del país, que trabajan articuladamente por este tema.
Colombia cuenta con una estrategia nacional para combatir este delito, liderada por el Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, que asesora y acompaña a entidades territoriales y municipales para este fin. El grupo articula servicios de protección y atención a las víctimas, y asesora a los comités departamentales, municipales y distritales que trabajan para combatir este flagelo.
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