Colombia está revirtiendo el alza en los cultivos de hoja de coca, al reportar en 2019 una reducción del 9 % en el área sembrada, con 154.000 hectáreas, de acuerdo con el informe presentado ayer por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Gobierno Nacional.
“Por segundo año consecutivo avanzamos en la reducción de los cultivos ilícitos. Quiero destacar que nos presenta una reducción equivalente a 15.000 hectáreas, la mayor en los últimos seis años en nuestro país”, expresó el presidente Iván Duque, al celebrar los resultados que se han logrado gracias a la sustitución voluntaria de cultivos, incluida en el Acuerdo de Paz, y la erradicación forzosa que adelantan 5.013 miembros de la Fuerza Pública.
“Así se rompe la tendencia de incremento que se había iniciado en 2014, lo que constituye un reconocimiento al Gobierno y a las comunidades que se han comprometido con el abandono del cultivo de coca y la transición a la legalidad”, manifestó Pierre Lapaque, representante de Unodc en Colombia.
De hecho, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó que cerca de 100.000 familias vinculadas al programa de sustitución voluntaria de cultivos, han cumplido con sus compromisos de no volver a sembrar hoja de coca, y que solo el 0,4 % lo ha vuelto a hacer.
Sin embargo, preocupa el fortalecimiento de seis enclaves (sectores con diez hectáreas de coca por kilómetro cuadrado) que han aumentado área sembrada y la productividad de cocaína, favoreciendo al crimen organizado transnacional que está detrás del narcotráfico. Son ellos: Catatumbo (Norte de Santander); Tumaco, El Charco y Olaya Herrera (Nariño); El Naya (Cauca y Valle del Cauca); Bajo Cauca antioqueño; Argelia y El Tambo (Cauca); y Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís (Putumayo).
De acuerdo con María Alejandra Vélez y David Restrepo, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, “los esfuerzos del Gobierno siguen estando en el eslabón mas débil de la cadena. La falta de recursos para la sustitución voluntaria de cultivos, hace que la reducción de hectáreas cultivadas dependa únicamente de la erradicación forzada, que no será sostenible y se trasladará a otras zonas”.
