La propuesta del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre una pena máxima de cinco años de cárcel para los integrantes de las Fuerzas Armadas que incurran en delitos en actos de servicio, podría ser aceptada de contener los mismos preceptos que alberga la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Dice Uribe que esta medida se tomaría si los soldados o policías “deben ir a la cárcel, por sentencia o medida de aseguramiento, por hechos relacionados con el servicio”.
La importancia de este proyecto que pretende tramitar el Centro Democrático en el Congreso, no radica precisamente en el tiempo que los militares permanecerían en prisión, lo que realmente importa es que las víctimas sientan que los hechos y sus autores no quedarán impunes.
El investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis, así lo expresa: “Una medida como esa es buena, pero si hay reconocimiento de responsabilidades, contribución a la verdad, respeto por las víctimas y compromiso de no reincidencia”.
En palabras del investigador, la propuesta de Uribe es una especie de pena alternativa, si se cumplen los compromisos adquiridos en las cuatro anteriores disposiciones, “y sí se comprueba que no actúo de buena fe, quedaría en vigencia la pena normal”.
Habrá justicia ordinaria
El proyecto de Ley que pretende radicar el Centro Democrático sobre la situación jurídica para los soldados y policías, llega después de que la Comisión V del Senado aprobara el 15 de abril la reforma constitucional del fuero militar, donde ratificó en su articulado que delitos extrajudiciales y de lesa humanidad, como los denominados “falsos positivos”, no estarían en la justicia militar que tanto han solicitado.
En este debate, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, expresó la necesidad de pensar que el Ejército y la Policía tengan justicia transicional en caso de lograrse un acuerdo con las Farc.
Al respecto, el capitán (r) Juan Alfonso Fierro Manrique, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública, Analvet, precisa que el proyecto propuesto por Uribe y del que habla el general Rodríguez no cuenta con el apoyo, por lo menos, de los veteranos integrantes de la Fuerza Pública.
“Eso sería limitar la justicia y debe operar sin ninguna condición. En esta situación hay que hacer procesos con jueces que conozcan la situación militar y que obren de acuerdo a un debido proceso donde se les respeten los derechos a los involucrados en estos actos en servicio”.
Asegura el capitán (r) Fierro, que la implementación de este proyecto llegaría de la mano con la impunidad, pues muchos de los involucrados en estos actos terminarían tranquilos cometiendo irregularidades bajo la premisa de pagar cinco años de cárcel “y salir tranquilos”.
El proyecto de ley que impulsa el Centro Democrático con respecto a la justicia militar es otro paso más en la búsqueda del fuero que solicitan los integrantes de las Fuerzas del Estado, quienes arguyen que de ser juzgados por militares, tendrían procesos más justos, pues estos conocen la situación que se vive en el campo de batalla .
